Diario y Radio Universidad Chile

Año XIII, 2 de diciembre de 2021

Escritorio MENÚ

Diputados anuncian reforma constitucional que crea la figura de un Defensor Ambiental

Los parlamentarios Camila Vallejo y Daniel Melo, junto a organizaciones ciudadanas anunciaron la presentación de un proyecto de Reforma Constitucional que introduce la figura de un Defensor u “Ombussman Ambiental” en la legislación chilena. Esto en medio de críticas al funcionamiento de la actual institucionalidad ambiental.

Paula Correa

  Sábado 5 de diciembre 2015 10:21 hrs. 
1


“Si bien la institucionalidad ambiental en Chile es nueva, aún vemos muchas debilidades”, afirmó el diputado socialista y presidente de la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara Baja, Daniel Melo, en el marco del anuncio de un proyecto de reforma constitucional que crea la figura de un Defensor Ambiental.

El parlamentario afirmó que se tratará de un ente autónomo que asumirá la defensa de un bien jurídico colectivo: el medioambiente, ante las amenazas o daños al que pueda verse expuesto.

Además, afirmó que tendrá la facultad de recabar información de entes públicos, iniciar investigaciones respecto a acciones u omisiones de organismos que atenten contra el medio ambiente, ente otras herramientas.

“En suma, este organismo va a fortalecer las instancias de participación de la ciudadanía, mejora exponencialmente la labor que cumplen tantos municipios como particulares, y nosotros creemos que avanza a establecer un marco de justicia ambiental en nuestro país”, sostuvo el parlamentario.

Por su parte, la diputada comunista Camila Vallejo explicó que este organismo no pretende omitir la responsabilidad que tiene el Estado de asumir sus deficiencias en la protección del medio ambiente y en materia de participación de las propias comunidades afectadas.

En ese sentido, Sara Larraín, directora de Chile Sustentable afirmó que hoy en Chile no es posible el ejercicio del derecho constitucional de los ciudadanos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación: “Hoy tanto al Ministerio del Medio Ambiente, como el Servicio e Evaluación de Impacto ambiental como la Superintendencia, no les ha dado el ancho. Aquí hay tráfico de influencia, hay lucas de por medio, hay conflictos de intereses y, por tanto, los proyectos igual se aprueban, aunque tengan tremendos impactos y su resolución de calificación ambiental no los resuelvan”, dijo.

La ambientalista manifestó su preocupación por las llamadas “zonas de sacrificio”, donde ya hay situaciones de contaminación que afectan la salud y la vida de la población, y que no están siendo remediadas.

Para Sara Larraín es fundamental contar con una institucionalidad independiente de los gobiernos de turno para evitar que “los derechos de los inversionistas sigan estando por encima de los derechos de todos los ciudadanos”. En esa línea, Ana Stipicic del Movimiento Alerta Isla Riesco, hizo un recuento de algunos casos críticos.

“Estamos llenos de proyectos altamente contaminantes, estamos llenos de historias, de gente que ya está enferma por los proyectos que se desarrollan al lado de sus comunidades: La misma Isla Riesco, Caimanes, el Cajón del Maipo, Huasco, Ventanas, Coronel, Chañaral, Arica. Los ejemplos son múltiples”, afirmó.

Son doce organizaciones sociales y ambientales las que apoyan esta noción parlamentaria y para quienes, más allá del proceso de reforma constitucional, es importante ir instalando el concepto de la protección del medioambiente y las comunidades en el debate.

En esa línea, también fueron críticos con la decisión de la presidenta Michelle Bachelet de no incluir un representante de las organizaciones  ambientales en el Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente.

Los especialistas afirmaron que la Presidenta “se está equivocando en esto”, que “está mal asesorada” y añadieron que esperan que el gobierno que se dé cuenta y corrija el rumbo.