Sr. Director:

Ni sentencias penales, ni perdidas de derechos políticos, es lo que no hemos visto como resultados de las sentencias del fiscal nacional Sabas Chahuan, antes de emprender su retirada. Todo ha quedado refrendado en el nepotismo estructural chileno, en el entrelace de empresarios, políticos, y funcionarios públicos de los tres poderes.

Los más favorecidos con este estado de cosas, como senadores, empresarios, ministros, y opinólogos, que aparecen repentinamente desde la nada, cinícamente invocan los valores morales y la ética, ante que las leyes.

O sea, la hipocresía acerca de lo que se dice y hace en el delito, es algo que está institucionalizado. De ahí la frustración de la opinión ciudadana. Los delitos políticos, y los fraudes económicos no están estatuídos en la constitución, ni en el código penal, por lo tanto no son delitos.

Aunque parezca una paradoja, o parábola lo que el coronel de la UDI J. Novoa dijo al referirse que las demandas en su contra, que estas acusaciones eran ideológicamente falsas, lo que al parecer sensíbilizó al fiscal nacional, aunque es dudoso un parentesco sanguíneo con el político, pero que sí puede ser político.

La conclusión a la que están llegando los fiscales, y las maniobras políticas de la CS, respecto al caso de L. Lopez en Venezuela, enlodan al poder de la nación que tendría que hacer justicia, en este caso encarcelar a los autores del fraude, cohecho, evasión, y colusión en Chile.

En Chile la justicia al juzgar se ha sacado la venda para proteger a los de su entorno. Esta es una falla humana, que se combate con le cumplimiento de la ley que en Chile lamentablemente no está. La única salida a este despropósito es constitucional, no con lo que hay hoy, sino con lo que podria haber mañana.