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Chile Vamos: “El Gobierno viola los derechos de los estudiantes vulnerables”

El conglomerado de la oposición, Chile Vamos, alista para esta semana los alegatos por la impugnación a la glosa de gratuidad ante el Tribunal Constitucional y la votación de acusación constitucional en contra de la Ministra de Salud, Carmen Castillo.

Tania González

  Lunes 7 de diciembre 2015 15:21 hrs. 
Chile Vamos


Como todos los lunes, el comité ejecutivo de Chile Vamos se reunió para definir su agenda de la semana y con ello, anunciaron que su abogado representante presentará este miércoles los argumentos por la queja, ya acogida por el Tribunal Constitucional, que impugna la glosa de gratuidad de la Ley de Presupuestos 2016.

La presidenta del Partido Regionalista Independiente (PRI) y vocera del bloque, Alejandra Bravo, descartó que, como lo ha planteado el Ejecutivo, con la aprobación del reclamo menos alumnos reciban el beneficio.

Los principales argumentos de la oposición son que los recursos fueron presentados en una glosa presupuestaria cuando debió ser en una ley y que se viola el derecho de oportunidades para todos los jóvenes vulnerables.

La vocera de Chile Vamos afirmó que el Gobierno ha dejado de lado que “la distribución de los recursos que se posee para poder entregar gratuidad a los alumnos más vulnerables”.

También este jueves en la Sala de la Cámara de Diputados se votará la acusación constitucional contra la Ministra de Salud, Carmen Castillo, la que la presidenta del PRI ya ve rechazada, pero de todos modos, rescata acciones del Gobierno producidas recientemente en materia de Salud.

“La Nueva Mayoría lo que hizo fue defender ideológicamente a una Ministra, pero no hizo cirugía mayor en lo que es realmente importante: la salud pública que está en la UTI en nuestro país. La única ganancia que obtuvimos es que producto de eso (la acusación) el Gobierno se apuró en sacar el reglamento de la Ley Ricarte Soto”.

Por último, Alejandra Bravo se refirió al proceso constituyente y calificó al Comité de Observadores como “cortina de humo” para que el Gobierno lleve a cabo una campaña propagandística que conduzca a la Asamblea Constituyente.

Así, concluyó que la institución que debiera llevar la acción es el Servicio Electoral (Servel), autónomo y con personal calificado.

 

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