Integrantes de la Comisión Asesora Presidencial Sobre el Sistema de Pensiones enfrentaron las distintas propuestas del informe final que los comisionados entregaron a la Presidenta Michelle Bachelet.
Ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos, el informe de la comisión Bravo hizo tres propuestas: la primera, fortalecer el actual sistema de capitalización individual mediante un pilar solidario; la segunda, crear un sistema mixto con aportes del Estado y de los empleadores; y por último, el regreso al sistema de reparto que tenía Chile hasta 1981.
José Luis Ruiz, economista integrante de la comisión Bravo y defensor de la idea de corregir el actual modelo mediante el fortalecimiento del pilar solidario, indicó que no considera que la creación de una AFP estatal involucre alguna transformación al sistema, además de plantear que le parece natural la desconfianza que genera en la población el hecho de que se haga negocio con la seguridad social.
“El único tema es que sea un negocio basado en la seguridad social y eso hace que haya mucha desconfianza en esto. La gente se pregunta por qué mis fondos caen cuando la economía no va bien, y las AFP, como su mecanismo de recaudación es en función de las contribuciones, no tienen ese riesgo”, detalló el economista.
Andras Uthoff, que también integró la comisión asesora, manifestó que el actual sistema de pensiones no tiene legitimidad por cómo fue instaurado, a la vez que llamó la atención sobre las importantes inequidades de género que produce lo que denominó un “sistema de inseguridad social” que sólo genera malas pensiones.
“Yo como afiliado tengo que correr todos los riesgos, riesgo financiero si caen las rentabilidades, pero estos gallos siguen ganando plata. Riesgo demográfico, puede aumentar la expectativa de vida cuando tengo 64 años y me va a bajar la renta vitalicia. Riesgo económico, si yo no tengo empleo y estoy cesante y no puedo cotizar, las lagunas previsionales son culpa suya. O sea, aquí no hay nadie que me defienda, este es un sistema de inseguridad social”, criticó.
La consejera nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Ana Bell, indicó que existe consenso en el mundo sindical en que las AFP han hecho un gran daño en la calidad de vida de los adultos mayores.
Por ello, apuntó a que “siempre digo que en el mundo sindical podemos estar divididos a morir, pero hay una cosa común a todos los sectores y es que no queremos más AFP y eso es universal y transversal a todos los trabajadores”.
Por su parte, el sociólogo y experto previsional Jaime Ruiz Tagle, llamó la atención sobre las jugosas ganancias de la industria de los fondos de pensiones, las que normalmente se encuentran desalineadas del devenir de los mercados, que en líneas generales entregan rentabilidades bastante bajas a los afiliados.
“Quisiera recalcar lo que señalaba sobre el retorno del 25 por ciento anual, que es realmente escandaloso y es una de las cosas que provoca este rechazo. Que en cuatro años una empresa de AFP pueda recuperar su patrimonio y después seguir ganando otro tanto, al 25 por ciento anual, trae como consecuencia que el sistema de AFP ha estado ganando el doble de lo que gana el sistema bancario”, cuestionó el sociólogo.
Además, los expertos coincidieron en que resulta arbitrario y particularmente discriminatorio para las mujeres el hecho de que la esperanza de vida que se utiliza para calcular las pensiones sea establecida por un ente que no tiene las competencias adecuadas, como es la Superintendencia de Previsión Social, y no por el organismo especializado en la materia, que es el Instituto Nacional de Estadísticas.
Integrantes de la Comisión Asesora Presidencial Sobre el Sistema de Pensiones enfrentaron las distintas propuestas del informe final que los comisionados entregaron a la Presidenta Michelle Bachelet.
Ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos, el informe de la comisión Bravo hizo tres propuestas: la primera, fortalecer el actual sistema de capitalización individual mediante un pilar solidario; la segunda, crear un sistema mixto con aportes del Estado y de los empleadores; y por último, el regreso al sistema de reparto que tenía Chile hasta 1981.
José Luis Ruiz, economista integrante de la comisión Bravo y defensor de la idea de corregir el actual modelo mediante el fortalecimiento del pilar solidario, indicó que no considera que la creación de una AFP estatal involucre alguna transformación al sistema, además de plantear que le parece natural la desconfianza que genera en la población el hecho de que se haga negocio con la seguridad social.
“El único tema es que sea un negocio basado en la seguridad social y eso hace que haya mucha desconfianza en esto. La gente se pregunta por qué mis fondos caen cuando la economía no va bien, y las AFP, como su mecanismo de recaudación es en función de las contribuciones, no tienen ese riesgo”, detalló el economista.
Andras Uthoff, que también integró la comisión asesora, manifestó que el actual sistema de pensiones no tiene legitimidad por cómo fue instaurado, a la vez que llamó la atención sobre las importantes inequidades de género que produce lo que denominó un “sistema de inseguridad social” que sólo genera malas pensiones.
“Yo como afiliado tengo que correr todos los riesgos, riesgo financiero si caen las rentabilidades, pero estos gallos siguen ganando plata. Riesgo demográfico, puede aumentar la expectativa de vida cuando tengo 64 años y me va a bajar la renta vitalicia. Riesgo económico, si yo no tengo empleo y estoy cesante y no puedo cotizar, las lagunas previsionales son culpa suya. O sea, aquí no hay nadie que me defienda, este es un sistema de inseguridad social”, criticó.
La consejera nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Ana Bell, indicó que existe consenso en el mundo sindical en que las AFP han hecho un gran daño en la calidad de vida de los adultos mayores.
Por ello, apuntó a que “siempre digo que en el mundo sindical podemos estar divididos a morir, pero hay una cosa común a todos los sectores y es que no queremos más AFP y eso es universal y transversal a todos los trabajadores”.
Por su parte, el sociólogo y experto previsional Jaime Ruiz Tagle, llamó la atención sobre las jugosas ganancias de la industria de los fondos de pensiones, las que normalmente se encuentran desalineadas del devenir de los mercados, que en líneas generales entregan rentabilidades bastante bajas a los afiliados.
“Quisiera recalcar lo que señalaba sobre el retorno del 25 por ciento anual, que es realmente escandaloso y es una de las cosas que provoca este rechazo. Que en cuatro años una empresa de AFP pueda recuperar su patrimonio y después seguir ganando otro tanto, al 25 por ciento anual, trae como consecuencia que el sistema de AFP ha estado ganando el doble de lo que gana el sistema bancario”, cuestionó el sociólogo.
Además, los expertos coincidieron en que resulta arbitrario y particularmente discriminatorio para las mujeres el hecho de que la esperanza de vida que se utiliza para calcular las pensiones sea establecida por un ente que no tiene las competencias adecuadas, como es la Superintendencia de Previsión Social, y no por el organismo especializado en la materia, que es el Instituto Nacional de Estadísticas.
Integrantes de la Comisión Asesora Presidencial Sobre el Sistema de Pensiones enfrentaron las distintas propuestas del informe final que los comisionados entregaron a la Presidenta Michelle Bachelet.
Ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos, el informe de la comisión Bravo hizo tres propuestas: la primera, fortalecer el actual sistema de capitalización individual mediante un pilar solidario; la segunda, crear un sistema mixto con aportes del Estado y de los empleadores; y por último, el regreso al sistema de reparto que tenía Chile hasta 1981.
José Luis Ruiz, economista integrante de la comisión Bravo y defensor de la idea de corregir el actual modelo mediante el fortalecimiento del pilar solidario, indicó que no considera que la creación de una AFP estatal involucre alguna transformación al sistema, además de plantear que le parece natural la desconfianza que genera en la población el hecho de que se haga negocio con la seguridad social.
“El único tema es que sea un negocio basado en la seguridad social y eso hace que haya mucha desconfianza en esto. La gente se pregunta por qué mis fondos caen cuando la economía no va bien, y las AFP, como su mecanismo de recaudación es en función de las contribuciones, no tienen ese riesgo”, detalló el economista.
Andras Uthoff, que también integró la comisión asesora, manifestó que el actual sistema de pensiones no tiene legitimidad por cómo fue instaurado, a la vez que llamó la atención sobre las importantes inequidades de género que produce lo que denominó un “sistema de inseguridad social” que sólo genera malas pensiones.
“Yo como afiliado tengo que correr todos los riesgos, riesgo financiero si caen las rentabilidades, pero estos gallos siguen ganando plata. Riesgo demográfico, puede aumentar la expectativa de vida cuando tengo 64 años y me va a bajar la renta vitalicia. Riesgo económico, si yo no tengo empleo y estoy cesante y no puedo cotizar, las lagunas previsionales son culpa suya. O sea, aquí no hay nadie que me defienda, este es un sistema de inseguridad social”, criticó.
La consejera nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Ana Bell, indicó que existe consenso en el mundo sindical en que las AFP han hecho un gran daño en la calidad de vida de los adultos mayores.
Por ello, apuntó a que “siempre digo que en el mundo sindical podemos estar divididos a morir, pero hay una cosa común a todos los sectores y es que no queremos más AFP y eso es universal y transversal a todos los trabajadores”.
Por su parte, el sociólogo y experto previsional Jaime Ruiz Tagle, llamó la atención sobre las jugosas ganancias de la industria de los fondos de pensiones, las que normalmente se encuentran desalineadas del devenir de los mercados, que en líneas generales entregan rentabilidades bastante bajas a los afiliados.
“Quisiera recalcar lo que señalaba sobre el retorno del 25 por ciento anual, que es realmente escandaloso y es una de las cosas que provoca este rechazo. Que en cuatro años una empresa de AFP pueda recuperar su patrimonio y después seguir ganando otro tanto, al 25 por ciento anual, trae como consecuencia que el sistema de AFP ha estado ganando el doble de lo que gana el sistema bancario”, cuestionó el sociólogo.
Además, los expertos coincidieron en que resulta arbitrario y particularmente discriminatorio para las mujeres el hecho de que la esperanza de vida que se utiliza para calcular las pensiones sea establecida por un ente que no tiene las competencias adecuadas, como es la Superintendencia de Previsión Social, y no por el organismo especializado en la materia, que es el Instituto Nacional de Estadísticas.
