La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ratificó que presentará una queja ante la Organización Internacional del Trabajo por las amenazas que, en su concepto, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, hizo a los trabajadores del Registro Civil durante la paralización de los funcionarios.
En este sentido, Raúl de la Puente, presidente de la ANEF, dio a conocer detalles del reclamo ante el organismo: “Nosotros vamos a presentar un recurso de queja respecto a las amenazas que tuvieron los funcionarios del Registro Civil, aquí no se ha tomado consideración del convenio 87 y del convenio 151 y por tanto vamos a representar ante la OIT las palabras del Gobierno respecto de esta materia”.
La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, indicó que lo ocurrido en dicho servicio no puede catalogarse como un triunfo para nadie, pues el conflicto se extendió innecesariamente, lo que supuso un fuerte impacto en todos los niveles del sistema.
“Nosotros no podemos decir hubo un triunfo cuando hubo 39 días en que no atendimos a los usuarios, o sea, esto se pudo destrabar mucho antes. Hoy miramos para atrás y creemos que no podemos estar celebrando nada, hoy hay que trabajar”.
Buscando impedir nuevas y extensas paralizaciones en el sector público, el diputado socialista Osvaldo Andrade, presentó una moción orientada a regular la negociación colectiva y la posibilidad de paralizar determinados servicios, idea que no cayó nada bien al interior de la ANEF, que considera que toda legislación sobre el tema debe recoger la opinión de los trabajadores.
Además, Andrade se refirió en particular a la situación de los trabajadores del Registro Civil, a quienes considera no debiera pagárseles por los días no trabajados: “Yo creo que los descuentos hay que hacerlos, otra cosa es que se busquen mecanismos para que recuperando la pega se pueda resarcir aquello, pero conceptualmente, las personas que están en paro o en huelga deben dejar de recibir sus remuneraciones”.
En este polémico escenario entre el Gobierno y los trabajadores del Estado, se desarrolla la negociación por el reajuste del Sector Público, que tuvo anoche su segunda reunión entre el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés y los dirigentes del área.
Los trabajadores solicitan un reajuste del 8 por ciento, considerando un 4,4 de inflación y un 3,6 por ciento de reajuste real.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ratificó que presentará una queja ante la Organización Internacional del Trabajo por las amenazas que, en su concepto, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, hizo a los trabajadores del Registro Civil durante la paralización de los funcionarios.
En este sentido, Raúl de la Puente, presidente de la ANEF, dio a conocer detalles del reclamo ante el organismo: “Nosotros vamos a presentar un recurso de queja respecto a las amenazas que tuvieron los funcionarios del Registro Civil, aquí no se ha tomado consideración del convenio 87 y del convenio 151 y por tanto vamos a representar ante la OIT las palabras del Gobierno respecto de esta materia”.
La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, indicó que lo ocurrido en dicho servicio no puede catalogarse como un triunfo para nadie, pues el conflicto se extendió innecesariamente, lo que supuso un fuerte impacto en todos los niveles del sistema.
“Nosotros no podemos decir hubo un triunfo cuando hubo 39 días en que no atendimos a los usuarios, o sea, esto se pudo destrabar mucho antes. Hoy miramos para atrás y creemos que no podemos estar celebrando nada, hoy hay que trabajar”.
Buscando impedir nuevas y extensas paralizaciones en el sector público, el diputado socialista Osvaldo Andrade, presentó una moción orientada a regular la negociación colectiva y la posibilidad de paralizar determinados servicios, idea que no cayó nada bien al interior de la ANEF, que considera que toda legislación sobre el tema debe recoger la opinión de los trabajadores.
Además, Andrade se refirió en particular a la situación de los trabajadores del Registro Civil, a quienes considera no debiera pagárseles por los días no trabajados: “Yo creo que los descuentos hay que hacerlos, otra cosa es que se busquen mecanismos para que recuperando la pega se pueda resarcir aquello, pero conceptualmente, las personas que están en paro o en huelga deben dejar de recibir sus remuneraciones”.
En este polémico escenario entre el Gobierno y los trabajadores del Estado, se desarrolla la negociación por el reajuste del Sector Público, que tuvo anoche su segunda reunión entre el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés y los dirigentes del área.
Los trabajadores solicitan un reajuste del 8 por ciento, considerando un 4,4 de inflación y un 3,6 por ciento de reajuste real.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ratificó que presentará una queja ante la Organización Internacional del Trabajo por las amenazas que, en su concepto, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, hizo a los trabajadores del Registro Civil durante la paralización de los funcionarios.
En este sentido, Raúl de la Puente, presidente de la ANEF, dio a conocer detalles del reclamo ante el organismo: “Nosotros vamos a presentar un recurso de queja respecto a las amenazas que tuvieron los funcionarios del Registro Civil, aquí no se ha tomado consideración del convenio 87 y del convenio 151 y por tanto vamos a representar ante la OIT las palabras del Gobierno respecto de esta materia”.
La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, indicó que lo ocurrido en dicho servicio no puede catalogarse como un triunfo para nadie, pues el conflicto se extendió innecesariamente, lo que supuso un fuerte impacto en todos los niveles del sistema.
“Nosotros no podemos decir hubo un triunfo cuando hubo 39 días en que no atendimos a los usuarios, o sea, esto se pudo destrabar mucho antes. Hoy miramos para atrás y creemos que no podemos estar celebrando nada, hoy hay que trabajar”.
Buscando impedir nuevas y extensas paralizaciones en el sector público, el diputado socialista Osvaldo Andrade, presentó una moción orientada a regular la negociación colectiva y la posibilidad de paralizar determinados servicios, idea que no cayó nada bien al interior de la ANEF, que considera que toda legislación sobre el tema debe recoger la opinión de los trabajadores.
Además, Andrade se refirió en particular a la situación de los trabajadores del Registro Civil, a quienes considera no debiera pagárseles por los días no trabajados: “Yo creo que los descuentos hay que hacerlos, otra cosa es que se busquen mecanismos para que recuperando la pega se pueda resarcir aquello, pero conceptualmente, las personas que están en paro o en huelga deben dejar de recibir sus remuneraciones”.
En este polémico escenario entre el Gobierno y los trabajadores del Estado, se desarrolla la negociación por el reajuste del Sector Público, que tuvo anoche su segunda reunión entre el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés y los dirigentes del área.
Los trabajadores solicitan un reajuste del 8 por ciento, considerando un 4,4 de inflación y un 3,6 por ciento de reajuste real.
