Un nuevo informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reiteró la persistencia de obstáculos para esclarecer verdad, justicia y reparación en casusas de violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas durante la dictadura cívico militar.
En seis capítulos se hace un análisis sobre preocupaciones respecto de garantías fundamentales en materias como seguridad ciudadana, género, infancia, migración, familia, derecho al trabajo y a la huelga, socioeconomía y pobreza e incluso institucionalidad democrática y corrupción.
Lorena Fríes, directora del INDH, aseguró que frente a la deuda que mantiene el Estado sobre los crímenes contra la humanidad de la Dictadura, hay varios pasos específicos por dar.
En ese sentido planteó el fin del secreto de los archivos Valech, afirmando que “cincuenta años es casi hacerse cómplices de la impunidad”.
“Ahora también decimos que bastaría con que se dé a conocer a los tribunales de justicia y si las víctimas quieren pedir su autorización para dar publicidad a esos antecedentes”, dijo.
Además, agregó que debe hacerse una instancia permanente de calificación de víctimas. “Eso no es un deseo no más, han ido apareciendo casos, evidencia que hace que gente que a lo mejor hace un par de años atrás no podía ser calificada, hoy día si puede. Y por cierto hay casos en los tribunales que van surgiendo y tienen el mismo derecho que las víctimas que ya están acreditadas ante las comisiones Valech”, comentó.
En tanto, el codirector del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, señaló que “todos sabemos todos los actores y el Estado que los problemas de fondo son problemas de relaciones interétnicas, de reconocimiento de derechos, entre ellos la tierra, la autonomía y vemos con preocupación que no hay avances en esa materia. Y en la medida de que no haya avances, las posibilidades de que esta espiral de violencia se fortalezca son mayores”, dijo.
“No podemos seguir con la misma política de asistencialismo y delincuencia que se le aplica al Pueblo Mapuche. No podemos seguir insistiendo en que la justicia militar juzgue a quienes violen DDHH. Hay muchas cosas que cambiar y este informe pone el acento en todas ellas y esperamos que sea tenido presente por el poder legislativo, cosa que lamentablemente no ocurre porque una vez que se entrega este informe pareciera que después se guarda en el cajón de los recuerdos”, sentenció el diputado de la comisión de DD.HH. de la Cámara, Hugo Gutiérrez.
El informe propuso respecto de la prevención de la corrupción, regular todo el ámbito público de forma integral; inhabilitar a los parlamentarios para cautelar conflictos de interés; transparentar totalmente todos los aportes al financiamiento de la política; y velar por la transparencia de los partidos.
Lorena Fries, en la última ocasión que rinde el informe en el cargo, subrayó en que los múltiples desafíos y las distintas materias que presentan dudas, coinciden en la necesidad de la participación ciudadana como base para el proceso constituyente que convocó el Gobierno.
Un nuevo informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reiteró la persistencia de obstáculos para esclarecer verdad, justicia y reparación en casusas de violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas durante la dictadura cívico militar.
En seis capítulos se hace un análisis sobre preocupaciones respecto de garantías fundamentales en materias como seguridad ciudadana, género, infancia, migración, familia, derecho al trabajo y a la huelga, socioeconomía y pobreza e incluso institucionalidad democrática y corrupción.
Lorena Fríes, directora del INDH, aseguró que frente a la deuda que mantiene el Estado sobre los crímenes contra la humanidad de la Dictadura, hay varios pasos específicos por dar.
En ese sentido planteó el fin del secreto de los archivos Valech, afirmando que “cincuenta años es casi hacerse cómplices de la impunidad”.
“Ahora también decimos que bastaría con que se dé a conocer a los tribunales de justicia y si las víctimas quieren pedir su autorización para dar publicidad a esos antecedentes”, dijo.
Además, agregó que debe hacerse una instancia permanente de calificación de víctimas. “Eso no es un deseo no más, han ido apareciendo casos, evidencia que hace que gente que a lo mejor hace un par de años atrás no podía ser calificada, hoy día si puede. Y por cierto hay casos en los tribunales que van surgiendo y tienen el mismo derecho que las víctimas que ya están acreditadas ante las comisiones Valech”, comentó.
En tanto, el codirector del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, señaló que “todos sabemos todos los actores y el Estado que los problemas de fondo son problemas de relaciones interétnicas, de reconocimiento de derechos, entre ellos la tierra, la autonomía y vemos con preocupación que no hay avances en esa materia. Y en la medida de que no haya avances, las posibilidades de que esta espiral de violencia se fortalezca son mayores”, dijo.
“No podemos seguir con la misma política de asistencialismo y delincuencia que se le aplica al Pueblo Mapuche. No podemos seguir insistiendo en que la justicia militar juzgue a quienes violen DDHH. Hay muchas cosas que cambiar y este informe pone el acento en todas ellas y esperamos que sea tenido presente por el poder legislativo, cosa que lamentablemente no ocurre porque una vez que se entrega este informe pareciera que después se guarda en el cajón de los recuerdos”, sentenció el diputado de la comisión de DD.HH. de la Cámara, Hugo Gutiérrez.
El informe propuso respecto de la prevención de la corrupción, regular todo el ámbito público de forma integral; inhabilitar a los parlamentarios para cautelar conflictos de interés; transparentar totalmente todos los aportes al financiamiento de la política; y velar por la transparencia de los partidos.
Lorena Fries, en la última ocasión que rinde el informe en el cargo, subrayó en que los múltiples desafíos y las distintas materias que presentan dudas, coinciden en la necesidad de la participación ciudadana como base para el proceso constituyente que convocó el Gobierno.
Un nuevo informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reiteró la persistencia de obstáculos para esclarecer verdad, justicia y reparación en casusas de violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas durante la dictadura cívico militar.
En seis capítulos se hace un análisis sobre preocupaciones respecto de garantías fundamentales en materias como seguridad ciudadana, género, infancia, migración, familia, derecho al trabajo y a la huelga, socioeconomía y pobreza e incluso institucionalidad democrática y corrupción.
Lorena Fríes, directora del INDH, aseguró que frente a la deuda que mantiene el Estado sobre los crímenes contra la humanidad de la Dictadura, hay varios pasos específicos por dar.
En ese sentido planteó el fin del secreto de los archivos Valech, afirmando que “cincuenta años es casi hacerse cómplices de la impunidad”.
“Ahora también decimos que bastaría con que se dé a conocer a los tribunales de justicia y si las víctimas quieren pedir su autorización para dar publicidad a esos antecedentes”, dijo.
Además, agregó que debe hacerse una instancia permanente de calificación de víctimas. “Eso no es un deseo no más, han ido apareciendo casos, evidencia que hace que gente que a lo mejor hace un par de años atrás no podía ser calificada, hoy día si puede. Y por cierto hay casos en los tribunales que van surgiendo y tienen el mismo derecho que las víctimas que ya están acreditadas ante las comisiones Valech”, comentó.
En tanto, el codirector del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, señaló que “todos sabemos todos los actores y el Estado que los problemas de fondo son problemas de relaciones interétnicas, de reconocimiento de derechos, entre ellos la tierra, la autonomía y vemos con preocupación que no hay avances en esa materia. Y en la medida de que no haya avances, las posibilidades de que esta espiral de violencia se fortalezca son mayores”, dijo.
“No podemos seguir con la misma política de asistencialismo y delincuencia que se le aplica al Pueblo Mapuche. No podemos seguir insistiendo en que la justicia militar juzgue a quienes violen DDHH. Hay muchas cosas que cambiar y este informe pone el acento en todas ellas y esperamos que sea tenido presente por el poder legislativo, cosa que lamentablemente no ocurre porque una vez que se entrega este informe pareciera que después se guarda en el cajón de los recuerdos”, sentenció el diputado de la comisión de DD.HH. de la Cámara, Hugo Gutiérrez.
El informe propuso respecto de la prevención de la corrupción, regular todo el ámbito público de forma integral; inhabilitar a los parlamentarios para cautelar conflictos de interés; transparentar totalmente todos los aportes al financiamiento de la política; y velar por la transparencia de los partidos.
Lorena Fries, en la última ocasión que rinde el informe en el cargo, subrayó en que los múltiples desafíos y las distintas materias que presentan dudas, coinciden en la necesidad de la participación ciudadana como base para el proceso constituyente que convocó el Gobierno.
