El Gobierno anunció la constitución de un grupo de trabajo prelegislativo con el oficialismo para avanzar en “las definiciones centrales del Proyecto de Ley de Educación Superior”.
Según detalló el vocero Marcelo Díaz, la instancia se inicia este martes con una reunión entre la ministra de Educación subrogante, Valentina Quiroga, y representantes de los partidos políticos. Posteriormente seguirá con parlamentarios del bloque oficialista.
Esto ocurre cuando el Gobierno ha iniciado la puesta en marcha de este beneficio vía presupuesto, pero hay preocupación en la Nueva Mayoría por la pronta decisión que tomará el Tribunal Constitucional, que fue requerido por la oposición ante la glosa en el erario.
De aceptarse, el Gobierno asume que tendrá que preparar un proyecto de ley para hacer efectivo este compromiso el que debe tramitarse entre el 9 de diciembre al 31 de enero, explicó el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez.
“Yo espero que no estemos en esta situación, que la oposición asuma que en marzo va a haber sí o sí gratuidad y por la vía del TC no intente bloquear una de las principales promesas del Gobierno y que fue ratificada por la mayoría del Senado y la Cámara de Diputados. Lo que se ha llamado es a un acuerdo para enfrentar de manera positiva el resultado del TC, que nosotros esperamos ratifique la glosa y no tengamos que tener una ley ad-hoc especial que tramitar entre el 9 de diciembre y el 31 de enero”.
El presidente del PPD, Jaime Quintana, afirmó que siempre se supo que la oposición iba a resistir con dientes y muelas la iniciativa, adelantando que el proyecto que defina la gratuidad definitivamente significará un cambio total al sistema.
“La gratuidad por supuesto que lo que supone es superar la lógica de becas y créditos, es un sistema distinto, terminar con el voucher, con el famoso pagaré, con el endeudamiento de la familia chilena y eso significa no sólo un esfuerzo de recursos sino montar una arquitectura que hoy día no existe”.
La conformación del grupo de trabajo nace de las preocupaciones expresadas por la Democracia Cristiana, que reclamó por la falta de una instancia prelegislativa para conocer los pormenores del proyecto.
El presidente del MAS, Alejandro Navarro, por su parte criticó a la falange, asegurando que los argumentos de la DC se parecen mucho a los de la derecha para impugnar la glosa presupuestaria.
“Hemos dicho a la DC, interna y públicamente de que todos estamos de acuerdo en incorporar a los jóvenes de menores ingresos, pero que los planteles donde estudien tienen que estar acreditados y no pueden lucrar. El Estado no puede continuar con el lucro y el Estado tiene que adaptarse”.
El presidente de la DC, Jorge Pizarro, por su parte, agregó que “no es misterio para nadie que hay diferencias de criterio. Esperamos que sean superadas antes de iniciar el debate legislativo”.
Además, queda por verse cuál será la profundidad de la reforma, ya que autoridades de Educación han relativizado en los últimos días en cuánto tiempo se implementará y cuántos deciles se verán beneficiados.
El Gobierno anunció la constitución de un grupo de trabajo prelegislativo con el oficialismo para avanzar en “las definiciones centrales del Proyecto de Ley de Educación Superior”.
Según detalló el vocero Marcelo Díaz, la instancia se inicia este martes con una reunión entre la ministra de Educación subrogante, Valentina Quiroga, y representantes de los partidos políticos. Posteriormente seguirá con parlamentarios del bloque oficialista.
Esto ocurre cuando el Gobierno ha iniciado la puesta en marcha de este beneficio vía presupuesto, pero hay preocupación en la Nueva Mayoría por la pronta decisión que tomará el Tribunal Constitucional, que fue requerido por la oposición ante la glosa en el erario.
De aceptarse, el Gobierno asume que tendrá que preparar un proyecto de ley para hacer efectivo este compromiso el que debe tramitarse entre el 9 de diciembre al 31 de enero, explicó el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez.
“Yo espero que no estemos en esta situación, que la oposición asuma que en marzo va a haber sí o sí gratuidad y por la vía del TC no intente bloquear una de las principales promesas del Gobierno y que fue ratificada por la mayoría del Senado y la Cámara de Diputados. Lo que se ha llamado es a un acuerdo para enfrentar de manera positiva el resultado del TC, que nosotros esperamos ratifique la glosa y no tengamos que tener una ley ad-hoc especial que tramitar entre el 9 de diciembre y el 31 de enero”.
El presidente del PPD, Jaime Quintana, afirmó que siempre se supo que la oposición iba a resistir con dientes y muelas la iniciativa, adelantando que el proyecto que defina la gratuidad definitivamente significará un cambio total al sistema.
“La gratuidad por supuesto que lo que supone es superar la lógica de becas y créditos, es un sistema distinto, terminar con el voucher, con el famoso pagaré, con el endeudamiento de la familia chilena y eso significa no sólo un esfuerzo de recursos sino montar una arquitectura que hoy día no existe”.
La conformación del grupo de trabajo nace de las preocupaciones expresadas por la Democracia Cristiana, que reclamó por la falta de una instancia prelegislativa para conocer los pormenores del proyecto.
El presidente del MAS, Alejandro Navarro, por su parte criticó a la falange, asegurando que los argumentos de la DC se parecen mucho a los de la derecha para impugnar la glosa presupuestaria.
“Hemos dicho a la DC, interna y públicamente de que todos estamos de acuerdo en incorporar a los jóvenes de menores ingresos, pero que los planteles donde estudien tienen que estar acreditados y no pueden lucrar. El Estado no puede continuar con el lucro y el Estado tiene que adaptarse”.
El presidente de la DC, Jorge Pizarro, por su parte, agregó que “no es misterio para nadie que hay diferencias de criterio. Esperamos que sean superadas antes de iniciar el debate legislativo”.
Además, queda por verse cuál será la profundidad de la reforma, ya que autoridades de Educación han relativizado en los últimos días en cuánto tiempo se implementará y cuántos deciles se verán beneficiados.
El Gobierno anunció la constitución de un grupo de trabajo prelegislativo con el oficialismo para avanzar en “las definiciones centrales del Proyecto de Ley de Educación Superior”.
Según detalló el vocero Marcelo Díaz, la instancia se inicia este martes con una reunión entre la ministra de Educación subrogante, Valentina Quiroga, y representantes de los partidos políticos. Posteriormente seguirá con parlamentarios del bloque oficialista.
Esto ocurre cuando el Gobierno ha iniciado la puesta en marcha de este beneficio vía presupuesto, pero hay preocupación en la Nueva Mayoría por la pronta decisión que tomará el Tribunal Constitucional, que fue requerido por la oposición ante la glosa en el erario.
De aceptarse, el Gobierno asume que tendrá que preparar un proyecto de ley para hacer efectivo este compromiso el que debe tramitarse entre el 9 de diciembre al 31 de enero, explicó el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez.
“Yo espero que no estemos en esta situación, que la oposición asuma que en marzo va a haber sí o sí gratuidad y por la vía del TC no intente bloquear una de las principales promesas del Gobierno y que fue ratificada por la mayoría del Senado y la Cámara de Diputados. Lo que se ha llamado es a un acuerdo para enfrentar de manera positiva el resultado del TC, que nosotros esperamos ratifique la glosa y no tengamos que tener una ley ad-hoc especial que tramitar entre el 9 de diciembre y el 31 de enero”.
El presidente del PPD, Jaime Quintana, afirmó que siempre se supo que la oposición iba a resistir con dientes y muelas la iniciativa, adelantando que el proyecto que defina la gratuidad definitivamente significará un cambio total al sistema.
“La gratuidad por supuesto que lo que supone es superar la lógica de becas y créditos, es un sistema distinto, terminar con el voucher, con el famoso pagaré, con el endeudamiento de la familia chilena y eso significa no sólo un esfuerzo de recursos sino montar una arquitectura que hoy día no existe”.
La conformación del grupo de trabajo nace de las preocupaciones expresadas por la Democracia Cristiana, que reclamó por la falta de una instancia prelegislativa para conocer los pormenores del proyecto.
El presidente del MAS, Alejandro Navarro, por su parte criticó a la falange, asegurando que los argumentos de la DC se parecen mucho a los de la derecha para impugnar la glosa presupuestaria.
“Hemos dicho a la DC, interna y públicamente de que todos estamos de acuerdo en incorporar a los jóvenes de menores ingresos, pero que los planteles donde estudien tienen que estar acreditados y no pueden lucrar. El Estado no puede continuar con el lucro y el Estado tiene que adaptarse”.
El presidente de la DC, Jorge Pizarro, por su parte, agregó que “no es misterio para nadie que hay diferencias de criterio. Esperamos que sean superadas antes de iniciar el debate legislativo”.
Además, queda por verse cuál será la profundidad de la reforma, ya que autoridades de Educación han relativizado en los últimos días en cuánto tiempo se implementará y cuántos deciles se verán beneficiados.
