La estabilidad y las relaciones laborales serán los pilares de lucha de los trabajadores públicos el próximo año. Así lo indicó Raúl de la Puente, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
A esto se suma la necesidad de recuperar los derechos perdidos en la última negociación del sector público. “Se obtuvo un reajuste miserable y se rebajaron los bonos acordados”, recordó el dirigente.
De acuerdo a esto Raúl de la Puente indicó que los trabajadores públicos están heridos y alerta a lo que ocurrirá con la renovación de contratas y honorarios para el 2016.
Es en este clima que el próximo año se desarrollará el debate para la regulación de las relaciones contractuales del sector público, tal como indicó el líder de la ANEF.
“Una vez que termine el tema de las reformas laborales viene el tema de las relaciones laborales para los funcionarios públicos y nosotros vamos a entrar en esa discusión. Allí no vaya a pensar el gobierno que va a imponer restricciones, como ha insinuado a través de presentaciones, o que va a restringir facultades a los funcionarios públicos para negociar colectivamente y realizar la huelga”, afirmó.
De la Puente añadió que quieren que las autoridades entreguen una muestra de que efectivamente quieren ampliar los derechos y para ello deben derogar las disposiciones que establecen la prohibición de negociación colectiva y la huelga para los funcionarios del Estado.
“La huelga es un derecho internacional y Chile ha firmado el convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el 87 que es de libertad sindical”, recalcó. En ese sentido, indicó que las reformas debieran apuntar a legislaciones amplias como las de los países desarrollados, y no restrictivas como las leyes chilenas.
Sobre esto se prenunció Valentina Doniez, investigadora de Fundación Sol, para quien el riesgo de este debate es que al regular, se pierdan derechos adquiridos “de hecho”.
“Lo que uno puede temer sobre este proyecto que se va a tramitar es que se termine asemejando mucho al sector privado y eso obviamente significaría que lo restringiría demasiado, perdiendo todas las posibilidades que han ganado de facto, sin tener estos derechos garantizados, en incluso prohibidos. Allí me parece que hay que ser sumamente cuidadosos”, dijo.
En esta línea, la especialista afirmó que no hay un discurso público, ni un partido que defienda los derechos colectivos de los trabajadores.
Otro gran tema del 2016 será hacer frente a la precariedad laboral. Si bien hay una jurisprudencia, avalada incluso por la Corte Suprema tendiente a resguardar a los funcionarios precarizados, el abogado Florencio Pardo, afirmó que se debe establecer de forma activa en la ley el rechazo a esta forma de empleo inestable.
“Estos fallos favorables siempre llegan tarde. Llegan cuando el trabajador es despedido. Por tanto, se requiere que vía legislador, se construya una ley que empiece a prohibir derechamente estos trabajos a honorarios que se han calificado como ‘contratos basura’, que vienen, en mi opinión, a avanzar hacia lo que es la precarización del trabajo asalariado y que llegaron para quedarse.
Si no se soluciona esto, se pueden expandir y podemos terminar en cualquier cosa”, advirtió el especialista.
El también docente de la Universidad Arcis afirmó que en Chile el empleado fiscal es mal concebido, se le tilda de “eterno e inamovible”, sin embargo, el 70 por ciento de los funcionarios está a contrata u honorarios y sólo un 30 por ciento cuenta con estabilidad laboral.
La estabilidad y las relaciones laborales serán los pilares de lucha de los trabajadores públicos el próximo año. Así lo indicó Raúl de la Puente, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
A esto se suma la necesidad de recuperar los derechos perdidos en la última negociación del sector público. “Se obtuvo un reajuste miserable y se rebajaron los bonos acordados”, recordó el dirigente.
De acuerdo a esto Raúl de la Puente indicó que los trabajadores públicos están heridos y alerta a lo que ocurrirá con la renovación de contratas y honorarios para el 2016.
Es en este clima que el próximo año se desarrollará el debate para la regulación de las relaciones contractuales del sector público, tal como indicó el líder de la ANEF.
“Una vez que termine el tema de las reformas laborales viene el tema de las relaciones laborales para los funcionarios públicos y nosotros vamos a entrar en esa discusión. Allí no vaya a pensar el gobierno que va a imponer restricciones, como ha insinuado a través de presentaciones, o que va a restringir facultades a los funcionarios públicos para negociar colectivamente y realizar la huelga”, afirmó.
De la Puente añadió que quieren que las autoridades entreguen una muestra de que efectivamente quieren ampliar los derechos y para ello deben derogar las disposiciones que establecen la prohibición de negociación colectiva y la huelga para los funcionarios del Estado.
“La huelga es un derecho internacional y Chile ha firmado el convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el 87 que es de libertad sindical”, recalcó. En ese sentido, indicó que las reformas debieran apuntar a legislaciones amplias como las de los países desarrollados, y no restrictivas como las leyes chilenas.
Sobre esto se prenunció Valentina Doniez, investigadora de Fundación Sol, para quien el riesgo de este debate es que al regular, se pierdan derechos adquiridos “de hecho”.
“Lo que uno puede temer sobre este proyecto que se va a tramitar es que se termine asemejando mucho al sector privado y eso obviamente significaría que lo restringiría demasiado, perdiendo todas las posibilidades que han ganado de facto, sin tener estos derechos garantizados, en incluso prohibidos. Allí me parece que hay que ser sumamente cuidadosos”, dijo.
En esta línea, la especialista afirmó que no hay un discurso público, ni un partido que defienda los derechos colectivos de los trabajadores.
Otro gran tema del 2016 será hacer frente a la precariedad laboral. Si bien hay una jurisprudencia, avalada incluso por la Corte Suprema tendiente a resguardar a los funcionarios precarizados, el abogado Florencio Pardo, afirmó que se debe establecer de forma activa en la ley el rechazo a esta forma de empleo inestable.
“Estos fallos favorables siempre llegan tarde. Llegan cuando el trabajador es despedido. Por tanto, se requiere que vía legislador, se construya una ley que empiece a prohibir derechamente estos trabajos a honorarios que se han calificado como ‘contratos basura’, que vienen, en mi opinión, a avanzar hacia lo que es la precarización del trabajo asalariado y que llegaron para quedarse.
Si no se soluciona esto, se pueden expandir y podemos terminar en cualquier cosa”, advirtió el especialista.
El también docente de la Universidad Arcis afirmó que en Chile el empleado fiscal es mal concebido, se le tilda de “eterno e inamovible”, sin embargo, el 70 por ciento de los funcionarios está a contrata u honorarios y sólo un 30 por ciento cuenta con estabilidad laboral.
La estabilidad y las relaciones laborales serán los pilares de lucha de los trabajadores públicos el próximo año. Así lo indicó Raúl de la Puente, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
A esto se suma la necesidad de recuperar los derechos perdidos en la última negociación del sector público. “Se obtuvo un reajuste miserable y se rebajaron los bonos acordados”, recordó el dirigente.
De acuerdo a esto Raúl de la Puente indicó que los trabajadores públicos están heridos y alerta a lo que ocurrirá con la renovación de contratas y honorarios para el 2016.
Es en este clima que el próximo año se desarrollará el debate para la regulación de las relaciones contractuales del sector público, tal como indicó el líder de la ANEF.
“Una vez que termine el tema de las reformas laborales viene el tema de las relaciones laborales para los funcionarios públicos y nosotros vamos a entrar en esa discusión. Allí no vaya a pensar el gobierno que va a imponer restricciones, como ha insinuado a través de presentaciones, o que va a restringir facultades a los funcionarios públicos para negociar colectivamente y realizar la huelga”, afirmó.
De la Puente añadió que quieren que las autoridades entreguen una muestra de que efectivamente quieren ampliar los derechos y para ello deben derogar las disposiciones que establecen la prohibición de negociación colectiva y la huelga para los funcionarios del Estado.
“La huelga es un derecho internacional y Chile ha firmado el convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el 87 que es de libertad sindical”, recalcó. En ese sentido, indicó que las reformas debieran apuntar a legislaciones amplias como las de los países desarrollados, y no restrictivas como las leyes chilenas.
Sobre esto se prenunció Valentina Doniez, investigadora de Fundación Sol, para quien el riesgo de este debate es que al regular, se pierdan derechos adquiridos “de hecho”.
“Lo que uno puede temer sobre este proyecto que se va a tramitar es que se termine asemejando mucho al sector privado y eso obviamente significaría que lo restringiría demasiado, perdiendo todas las posibilidades que han ganado de facto, sin tener estos derechos garantizados, en incluso prohibidos. Allí me parece que hay que ser sumamente cuidadosos”, dijo.
En esta línea, la especialista afirmó que no hay un discurso público, ni un partido que defienda los derechos colectivos de los trabajadores.
Otro gran tema del 2016 será hacer frente a la precariedad laboral. Si bien hay una jurisprudencia, avalada incluso por la Corte Suprema tendiente a resguardar a los funcionarios precarizados, el abogado Florencio Pardo, afirmó que se debe establecer de forma activa en la ley el rechazo a esta forma de empleo inestable.
“Estos fallos favorables siempre llegan tarde. Llegan cuando el trabajador es despedido. Por tanto, se requiere que vía legislador, se construya una ley que empiece a prohibir derechamente estos trabajos a honorarios que se han calificado como ‘contratos basura’, que vienen, en mi opinión, a avanzar hacia lo que es la precarización del trabajo asalariado y que llegaron para quedarse.
Si no se soluciona esto, se pueden expandir y podemos terminar en cualquier cosa”, advirtió el especialista.
El también docente de la Universidad Arcis afirmó que en Chile el empleado fiscal es mal concebido, se le tilda de “eterno e inamovible”, sin embargo, el 70 por ciento de los funcionarios está a contrata u honorarios y sólo un 30 por ciento cuenta con estabilidad laboral.
