El economista y empresario Germán Polanco realizó un trabajo de investigación a raíz de la colusión de las papeleras, y en la cual llegó a la conclusión que el total estimado de ganancias obtenidas por las empresas a partir de esta figura delictiva supera los 800 millones de dólares, en los más de diez años en que, según la Fiscalía Nacional Económica, se llevó a cabo este comportamiento delictual.
Es decir, el valor de dos a tres hospitales de alta complejidad, o 5 mil 600 casas de 100 millones de pesos cada una.
La conclusión a la que arribó el economista tiene su origen en los cálculos de la venta de papel higiénico por parte de las compañías, ítem que corresponde a más de dos tercios de la comercialización de productos de las divisiones tisú de cada una de las empresas.
Considerando un mercado, aproximado de 17 millones de consumidores, el gasto en papel higiénico supera los 258 millones de dólares anuales, correspondiéndole a la ex papelera, por su participación en el mercado, un 75 por ciento de las ganancias, es decir 193 millones de dólares, a lo que se le deben restar impuestos y márgenes para los supermercados.
Mulitplicadoel monto neto por los 10 años que, “a lo menos” operó el cartel del papel tisú, de acuerdo a lo planteado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el valor de la colusión sólo para la CMPC, en particular, alcanzó 550 millones de dólares, y dado que el resto de la división tisú –que implica toallas de papel, toallas femeninas, pañales y servilletas- representa el 33 por ciento restantes de las ventas, en total se puede establecer que las ganancias, producto de las irregularidades en los precios, llegó a 736 millones de dólares. Por ello, Polanco plantea que eso es lo que la Papelera tendría que devolver.
Las ganancias de SCA
Además, se debe considerar el 15 por ciento del mercado que detenta SCA, con lo cual se llega a los más de 815 millones de dólares de estimación “mínima” del valor de la colusión del mercado de las papeleras, en un mercado que ya presenta un carácter oligopólico: “Yo creo que si hacen una auditoría, te va a dar un 10 por ciento hacia arriba o hacia abajo no más”, sostiene Polanco.
Este monto, dividido entre los 17 millones de chilenos, da como resultado que cada uno de nosotros debería recibir, al menos, 33 mil pesos como compensación de parte de las papeleras, no obstante el economista plantea que, a su juicio, la mejor manera de compensar a las personas, es haciendo obras de beneficio público, como es el caso de un hospital.
“En general, CMPC al generar más utilidades, pagaron más impuestos, los accionistas minoritarios que salieron reclamando por ahí, también cobraron mayores dividendos producto de esto. Entonces, en este caso creo que, independientemente de la legislación que está sacando adelante el Congreso (…) deben ser el señor Matte y sus ejecutivos quienes paguen y no la Papelera, y les deberían decir que, en vez de devolver a cada persona un monto en dinero, debería obligarles a construir hospitales, por ejemplo, lo que sería políticamente muy atingente”.
Asimismo, el economista puso en entredicho la versión de Eliodoro Matte quien planteó desconocer la colusión entre su empresa y SCA, y responsabilizó a ejecutivos en quienes había depositado su confianza quienes lo habrían engañado.
Sin embargo, de la lectura de las memorias de la empresa, se desprende, por ejemplo, que entre 2002 y 2003 las utilidades netas de la división tisú de CMPC creció en 237 por ciento, o entre 2008 y 2009 hubo un crecimiento de más de 500 por ciento, lo que, al menos, debería haber concitado el cuestionamiento de parte del presidente del directorio, acotó Polanco.
Formas de compensación abre el debate
Posterior al debate por las sanciones a las empresas involucradas en este nuevo caso de colusión, y del cual, en parte, se ha hecho cargo el Congreso con la aprobación de medidas punitivas más duras en contra de futuros hechos delictivos de esta clase, ahora es la forma de compensación o devolución de estos 800 millones de dólares los que se han tomado el debate.
Parlamentarios de distintas tendencias expresaron su opinión sobre este punto, como fue el caso del diputado del PPD, Cristián Campos, quien espera que las empresas involucradas bajen los precios de los productos.
“Podríamos, por lo menos, empezar a bajar precios, podríamos entrar a que el margen de utilidad de hoy día por estos productos sea, por supuesto, el menor y, obviamente, empezar a que los consumidores sientan que hay un tipo de compensación que va a perdurar en el tiempo que va a significar que ellos puedan adquirir buenos productos, a un precio muy por debajo de lo que hemos visto hoy día”.
Sin embargo, esta propuesta ha sido criticada por especialistas y parlamentarios, ya que incentivaría la compra de los productos de las mismas empresas coludidas, produciendo el efecto inverso, y de paso perjudicando a la competencia, tal como lo manifestó el diputado del Partido Liberal, VladoMirosevic: “Me gustaría, y me imagino que a muchos también, que la compensación no viniese por la vía de obligarnos a tener que seguir comprándole a ellos”.
Coincidió con este cuestionamiento el diputado de la UDI, Jaime Bellolio, quien planteó que sería mejor que el dinero fuese destinado a obras de carácter social, como es el caso de la construcción de hospitales: “Dado que es difícil identificar a los consumidores, que obviamente que el precio que se tiene hoy días se ajuste a la realidad, o sea si hoy el precio ha subido por la acción colusiva igual tendría que bajar el precio, pero que el efecto compensatorio sea más bien en obras o beneficio del interés público”.
En tanto, diversos actores de la sociedad, desde pequeñas empresas papeleras, municipios, agrupaciones de consumidores y hasta el Sernac estudian la presentación de querellas y demandas en contra de CMPC y SCA, planteándoles un complicado escenario judicial en el mediano plazo a estas empresas.
Justamente, en horas de esta tarde la papelera SCA (ex PISA), rechazó la mediación voluntaria del Sernac para que la empresa llevara a cabo un plan de compensación, aduciendo que prefieren esperar el dictamen del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), ya que insisten en que la colusión fue forzada por CMPC haciendo uso de su “posición dominante en el mercado”.