Científicos llaman a poner el desarrollo al servicio del país y no del mercado
En una carta firmada por un grupo de académicos, investigadores, becarios y estudiantes de posgrado se refieren a la “crisis terminal” de Conicyt. Además, proponen la creación de una Comisión Nacional Científica y Tecnológica de los trabajadores y del pueblo.
Miércoles 11 de noviembre 2015 10:14 hrs.
A través de un comunicado público, académicos, investigadores, becarios y estudiantes de posgrado plantean la necesidad de comenzar a discutir y avanzar en Chile hacia un modelo de desarrollo científico y tecnológico que responda a los intereses de las grandes mayorías: trabajadores, estudiantes, pobladores, pueblos indígenas, organizaciones de género, etc., aquello contraponiendo dichos intereses a los del mercado y el afán de lucro de los empresarios.
Los firmantes aseguran que ésta es una de las tareas necesarias de asumir por el movimiento social en el presente contexto de aguda crisis política, social, cultural y moral en la cual se encuentra sumido Chile.
Entre las críticas se plantea lo sucedido en el desarrollo científico-tecnológico: “Esto tal como demuestran no sólo algunos hechos de palpable crisis institucional: por ejemplo la reciente renuncia del presidente de CONICYT, sino que además la existencia de un modelo de producción de conocimiento heredado de la dictadura, consolidado por la Derecha y la Concertación (hoy Nueva Mayoría) y regimentado (resguardado) por las mismas instituciones que hoy favorecen la preservación del neoliberalismo en Chile. Modelo de producción de conocimiento cuyos pilares institucionales (entre otros CONICYT) se han caracterizado por un funcionamiento más anclado en criterios propiamente mercantiles, regulados por las leyes de la oferta y la demanda, que en la preocupación por atender las necesidades generales de la sociedad, quedando además dichos criterios por fuera del ámbito de injerencia y decisión de esta última”.
Entre los elementos cuestionados se encuentran los criterios básicos de funcionamiento de FONDECYT, “la principal fuente de financiamiento para investigadores nacionales, promoviendo el desarrollo de proyectos investigativos que no contemplan entre sus ejes principales (a pesar de constituir fondos de decenas de millones de pesos) una ligazón más directa con la sociedad, esto en términos de “retribución directa” o “impacto social” sobre determinados grupos sociales”. Esto, en contraposición con otros fondos de investigación, por ejemplo algunas líneas de postulación FONDART, en los cuales dicho elemento “es crucial”.
Otro ejemplo es la inexistencia de una carrera de investigación propiamente tal en Chile. La dificultad inmediata es que “los investigadores nacionales se verían muchas veces obligados a adoptar los perfiles académicos de las instituciones en las cuales se desempeñan, las cuales estarían orientadas, en última instancia, por la regulación del mercado”. En este sentido, los firmantes apuntan a la responsabilidad que ha tenido la privatización de la educación superior, que obliga a las universidades (los principales centros de producción de conocimiento científico en nuestro país) a buscar fuentes de financiamiento ya sea a partir del cobro de aranceles, la competencia por recursos estatales, o bien de aportes empresariales directos.
Finalmente, apuntan en contra de Becas Chile, “el cual se estructuraría no sólo a partir de un esquema poco claro y en gran medida desorganizado en lo que respecta a su ligazón con una real “política país” de desarrollo social, sino que favorecería además, en los hechos, la generación de un cuerpo de profesionales altamente elitizado”, cuyos becarios estarían formando una “casta de becarios” en muchas ocasiones desligada de las problemáticas de los sectores sociales que financian sus estudios: los trabajadores y el pueblo de Chile.
Firmas
Miguel Fuentes
Lic. en Arqueología e Historiador. Universidad de Chile.
Master y Programa de Doctorado en Arqueología. University College London.
Luis Felipe Bate
Dr. en Prehistoria y Arqueología.
Profesor Emérito de Investigación Científica. INAH, México.
Marcelo Soto
Lic. en Arqueología. Universidad de Chile.
Diplomado en planificación ambiental de proyectos y Sistemas de Información Geográfica. Universidad Católica.
Miguel Silva
Historiador.
Melissa Sepúlveda
Presidente FECH 2013-2014.
Estudiante de Medicina (Quinto año). Universidad de Chile.
Randall McGuire
PhD, University of Arizona. Distinguished Professor of Anthropology.
Co-Director Public Archaeology Program.
Paola González Carvajal
Arqueóloga.
Abogada Ambientalista. Universidad de Chile
Carlos Uribe Álvarez
Lic. en Arqueología. Universidad de Chile.
Javier Tamblay
Arqueólogo. Universidad de Chile
Ana López
Historiadora. Docente universitaria.
Integrante de CIMTRA
Francisco Torres
Filosofo.
Docente universitario y de educación media. Antofagasta.
Vicente Mellado
Lic. en Historia. Universidad de Chile.
Integrante de CIMTRA.
Oscar Vargas
Lic. en Historia (U. de Chile).
Lic. en Ciencias Jurídicas (Universidad Academia de Humanismo Cristiano).
Daniel Silva
Sociólogo
Natalia Lueje Seeger
Lic. en Artes Visuales. Universidad de Chile.
Víctor Ugarte Duque
Lic. en Historia y Educación. Universidad de Playa Ancha.
Leonardo Murillo
Estudiante de Arqueología (Cuarto año). Universidad SEK.
A través de un comunicado público, académicos, investigadores, becarios y estudiantes de posgrado plantean la necesidad de comenzar a discutir y avanzar en Chile hacia un modelo de desarrollo científico y tecnológico que responda a los intereses de las grandes mayorías: trabajadores, estudiantes, pobladores, pueblos indígenas, organizaciones de género, etc., aquello contraponiendo dichos intereses a los del mercado y el afán de lucro de los empresarios.
Los firmantes aseguran que ésta es una de las tareas necesarias de asumir por el movimiento social en el presente contexto de aguda crisis política, social, cultural y moral en la cual se encuentra sumido Chile.
Entre las críticas se plantea lo sucedido en el desarrollo científico-tecnológico: “Esto tal como demuestran no sólo algunos hechos de palpable crisis institucional: por ejemplo la reciente renuncia del presidente de CONICYT, sino que además la existencia de un modelo de producción de conocimiento heredado de la dictadura, consolidado por la Derecha y la Concertación (hoy Nueva Mayoría) y regimentado (resguardado) por las mismas instituciones que hoy favorecen la preservación del neoliberalismo en Chile. Modelo de producción de conocimiento cuyos pilares institucionales (entre otros CONICYT) se han caracterizado por un funcionamiento más anclado en criterios propiamente mercantiles, regulados por las leyes de la oferta y la demanda, que en la preocupación por atender las necesidades generales de la sociedad, quedando además dichos criterios por fuera del ámbito de injerencia y decisión de esta última”.
Entre los elementos cuestionados se encuentran los criterios básicos de funcionamiento de FONDECYT, “la principal fuente de financiamiento para investigadores nacionales, promoviendo el desarrollo de proyectos investigativos que no contemplan entre sus ejes principales (a pesar de constituir fondos de decenas de millones de pesos) una ligazón más directa con la sociedad, esto en términos de “retribución directa” o “impacto social” sobre determinados grupos sociales”. Esto, en contraposición con otros fondos de investigación, por ejemplo algunas líneas de postulación FONDART, en los cuales dicho elemento “es crucial”.
Otro ejemplo es la inexistencia de una carrera de investigación propiamente tal en Chile. La dificultad inmediata es que “los investigadores nacionales se verían muchas veces obligados a adoptar los perfiles académicos de las instituciones en las cuales se desempeñan, las cuales estarían orientadas, en última instancia, por la regulación del mercado”. En este sentido, los firmantes apuntan a la responsabilidad que ha tenido la privatización de la educación superior, que obliga a las universidades (los principales centros de producción de conocimiento científico en nuestro país) a buscar fuentes de financiamiento ya sea a partir del cobro de aranceles, la competencia por recursos estatales, o bien de aportes empresariales directos.
Finalmente, apuntan en contra de Becas Chile, “el cual se estructuraría no sólo a partir de un esquema poco claro y en gran medida desorganizado en lo que respecta a su ligazón con una real “política país” de desarrollo social, sino que favorecería además, en los hechos, la generación de un cuerpo de profesionales altamente elitizado”, cuyos becarios estarían formando una “casta de becarios” en muchas ocasiones desligada de las problemáticas de los sectores sociales que financian sus estudios: los trabajadores y el pueblo de Chile.
Firmas
Miguel Fuentes
Lic. en Arqueología e Historiador. Universidad de Chile.
Master y Programa de Doctorado en Arqueología. University College London.
Luis Felipe Bate
Dr. en Prehistoria y Arqueología.
Profesor Emérito de Investigación Científica. INAH, México.
Marcelo Soto
Lic. en Arqueología. Universidad de Chile.
Diplomado en planificación ambiental de proyectos y Sistemas de Información Geográfica. Universidad Católica.
Miguel Silva
Historiador.
Melissa Sepúlveda
Presidente FECH 2013-2014.
Estudiante de Medicina (Quinto año). Universidad de Chile.
Randall McGuire
PhD, University of Arizona. Distinguished Professor of Anthropology.
Co-Director Public Archaeology Program.
Paola González Carvajal
Arqueóloga.
Abogada Ambientalista. Universidad de Chile
Carlos Uribe Álvarez
Lic. en Arqueología. Universidad de Chile.
Javier Tamblay
Arqueólogo. Universidad de Chile
Ana López
Historiadora. Docente universitaria.
Integrante de CIMTRA
Francisco Torres
Filosofo.
Docente universitario y de educación media. Antofagasta.
Vicente Mellado
Lic. en Historia. Universidad de Chile.
Integrante de CIMTRA.
Oscar Vargas
Lic. en Historia (U. de Chile).
Lic. en Ciencias Jurídicas (Universidad Academia de Humanismo Cristiano).
Daniel Silva
Sociólogo
Natalia Lueje Seeger
Lic. en Artes Visuales. Universidad de Chile.
Víctor Ugarte Duque
Lic. en Historia y Educación. Universidad de Playa Ancha.
Leonardo Murillo
Estudiante de Arqueología (Cuarto año). Universidad SEK.
A través de un comunicado público, académicos, investigadores, becarios y estudiantes de posgrado plantean la necesidad de comenzar a discutir y avanzar en Chile hacia un modelo de desarrollo científico y tecnológico que responda a los intereses de las grandes mayorías: trabajadores, estudiantes, pobladores, pueblos indígenas, organizaciones de género, etc., aquello contraponiendo dichos intereses a los del mercado y el afán de lucro de los empresarios.
Los firmantes aseguran que ésta es una de las tareas necesarias de asumir por el movimiento social en el presente contexto de aguda crisis política, social, cultural y moral en la cual se encuentra sumido Chile.
Entre las críticas se plantea lo sucedido en el desarrollo científico-tecnológico: “Esto tal como demuestran no sólo algunos hechos de palpable crisis institucional: por ejemplo la reciente renuncia del presidente de CONICYT, sino que además la existencia de un modelo de producción de conocimiento heredado de la dictadura, consolidado por la Derecha y la Concertación (hoy Nueva Mayoría) y regimentado (resguardado) por las mismas instituciones que hoy favorecen la preservación del neoliberalismo en Chile. Modelo de producción de conocimiento cuyos pilares institucionales (entre otros CONICYT) se han caracterizado por un funcionamiento más anclado en criterios propiamente mercantiles, regulados por las leyes de la oferta y la demanda, que en la preocupación por atender las necesidades generales de la sociedad, quedando además dichos criterios por fuera del ámbito de injerencia y decisión de esta última”.
Entre los elementos cuestionados se encuentran los criterios básicos de funcionamiento de FONDECYT, “la principal fuente de financiamiento para investigadores nacionales, promoviendo el desarrollo de proyectos investigativos que no contemplan entre sus ejes principales (a pesar de constituir fondos de decenas de millones de pesos) una ligazón más directa con la sociedad, esto en términos de “retribución directa” o “impacto social” sobre determinados grupos sociales”. Esto, en contraposición con otros fondos de investigación, por ejemplo algunas líneas de postulación FONDART, en los cuales dicho elemento “es crucial”.
Otro ejemplo es la inexistencia de una carrera de investigación propiamente tal en Chile. La dificultad inmediata es que “los investigadores nacionales se verían muchas veces obligados a adoptar los perfiles académicos de las instituciones en las cuales se desempeñan, las cuales estarían orientadas, en última instancia, por la regulación del mercado”. En este sentido, los firmantes apuntan a la responsabilidad que ha tenido la privatización de la educación superior, que obliga a las universidades (los principales centros de producción de conocimiento científico en nuestro país) a buscar fuentes de financiamiento ya sea a partir del cobro de aranceles, la competencia por recursos estatales, o bien de aportes empresariales directos.
Finalmente, apuntan en contra de Becas Chile, “el cual se estructuraría no sólo a partir de un esquema poco claro y en gran medida desorganizado en lo que respecta a su ligazón con una real “política país” de desarrollo social, sino que favorecería además, en los hechos, la generación de un cuerpo de profesionales altamente elitizado”, cuyos becarios estarían formando una “casta de becarios” en muchas ocasiones desligada de las problemáticas de los sectores sociales que financian sus estudios: los trabajadores y el pueblo de Chile.
Firmas
Miguel Fuentes
Lic. en Arqueología e Historiador. Universidad de Chile.
Master y Programa de Doctorado en Arqueología. University College London.
Luis Felipe Bate
Dr. en Prehistoria y Arqueología.
Profesor Emérito de Investigación Científica. INAH, México.
Marcelo Soto
Lic. en Arqueología. Universidad de Chile.
Diplomado en planificación ambiental de proyectos y Sistemas de Información Geográfica. Universidad Católica.
Miguel Silva
Historiador.
Melissa Sepúlveda
Presidente FECH 2013-2014.
Estudiante de Medicina (Quinto año). Universidad de Chile.
Randall McGuire
PhD, University of Arizona. Distinguished Professor of Anthropology.
Co-Director Public Archaeology Program.
Paola González Carvajal
Arqueóloga.
Abogada Ambientalista. Universidad de Chile
Carlos Uribe Álvarez
Lic. en Arqueología. Universidad de Chile.
Javier Tamblay
Arqueólogo. Universidad de Chile
Ana López
Historiadora. Docente universitaria.
Integrante de CIMTRA
Francisco Torres
Filosofo.
Docente universitario y de educación media. Antofagasta.
Vicente Mellado
Lic. en Historia. Universidad de Chile.
Integrante de CIMTRA.
Oscar Vargas
Lic. en Historia (U. de Chile).
Lic. en Ciencias Jurídicas (Universidad Academia de Humanismo Cristiano).
Daniel Silva
Sociólogo
Natalia Lueje Seeger
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Víctor Ugarte Duque
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Estudiante de Arqueología (Cuarto año). Universidad SEK.
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