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Abogado querellante: “Hay un esfuerzo de la Nueva Mayoría para que Caso SQM no avance”

Mauricio Daza denuncia lo que considera “una situación política impresentable”, que busca trabar las investigaciones de Fiscalía, particularmente respecto del financiamiento irregular de campañas con recursos provenientes de la empresa del ex yerno de Augusto Pinochet.

Patricio López

  Miércoles 9 de diciembre 2015 13:01 hrs. 
Mauricio Daza


Las relaciones entre dinero y política han dado paso a diversas investigaciones del Ministerio Público, respecto de irregularidades en el financiamiento de campañas políticas.

Particularmente en el Caso Penta, la reciente condenada contra el ex presidente de la UDI Jovino Novoa ha generado múltiples reacciones, incluso como un antecedente para futuras imputaciones y sentencias.

“La señal que se da respecto del juicio abreviado de Novoa no es buena. Aquí primaron intereses que no se vinculan precisamente con el funcionamiento normal del sistema de persecución penal”, cuestiona el abogado Mauricio Daza, querellante en los casos Penta y SQM en representación de la Fundación Ciudadano Inteligente.

En conversación con Radio Universidad de Chile, insiste en que “no hay nada que celebrar en el caso de la condena de Jovino Novoa. La verdad estricta es que esta condena involucra una derrota importante para el principio de igualdad ante la ley”.

Esto, asegura el abogado, al considerar el conjunto de antecedentes que existía en contra del ex senador, tanto respecto del financiamiento ilegal que obtuvo de parte de Penta y SQM, como también del número de delitos, su connotación y las penas asignadas. “Uno no se explica cómo no fue llevado a un juicio oral”.

Y agrega: “Cualquier ciudadano común y corriente, que hubiese estado en las mismas circunstancias, jamás habría optado a esta oferta que le hizo Sabas Chahuán, a semanas de dejar su cargo de Fiscal Nacional, de acceder a una pena pactada de tres años cumplidos en libertad, en la cual no perderá ningún derecho político”.

Su molestia radica en que la Fiscalía pudo haber pedido una pena mayor, incluso de un día más, lo que hubiera significado que Novoa perdiera esos privilegios, independiente de mantener el juicio abreviado.

“En la situación actual, él podría ser elegido presidente de la UDI y, en tres años más, presidente de la República, senador o cualquier otro cargo de representación popular”.

“Esto era parte de un diseño muy marcado por lo comunicacional –plantea Daza– con relación a la salida de Sabas Chahuán del Ministerio Público, después de ocho años de una gestión muy deficiente, con muchas críticas al interior de la institución, incluso con demandas internacionales presentada por la Federación de Funcionarios del Ministerio Público, vinculados con abusos laborales graves, reiterados, prácticas antisindicales, entre otros”.

Sus argumentos apuntan a la necesidad de “vender esto a la opinión pública como un triunfo. La primera condena en el caso de financiamiento político, lo que en realidad no es así. De hecho, se sacó toda mención, en la acusación que formuló Chahuán, a financiamiento ilícito de la política, lo que sí estaba incluido al momento en que se formalizó a Jovino Novoa, en agosto de este año”.

Respecto del temor de que esta modalidad de negociación, para obtener un juicio abreviado, se pueda repetir con otros dirigentes políticos involucrados en el caso Penta, el jurista advierte su preocupación. “Lo vemos con bastante aprensión, en la medida que la defensa de Novoa logró obtener, a instancias de Chahuán, un acuerdo insólito a partir de los antecedentes que existían”.

Por ello, exige que este tipo de casos terminen en un juicio oral, “en el que toda la comunidad podrá observar, de una manera completamente transparente, toda la prueba de cargo y los argumentos de las defensas. Pero no a partir de estas negociaciones que, al parecer, estarán a la orden del día desde el momento en que se accedió a este arreglo que hemos criticado”.

En cuanto al caso de la senadora de la UDI Ena Von Baer, para quien se ha solicitado el levantamiento del secreto bancario, el abogado Daza recuerda que ya se han querellado criminalmente en contra de ella por financiamiento ilícito de campaña política, bajo la figura del cohecho, que involucra tanto obtener como solicitar financiamiento ilegal, con infracción al deber de probidad. “Acá se han cometido delitos en el contexto de la campaña senatorial de Ena Von Baer”.

Asimismo, advierte que también se han querellado, de manera similar, contra los senadores Jorge Pizarro y Fulvio Rossi, al igual que contra el diputado Roberto León.

“Queremos que se investigue de verdad y que no se paralicen las investigaciones a la mitad de su desarrollo, básicamente para poderle un término rápido a esto, a través de una condena pactada, que en la práctica no es una condena. La verdad es que nadie puede decir que una persona que vaya a firmar durante un año y medio al patronato de reos y que mantenga sus derechos políticos tenga una condena real, para delitos de esta connotación”.

En cuanto a las reiteradas críticas que surgen desde la UDI en contra de la Fiscalía, por considerar un trato diferenciado y desfavorable hacia sus dirigentes involucrados en los mencionados casos, para Daza se trata de una interpretación sesgada de la realidad, con el objetivo de obtener algún rédito político e intentar que los dirigentes de ese partido logren zafar de las irregularidades que están a la vista.

“Existe una realidad que se vincula con que el avance de la investigación de Penta ha sido más intenso y fácil que la arista SQM. Pero esto no es responsabilidad del Ministerio Público. Penta comenzó mucho antes que SQM, lo que explica el mayor avance. Pero cuando se descubre SQM se pudo observar un conjunto de actuaciones que no se concretaron cuando se abrió la arista Penta, y que involucra un esfuerzo absolutamente pensado para que esa arista no avance”.

Su aclaración se detiene en que “esto no deriva del Ministerio Público, sino que del Servicio de Impuestos Internos y de la dirigencia política vinculada a la Nueva Mayoría, que hoy gobierna y, por lo tanto, tiene mayor acceso a ejercer ciertos instrumentos de presión, para los efectos de que la arista SQM finalmente se tape”.

Todo esto como parte, según el abogado, de un contexto en el que existe una situación políticamente impresentable y que también se quiere ocultar.

“Que el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce, financió campañas de la Nueva Mayoría que involucra a un conjunto de personas que crearon y levantaron su carrera política a partir de un discurso contrario a la dictadura de Augusto Pinochet, pero que no tuvieron ningún problema en recibir, e incluso solicitar, dineros sacados, además, de una empresa que fue saqueada en dictadura. Eso, de alguna forma, se busca aminorar o tapar. En ese sentido, existe un esfuerzo para que esto no avance”.

Frente a este escenario, reconoce que tanto la Fiscalía como los querellantes deben optar. “No avanzamos en nada o tratamos de que se avance en todo. Tengo la convicción de que el fiscal Emiliano Arias, que está a cargo del caso SQM, ha hecho todos los esfuerzos en el Ministerio Público para sortear estas vayas. Y, finalmente, lograremos buenos resultados en esta arista”.

Y es que su mensaje también apunta a que “las personas que están a cargo de nuestras instituciones entiendan que ellos no pueden sacrificar su credibilidad para salvar a un puñado de personas. Esto obviamente va a generar beneficios para un grupo reducido de personeros que se han visto involucrados en graves irregularidades. Pero también un efecto muy dañino respecto de las instituciones y el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho”.

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