En el informe, la entidad latinoamericana sugiere cuatro elementos clave para el desarrollo: Burocracia de calidad, un buen sistema de compras públicas que impida los derroches y actos de corrupción, participación ciudadana, y una evaluación adecuada y pública que permita a la sociedad conocer el estado de la gestión en las reparticiones públicas.
Lucila Berniell, economista principal de CAF se refirió a la importancia de que la ciudadanía se empodere a la hora de participar, evaluar y monitorear la labor de la administración pública: “Acá el mensaje principal habla de empoderar a la ciudadanía para mejorar la efectividad de la rendición de cuentas, y por empoderar vamos a entender dos cosas: darle más información a la ciudadanía, pero también reducirle los costos de la participación. ¿Y por qué es importante que la ciudadanía participe? Porque es el principal agente de control externo, pero también porque es un agente muy importante de provisión de información hacia el Estado”.
Por su parte, el ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, indicó que en lo que refiere a modernización del aparato público, uno de los grandes avances del Gobierno de Piñera fue la implementación de Chile Atiende, entidad que rompe, aunque sea parcialmente, el monopolio de los servicios.
Además, Larroulet indicó que en la actualidad no existe en Chile una agenda que considere seriamente la modernización del Estado.
El ex ministro de Economía del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Alejandro Ferreiro, coincidió con lo planteado por Larroulet, indicando que con Gobiernos cortos es difícil que la atención se ponga sobre estos aspectos.
El presidente de Espacio Público y profesor titular de Economía de la Universidad de Chile, Eduardo Engel, indicó que el sentido de una eficiente Administración Pública tiene que ver con evitar los actos de corrupción.
Para Engel, en general, los poderes fácticos no están interesados en que se produzcan cambios en la administración del aparato burocrático, por lo que en general se requieren grandes escándalos para que se agilicen los procesos de modernización del Estado: “Aún en los países desarrollados, este tipo de reformas del Estado tienen dificultades que pasa porque en tiempos normales los grupos poderosos de la sociedad tienen derecho a veto en la práctica, por lo que se explica que típicamente las reformas vienen de una crisis importante en la que ese derecho a veto desaparece momentáneamente”.
Además, el ex presidente de la Comisión Asesora Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción manifestó su preocupación por la situación en las municipalidades, donde cargos de vital importancia como la dirección de presupuestos se determinan sin realizar consideraciones técnicas, lo que a su juicio genera espacios que puedan ser utilizados para actos de corrupción.
En el informe, la entidad latinoamericana sugiere cuatro elementos clave para el desarrollo: Burocracia de calidad, un buen sistema de compras públicas que impida los derroches y actos de corrupción, participación ciudadana, y una evaluación adecuada y pública que permita a la sociedad conocer el estado de la gestión en las reparticiones públicas.
Lucila Berniell, economista principal de CAF se refirió a la importancia de que la ciudadanía se empodere a la hora de participar, evaluar y monitorear la labor de la administración pública: “Acá el mensaje principal habla de empoderar a la ciudadanía para mejorar la efectividad de la rendición de cuentas, y por empoderar vamos a entender dos cosas: darle más información a la ciudadanía, pero también reducirle los costos de la participación. ¿Y por qué es importante que la ciudadanía participe? Porque es el principal agente de control externo, pero también porque es un agente muy importante de provisión de información hacia el Estado”.
Por su parte, el ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, indicó que en lo que refiere a modernización del aparato público, uno de los grandes avances del Gobierno de Piñera fue la implementación de Chile Atiende, entidad que rompe, aunque sea parcialmente, el monopolio de los servicios.
Además, Larroulet indicó que en la actualidad no existe en Chile una agenda que considere seriamente la modernización del Estado.
El ex ministro de Economía del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Alejandro Ferreiro, coincidió con lo planteado por Larroulet, indicando que con Gobiernos cortos es difícil que la atención se ponga sobre estos aspectos.
El presidente de Espacio Público y profesor titular de Economía de la Universidad de Chile, Eduardo Engel, indicó que el sentido de una eficiente Administración Pública tiene que ver con evitar los actos de corrupción.
Para Engel, en general, los poderes fácticos no están interesados en que se produzcan cambios en la administración del aparato burocrático, por lo que en general se requieren grandes escándalos para que se agilicen los procesos de modernización del Estado: “Aún en los países desarrollados, este tipo de reformas del Estado tienen dificultades que pasa porque en tiempos normales los grupos poderosos de la sociedad tienen derecho a veto en la práctica, por lo que se explica que típicamente las reformas vienen de una crisis importante en la que ese derecho a veto desaparece momentáneamente”.
Además, el ex presidente de la Comisión Asesora Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción manifestó su preocupación por la situación en las municipalidades, donde cargos de vital importancia como la dirección de presupuestos se determinan sin realizar consideraciones técnicas, lo que a su juicio genera espacios que puedan ser utilizados para actos de corrupción.
En el informe, la entidad latinoamericana sugiere cuatro elementos clave para el desarrollo: Burocracia de calidad, un buen sistema de compras públicas que impida los derroches y actos de corrupción, participación ciudadana, y una evaluación adecuada y pública que permita a la sociedad conocer el estado de la gestión en las reparticiones públicas.
Lucila Berniell, economista principal de CAF se refirió a la importancia de que la ciudadanía se empodere a la hora de participar, evaluar y monitorear la labor de la administración pública: “Acá el mensaje principal habla de empoderar a la ciudadanía para mejorar la efectividad de la rendición de cuentas, y por empoderar vamos a entender dos cosas: darle más información a la ciudadanía, pero también reducirle los costos de la participación. ¿Y por qué es importante que la ciudadanía participe? Porque es el principal agente de control externo, pero también porque es un agente muy importante de provisión de información hacia el Estado”.
Por su parte, el ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, indicó que en lo que refiere a modernización del aparato público, uno de los grandes avances del Gobierno de Piñera fue la implementación de Chile Atiende, entidad que rompe, aunque sea parcialmente, el monopolio de los servicios.
Además, Larroulet indicó que en la actualidad no existe en Chile una agenda que considere seriamente la modernización del Estado.
El ex ministro de Economía del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Alejandro Ferreiro, coincidió con lo planteado por Larroulet, indicando que con Gobiernos cortos es difícil que la atención se ponga sobre estos aspectos.
El presidente de Espacio Público y profesor titular de Economía de la Universidad de Chile, Eduardo Engel, indicó que el sentido de una eficiente Administración Pública tiene que ver con evitar los actos de corrupción.
Para Engel, en general, los poderes fácticos no están interesados en que se produzcan cambios en la administración del aparato burocrático, por lo que en general se requieren grandes escándalos para que se agilicen los procesos de modernización del Estado: “Aún en los países desarrollados, este tipo de reformas del Estado tienen dificultades que pasa porque en tiempos normales los grupos poderosos de la sociedad tienen derecho a veto en la práctica, por lo que se explica que típicamente las reformas vienen de una crisis importante en la que ese derecho a veto desaparece momentáneamente”.
Además, el ex presidente de la Comisión Asesora Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción manifestó su preocupación por la situación en las municipalidades, donde cargos de vital importancia como la dirección de presupuestos se determinan sin realizar consideraciones técnicas, lo que a su juicio genera espacios que puedan ser utilizados para actos de corrupción.
