Este 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos que recuerda la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de la ONU en 1948. Es por esto que diversas organizaciones que velan por la protección de los derechos fundamentales comienzan a realizar sus balances respecto de la situación que se vive en Chile sobre esta materia.

Para la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la gran deuda del país en materia de Derechos Humanos tiene que ver con la democratización real, y sobre todo en lo relativo a la demanda de verdad y justicia sobre los crímenes cometidos en Dictadura, así como la demanda por el respeto de los DD.HH. en general, lo que se explica, según su presidenta Lorena Pizarro, porque Chile “es un país que se construye sobre la institucionalidad heredada de la Dictadura”.

“Lo que tuvimos fue un Chile que sale de una Dictadura en donde se pacta la impunidad y la institucionalidad, una institucionalidad que su esencia la tiene en la Constitución autoritaria y dictatorial de Pinochet, y por lo tanto, tenemos impunidad y tenemos un país que no respeta los derechos humanos”.

La presidenta de la AFDD calificó de “indignante” el silencio que el Gobierno manifiesta en los temas relacionados con la violación de los derechos humanos en Dictadura, y ejemplificó con la mantención del penal Punta Peuco como recinto carcelario especial para los uniformados que cometieron crímenes de lesa humanidad, en circunstancias que existe un clamor transversal para que se cierre dicho espacio, sostuvo Lorena Pizarro.

“La cárcel de Punta Peuco debe dejar de ser un símbolo de impunidad, pero un símbolo práctico de la impunidad en la actualidad para los violadores de los derechos humanos, por lo tanto hay que darle otro uso, porque de ahí todos deben ser trasladados a cárceles comunes, sin duda. Yo creo que aquí hay falta de voluntad política, el Gobierno guarda unos silencios, que incluso, son indignantes”.

Para José Araya, coordinador del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, el momento actual que vive Chile es clave en materia de derechos humanos ya que se están discutiendo aspectos estructurales sobre la proyección a futuro de nuestro país, como es el caso de una nueva Constitución, la que puede configurar un avance en la protección de los derechos humanos “e incorpore con mayores estándares, principalmente, los derechos económicos, sociales y culturales”.

“Es necesario hacer una modificación estructural, sacarse un poco este lastre que hemos tenido de una Constitución generada en Dictadura, que tiene muchos amarres para una política institucional, y en materia económica, que sin duda han generado grandes niveles de desigualdad, una gran frustración en la población. Lo que nos tiene enredado ahora es la discusión sobre la credibilidad o no de las instituciones del Estado, de las instituciones políticas, mientras no despejemos ese ruido, que es bien crítico porque estamos hablando de la confianza que tú tienes en el Estado chileno, difícilmente podemos avanzar en materias de derechos humanos”.

Otro de estos cambios estructurales que enfatiza Araya, tiene que ver con el proceso de descentralización política y administrativa que se ha planteado en nuestro país, pese a la “resistencia de la clase política y otros actores”, ya que a su juicio, cuando se focaliza la acción de las políticas públicas, es más factible verificar un avance en la protección de los derechos humanos.

Finalmente, en relación con la promesa del gobierno de crear un Ministerio de Pueblos Indígenas, desde el Observatorio Ciudadano si bien valoran la generación de instrumentos e instituciones que velen por los derechos de los pueblos originarios, de todas maneras enfatizan en la necesidad de que esta institucionalidad se enmarque en una nueva Constitución que reconozca la multiculturalidad y plurinacionalidad de Chile.

En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, (PS) Raúl Saldívar, reconoció aspectos positivos y otros negativos en su balance sobre esta materia, destacando, desde su perspectiva, la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos por parte del Ejecutivo, “lo que es un gran avance”, así como la pronta creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, y al igual que José Araya sostuvo que cuando se genere una nueva Constitución las expresiones de multiculturalidad de Chile “tendrán una discusión clara y precisa”.

Por el contrario, Saldívar sostuvo que una de las deudas del Estado chileno en materia de derechos humanos es la reparación a las víctimas de delitos de lesa humanidad durante la Dictadura, y en ese sentido hizo hincapié en el repudio que desde la Comisión de DD.HH. han expresado a los llamados “pactos de silencio” en la Fuerzas Armadas para no hacer entrega de información clave en casos de violaciones a los derechos humanos.

“Lo más decidor en esta materia ha sido el caso de Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana, que cuando se planteó el caso de ellos, el general Pinochet y su familia defendieron al Ejército en la actuación que hubo respecto de estos muchachos, uno de los testigos reveló la existencia de estos pactos de silencio que fue desmoronado por esa declaración, y en virtud de eso se logró investigar y conocer más antecedentes. Y como ese caso hay otros”.

Finalmente, desde la AFDD plantearon la necesidad de que se realice una verdadera democratización de las Fuerzas Armadas, para lo cual es necesario erradicar todo simbolismo y apología del golpe de Estado y la Dictadura, tal como sucedió con las polémicas medallas de la Armada alusivas a su participación en el quiebre de la democracia.