El máximo tribunal ratificó que funcionarios estatales, al igual que los privados, se acojan a la tutela laboral que garantiza el reclamo de derechos fundamentales ante la Inspección del Trabajo o los tribunales de la misma área.
La Cuarta Sala de la Corte Suprema falló a favor de dos reclamos de funcionarios públicos del Servicio Nacional de Pesca de Temuco y de la Subsecretaria de Prevención del Delito de Puerto Montt.
La Directora Nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Orietta Fuenzalida, recapituló que de forma intermitente se habían ganado algunos juicios en la materia, por lo que en su opinión, esta es una señal de avance en derechos para los trabajadores.
“Es una señal también para nuestro empleador, el Estado, de que sus trabajadores no estamos en la indefensión y podemos recurrir a tribunales. Además esto que figura parte del protocolo de acuerdo de la ANEF con el Gobierno de legislar en esta materia, ya no es necesario, porque los tribunales están haciendo el trabajo de aplicar los convenios internacionales y los principios de igualdad ante la ley respecto de los derechos fundamentales”.
El derecho a la intimidad, integridad psíquica, a la libertad de expresión, a afiliarse o desafiliarse de una organización, a la no discriminación son algunos de los que se apuntan en la tutela laboral.
El abogado experto en derecho laboral José Luis Ugarte, consideró correcta la resolución del máximo tribunal, toda vez que los funcionarios no son ciudadanos de segunda clase y debe tener protección jurisdiccional a sus derechos.
“El Estado no es una entelequia, son personas y los jefes son personas que cometen las mismas arbitrariedades y abusos a derechos fundamentales que pasan en el sector privado, por lo tanto, lo más razonable es la aplicación de esta acción también para los funcionarios. Aquí lo único cuestionable es que el Consejo de Defensa del Estado, que concurre a estos juicios, siga sosteniendo la tesis de que los tribunales no son competentes”.
Ugarte defendió que el Estado no puede pretender impunidad en materia de derechos fundamentales, cuando importantes profesores de derecho del trabajo y los jueces laborales no cuestionan esta competencia.
En algunos sectores calificaron la resolución del máximo tribunal de nuestro país como una revolución, ya que se aplicó a través de una interpretación a una regla de la legislación laboral cuando los funcionarios públicos se rigen por el estatuto administrativo.
No obstante, tanto trabajadores, como el jurista José Luis Ugarte, desestimaron que se considerara como una situación particular este fallo ya que este mismo tipo de sentencias se habían aplicado en otros casos.
El máximo tribunal ratificó que funcionarios estatales, al igual que los privados, se acojan a la tutela laboral que garantiza el reclamo de derechos fundamentales ante la Inspección del Trabajo o los tribunales de la misma área.
La Cuarta Sala de la Corte Suprema falló a favor de dos reclamos de funcionarios públicos del Servicio Nacional de Pesca de Temuco y de la Subsecretaria de Prevención del Delito de Puerto Montt.
La Directora Nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Orietta Fuenzalida, recapituló que de forma intermitente se habían ganado algunos juicios en la materia, por lo que en su opinión, esta es una señal de avance en derechos para los trabajadores.
“Es una señal también para nuestro empleador, el Estado, de que sus trabajadores no estamos en la indefensión y podemos recurrir a tribunales. Además esto que figura parte del protocolo de acuerdo de la ANEF con el Gobierno de legislar en esta materia, ya no es necesario, porque los tribunales están haciendo el trabajo de aplicar los convenios internacionales y los principios de igualdad ante la ley respecto de los derechos fundamentales”.
El derecho a la intimidad, integridad psíquica, a la libertad de expresión, a afiliarse o desafiliarse de una organización, a la no discriminación son algunos de los que se apuntan en la tutela laboral.
El abogado experto en derecho laboral José Luis Ugarte, consideró correcta la resolución del máximo tribunal, toda vez que los funcionarios no son ciudadanos de segunda clase y debe tener protección jurisdiccional a sus derechos.
“El Estado no es una entelequia, son personas y los jefes son personas que cometen las mismas arbitrariedades y abusos a derechos fundamentales que pasan en el sector privado, por lo tanto, lo más razonable es la aplicación de esta acción también para los funcionarios. Aquí lo único cuestionable es que el Consejo de Defensa del Estado, que concurre a estos juicios, siga sosteniendo la tesis de que los tribunales no son competentes”.
Ugarte defendió que el Estado no puede pretender impunidad en materia de derechos fundamentales, cuando importantes profesores de derecho del trabajo y los jueces laborales no cuestionan esta competencia.
En algunos sectores calificaron la resolución del máximo tribunal de nuestro país como una revolución, ya que se aplicó a través de una interpretación a una regla de la legislación laboral cuando los funcionarios públicos se rigen por el estatuto administrativo.
No obstante, tanto trabajadores, como el jurista José Luis Ugarte, desestimaron que se considerara como una situación particular este fallo ya que este mismo tipo de sentencias se habían aplicado en otros casos.
El máximo tribunal ratificó que funcionarios estatales, al igual que los privados, se acojan a la tutela laboral que garantiza el reclamo de derechos fundamentales ante la Inspección del Trabajo o los tribunales de la misma área.
La Cuarta Sala de la Corte Suprema falló a favor de dos reclamos de funcionarios públicos del Servicio Nacional de Pesca de Temuco y de la Subsecretaria de Prevención del Delito de Puerto Montt.
La Directora Nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Orietta Fuenzalida, recapituló que de forma intermitente se habían ganado algunos juicios en la materia, por lo que en su opinión, esta es una señal de avance en derechos para los trabajadores.
“Es una señal también para nuestro empleador, el Estado, de que sus trabajadores no estamos en la indefensión y podemos recurrir a tribunales. Además esto que figura parte del protocolo de acuerdo de la ANEF con el Gobierno de legislar en esta materia, ya no es necesario, porque los tribunales están haciendo el trabajo de aplicar los convenios internacionales y los principios de igualdad ante la ley respecto de los derechos fundamentales”.
El derecho a la intimidad, integridad psíquica, a la libertad de expresión, a afiliarse o desafiliarse de una organización, a la no discriminación son algunos de los que se apuntan en la tutela laboral.
El abogado experto en derecho laboral José Luis Ugarte, consideró correcta la resolución del máximo tribunal, toda vez que los funcionarios no son ciudadanos de segunda clase y debe tener protección jurisdiccional a sus derechos.
“El Estado no es una entelequia, son personas y los jefes son personas que cometen las mismas arbitrariedades y abusos a derechos fundamentales que pasan en el sector privado, por lo tanto, lo más razonable es la aplicación de esta acción también para los funcionarios. Aquí lo único cuestionable es que el Consejo de Defensa del Estado, que concurre a estos juicios, siga sosteniendo la tesis de que los tribunales no son competentes”.
Ugarte defendió que el Estado no puede pretender impunidad en materia de derechos fundamentales, cuando importantes profesores de derecho del trabajo y los jueces laborales no cuestionan esta competencia.
En algunos sectores calificaron la resolución del máximo tribunal de nuestro país como una revolución, ya que se aplicó a través de una interpretación a una regla de la legislación laboral cuando los funcionarios públicos se rigen por el estatuto administrativo.
No obstante, tanto trabajadores, como el jurista José Luis Ugarte, desestimaron que se considerara como una situación particular este fallo ya que este mismo tipo de sentencias se habían aplicado en otros casos.
