El Observatorio Ciudadano presentó un estudio sobre los “Impactos de las empresas en los Derechos Humanos del pueblo mapuche”.
En el documento se identifica la responsabilidad de los titulares de los proyectos de inversión y del Estado en su cumplimiento de los estándares internacionales que el país ha reconocido.
El informe da cuenta, mediante el análisis de casos específicos, de las repercusiones de la actividad empresarial en los Derechos Humanos del pueblo mapuche. Entre ellos, el proyecto central hidroeléctrica Neltume de la Región de Los Ríos, impulsado en tierras de comunidades mapuche por la empresa trasnacional ENDESA-ENEL.
En este sentido, las comunidades reclaman que la inundación supuestamente temporal del complejo ceremonial de Lago Neltume, implica una amenaza para sus derechos religiosos y culturales.
Asimismo, el proyecto ducto de eliminación de residuos industriales de la planta de celulosa de la empresa CELCO al mar, ubicado en Bahía de Maiquillahue, Región de Los Ríos, amenaza las tierras y borde costero de comunidades mapuche-lafkenche.
En la actualidad, en este mismo espacio territorial hay 24 comunidades indígenas y 20 asociaciones indígenas, cuyas formas de vida e identidad cultural se vinculan estrechamente tanto al río Lingue como a la bahía de Maiquillahue en la que el proyecto contempla la desembocadura final del emisario de descarga.
Ana Nahuelpán de la comunidad lafkenche explicó que “la biodiversidad, la cultura y la medicina han sido afectadas ya que esta última no solamente está en tierra, sino también son las algas. También, en los alimentos que nosotros consumimos a diario en las comunidades y a quienes han hecho un uso ancestral de este territorio, comunidades cordilleranas que van abastecerse de alimentos marinos a Mehuín”.
En tanto, el werkén lafkenche Boris Hualme, se refirió a la irresponsabilidad del Estado en la consulta indígena sobre proyectos de inversión extranjera:“Están haciendo una consulta mentirosa de acuerdo a la ley 19.300 que es con participación ciudadana, pero meramente acarrear personas y decir que estuvieron presentes. Entonces, Chile no está cumpliendo con las obligaciones actuales, con la legalidad que ellos mismos han firmado y aceptado. No hay voluntad política de la Concertación antigua, actual Nueva Mayoría, de la derecha y todos los gobiernos de turno que han pasado en el poder”.
Otro caso es de la piscicultura Caburga II, impulsado por la empresa AquaChile en tierras de comunidades mapuche de la región de La Araucanía.
Un estudio antropológico reciente realizado en el marco de la evaluación ambiental del proyecto, se demuestra que la visión generalizada de la comunidad es que la piscicultura afecta las aguas de los esteros y ríos del sector, las que hoy están contaminadas. Ello significa que ya no pueden utilizarse para beber, para cocinar, ni para bañarse. Tampoco los animales pueden beber de dichas aguas.
Con todo, en el estudio se recomienda al Estado asumir un rol más activo, elaborar a la brevedad el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos anunciado el año pasado y hacer cumplir las leyes.
José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, manifestó que “el que su legislación se adecúe a los estándares internacionales de derechos humanos, en este caso a pueblos indígenas, el que se aplique efectivamente una legislación que proteja los derechos y se establezcan mecanismos judiciales o administrativos para poder garantizar que en caso de violaciones, lo derechos puedan ser respetados, mitigados y compensados”.
También se concluye que las empresas revisen sus estrategias y asuman un compromiso político expreso para respetar los derechos de los pueblos indígenas.
El Observatorio Ciudadano presentó un estudio sobre los “Impactos de las empresas en los Derechos Humanos del pueblo mapuche”.
En el documento se identifica la responsabilidad de los titulares de los proyectos de inversión y del Estado en su cumplimiento de los estándares internacionales que el país ha reconocido.
El informe da cuenta, mediante el análisis de casos específicos, de las repercusiones de la actividad empresarial en los Derechos Humanos del pueblo mapuche. Entre ellos, el proyecto central hidroeléctrica Neltume de la Región de Los Ríos, impulsado en tierras de comunidades mapuche por la empresa trasnacional ENDESA-ENEL.
En este sentido, las comunidades reclaman que la inundación supuestamente temporal del complejo ceremonial de Lago Neltume, implica una amenaza para sus derechos religiosos y culturales.
Asimismo, el proyecto ducto de eliminación de residuos industriales de la planta de celulosa de la empresa CELCO al mar, ubicado en Bahía de Maiquillahue, Región de Los Ríos, amenaza las tierras y borde costero de comunidades mapuche-lafkenche.
En la actualidad, en este mismo espacio territorial hay 24 comunidades indígenas y 20 asociaciones indígenas, cuyas formas de vida e identidad cultural se vinculan estrechamente tanto al río Lingue como a la bahía de Maiquillahue en la que el proyecto contempla la desembocadura final del emisario de descarga.
Ana Nahuelpán de la comunidad lafkenche explicó que “la biodiversidad, la cultura y la medicina han sido afectadas ya que esta última no solamente está en tierra, sino también son las algas. También, en los alimentos que nosotros consumimos a diario en las comunidades y a quienes han hecho un uso ancestral de este territorio, comunidades cordilleranas que van abastecerse de alimentos marinos a Mehuín”.
En tanto, el werkén lafkenche Boris Hualme, se refirió a la irresponsabilidad del Estado en la consulta indígena sobre proyectos de inversión extranjera:“Están haciendo una consulta mentirosa de acuerdo a la ley 19.300 que es con participación ciudadana, pero meramente acarrear personas y decir que estuvieron presentes. Entonces, Chile no está cumpliendo con las obligaciones actuales, con la legalidad que ellos mismos han firmado y aceptado. No hay voluntad política de la Concertación antigua, actual Nueva Mayoría, de la derecha y todos los gobiernos de turno que han pasado en el poder”.
Otro caso es de la piscicultura Caburga II, impulsado por la empresa AquaChile en tierras de comunidades mapuche de la región de La Araucanía.
Un estudio antropológico reciente realizado en el marco de la evaluación ambiental del proyecto, se demuestra que la visión generalizada de la comunidad es que la piscicultura afecta las aguas de los esteros y ríos del sector, las que hoy están contaminadas. Ello significa que ya no pueden utilizarse para beber, para cocinar, ni para bañarse. Tampoco los animales pueden beber de dichas aguas.
Con todo, en el estudio se recomienda al Estado asumir un rol más activo, elaborar a la brevedad el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos anunciado el año pasado y hacer cumplir las leyes.
José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, manifestó que “el que su legislación se adecúe a los estándares internacionales de derechos humanos, en este caso a pueblos indígenas, el que se aplique efectivamente una legislación que proteja los derechos y se establezcan mecanismos judiciales o administrativos para poder garantizar que en caso de violaciones, lo derechos puedan ser respetados, mitigados y compensados”.
También se concluye que las empresas revisen sus estrategias y asuman un compromiso político expreso para respetar los derechos de los pueblos indígenas.
El Observatorio Ciudadano presentó un estudio sobre los “Impactos de las empresas en los Derechos Humanos del pueblo mapuche”.
En el documento se identifica la responsabilidad de los titulares de los proyectos de inversión y del Estado en su cumplimiento de los estándares internacionales que el país ha reconocido.
El informe da cuenta, mediante el análisis de casos específicos, de las repercusiones de la actividad empresarial en los Derechos Humanos del pueblo mapuche. Entre ellos, el proyecto central hidroeléctrica Neltume de la Región de Los Ríos, impulsado en tierras de comunidades mapuche por la empresa trasnacional ENDESA-ENEL.
En este sentido, las comunidades reclaman que la inundación supuestamente temporal del complejo ceremonial de Lago Neltume, implica una amenaza para sus derechos religiosos y culturales.
Asimismo, el proyecto ducto de eliminación de residuos industriales de la planta de celulosa de la empresa CELCO al mar, ubicado en Bahía de Maiquillahue, Región de Los Ríos, amenaza las tierras y borde costero de comunidades mapuche-lafkenche.
En la actualidad, en este mismo espacio territorial hay 24 comunidades indígenas y 20 asociaciones indígenas, cuyas formas de vida e identidad cultural se vinculan estrechamente tanto al río Lingue como a la bahía de Maiquillahue en la que el proyecto contempla la desembocadura final del emisario de descarga.
Ana Nahuelpán de la comunidad lafkenche explicó que “la biodiversidad, la cultura y la medicina han sido afectadas ya que esta última no solamente está en tierra, sino también son las algas. También, en los alimentos que nosotros consumimos a diario en las comunidades y a quienes han hecho un uso ancestral de este territorio, comunidades cordilleranas que van abastecerse de alimentos marinos a Mehuín”.
En tanto, el werkén lafkenche Boris Hualme, se refirió a la irresponsabilidad del Estado en la consulta indígena sobre proyectos de inversión extranjera:“Están haciendo una consulta mentirosa de acuerdo a la ley 19.300 que es con participación ciudadana, pero meramente acarrear personas y decir que estuvieron presentes. Entonces, Chile no está cumpliendo con las obligaciones actuales, con la legalidad que ellos mismos han firmado y aceptado. No hay voluntad política de la Concertación antigua, actual Nueva Mayoría, de la derecha y todos los gobiernos de turno que han pasado en el poder”.
Otro caso es de la piscicultura Caburga II, impulsado por la empresa AquaChile en tierras de comunidades mapuche de la región de La Araucanía.
Un estudio antropológico reciente realizado en el marco de la evaluación ambiental del proyecto, se demuestra que la visión generalizada de la comunidad es que la piscicultura afecta las aguas de los esteros y ríos del sector, las que hoy están contaminadas. Ello significa que ya no pueden utilizarse para beber, para cocinar, ni para bañarse. Tampoco los animales pueden beber de dichas aguas.
Con todo, en el estudio se recomienda al Estado asumir un rol más activo, elaborar a la brevedad el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos anunciado el año pasado y hacer cumplir las leyes.
José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, manifestó que “el que su legislación se adecúe a los estándares internacionales de derechos humanos, en este caso a pueblos indígenas, el que se aplique efectivamente una legislación que proteja los derechos y se establezcan mecanismos judiciales o administrativos para poder garantizar que en caso de violaciones, lo derechos puedan ser respetados, mitigados y compensados”.
También se concluye que las empresas revisen sus estrategias y asuman un compromiso político expreso para respetar los derechos de los pueblos indígenas.
