El reciente caso de colusión de las empresas papeleras difícilmente podría haber pasado inadvertido. Tampoco los cuestionamientos hacia el gran empresariado y sus políticas que por tanto tiempo han enriquecido a un pequeño sector de la sociedad.

En ese contexto, temas como la justicia social y las extremadas desigualdades que existen en el país son parte de la realidad cotidiana que vive el director de la Comisión Nacional de Pastoral Penitenciaria, el jesuita Luis Roblero.

Con más de dos años en el cargo, ha podido participar activamente dentro y fuera de las cárceles, con los encarcelados y también con sus familias.

“Está claro que en Chile los que delinquen no son solo los pobres”, aclara el sacerdote, agregando que “los que más delinquen y los que más roban justamente vienen de otro mundo”.

“Pero si queremos entregar una justicia pareja para todos los chilenos, todos tenemos que atenernos a las mismas normas y consecuencias”, dice el capellán de las cárceles, como es conocido.

Asimismo, asegura que existe un grupo de chilenos que de alguna manera tiene el control. “Existe un modelo sostenido que es mantenido por un grupo de gente que se está privilegiando de él. Esto lo podemos encontrar en un campamento y en La Dehesa. En una empresa gigantesca y en una pyme. Es algo muy transversal”.

Sin embargo, plantea que no se trata solo de un grupo social. “Es un grupo de chilenos que tiene el control de aquello que llamamos la autoridad para ciertos privilegios”, advierte el jesuita.

“Hay diferencias enormes entre ricos y pobres. Existen ciudadanos de segunda categoría, lo que salta a la luz pública. Y hay grupos de poder, que son poderosísimos, que tienen muy concentrado el poder económico y el poder político”, cuestiona.

En ese sentido, asegura que “los muros son altos porque la cárcel finalmente va encerrando todos esos subproductos de nuestras inequidades. Queremos un crecimiento económico que no lleva consigo esas normas de justicia que nosotros desearíamos, pero que eso deja muchos heridos en el camino”.

Por ello, aclara que la sociedad ha vivido mucho tiempo de la imagen de un país apegado a las normas, como un Estado de Derecho, reconocidos internacionalmente por sus logros, imagen que poco a poco se ha ido desmoronando. “Nos hemos ido dando cuenta que no somos tan distintos como decíamos, ni tan justos como pensábamos”, manifiesta Luis Roblero.

Y es que según el sacerdote, Chile castiga a sus pobres. “Y toda la gente que está involucrada en las colusiones, con miles de millones de pesos que han sido robados, son penas que no se castigan con cárcel”.

“Cuando uno ve grandes grupos empresariales, que se educaron bajo el alero de la Iglesia Católica, que fueron formados en la doctrina social de la Iglesia, que fueron a estudiar al extranjero en grandes universidades, y, sin embargo, eso se traduce en una sed de tener más poder, es un dolor muy profundo. Pareciera que en todos nuestros colegios católicos de la clase alta estamos fracasando”, lamenta el religioso.

De acuerdo a eso, plantea que “uno esperaría que esa gente, que pertenece a una elite económica y social, fueran capaces de poder modelar una patria a imagen y semejanza del evangelio. Cuando eso no ocurre, con ellos y con nosotros, los curas, es un dolor enorme”.

Para el encargado de la pastoral carcelaria de la Iglesia Católica, no cabe duda que la delincuencia sería menor si existiera un país más justo y equitativo. “Si es que el reparto de la riqueza fuera en mayor justicia”, exige con esperanza.

De hecho, asegura que el mayor grado de delincuencia se debe a la existencia de una mayor inequidad. “Hay gente a la que esto no le gusta, porque se pone en entredicho el sistema. Pero hoy todos nos damos cuenta que el sistema está fallando. Tenemos una crisis política y económica enorme y una crisis valórica gigantesca”, concluye Luis Roblero.

Delincuencia: necesidad de legislar sobre el problema de fondo

“Estoy de acuerdo en que hay que mejorar las coordinaciones entre las policías y hacer que las fiscalías actúen con mayor prontitud y rapidez y que efectivamente haya una sanción a aquellos que violentan la vida de la gente”, reconoce el sacerdote.

Pero rápidamente apunta al que considera el problema de fondo. “Me preocupa que los delitos que tenemos en mente, cuando hablamos de la Agenda Corta, son delitos que normalmente están asociados a personas que vienen con una precariedad de vida que es muy alarmante. Con esto no quiero decir que los pobres son delincuentes y tampoco que se justifica la delincuencia porque ese que delinque es pobre”.

Y agrega: “Si queremos ir al fondo del problema, tenemos que ir a la causa estructural de ese tipo de delincuencia, que tenemos en mente. Y, por otro lado, si queremos hacer justicia de verdad, con aquellos que están delinquiendo, la cárcel es solo parte de la solución. En la gran mayoría de los casos de las personas encarceladas tiene que ver con una problemática social”.

En suma, un círculo vicioso que, explica, se relaciona con la pobreza material. “La Agenda Antidelincuencia menciona de refilón el tema de la reinserción. Y hoy, así como la ciudadanía pide un castigo ejemplar, lo que se entiende, el foco principal debería estar puesto en cómo transformamos nuestras cárceles en lugares de rehabilitación de personas que por su marginalidad y precariedad han delinquido”.