Contra el tiempo está el Gobierno tratando de analizar fórmulas para lograr entregar la gratuidad comprometida para 2016, esto luego que el Tribunal Constitucional fallara en contra de los destinatarios propuestos por el Ejecutivo, por considerarlo una segmentación discriminadora.

Mientras la Presidenta Michelle Bachelet reconoce públicamente la deficiencia en el trabajo prelegislativo, se conocen documentos elaborados por representantes de la Democracia Cristiana que advertían los problemas para llevar adelante la fórmula de gratuidad vía presupuesto de la nación, cuestionando también la distribución “arbitraria” de los ingresos, definida en el proyecto.

“Varias voces han alertado sobre los riesgos y la inconveniencia de hacer cambios al sistema de financiamiento de la educación superior a través de la Ley de Presupuestos. El Ministerio de Educación desestimó esas advertencias y el proyecto de presupuesto propone cambiar significativamente la forma de financiar la educación superior”.

El párrafo es tomado de uno de los textos elaborados por los senadores Ignacio Walker y Andrés Zaldívar, en conjunto con el ex ministro José Pablo Arellano, uno de los máximos ideólogos en educación que tiene la Democracia Cristiana, a los que tuvo acceso el diario El Mercurio.

En total se entregó dos documentos, en ambos se reforzaba la idea de continuar financiando a los estudiantes vía becas y créditos, también se proponía que la distribución de recursos debía alcanzar a todos los “estudiantes vulnerables” y no a los 200 mil que ingresen a las instituciones cobijadas por el CRUCh.

Uno de los argumentos usados es que el mecanismo elegido por el Gobierno “distorsiona los criterios de mérito académico que han caracterizado a nuestro sistema de educación superior. Para acceder a la gratuidad no se exige requisito académico, más allá de tener admisión a las IES, que en algunas instituciones se limita a la prueba rendida. En el caso de las becas y créditos siempre han existido requisitos académicos para obtener estos beneficios”. En palabras de Walker, Zaldívar y Arellano se crearían situaciones inequitativas, porque ante dos alumnos de igual situación económica y necesidad, se favorecería más a uno que tendría menor mérito académico por el solo hecho de matricularse en una institución acogida al sistema de gratuidad.

Con este debate en el ambiente, el Gobierno debe formular una nueva propuesta de gratuidad desde el 21 de diciembre,  fecha en la que se conocerá el fallo completo del Tribunal Constitucional que, por una parte, aceptó la entrega de recursos vía Ley de Presupuesto, pero declaró inconstitucional que se entreguen solo a los estudiantes que se matriculen en las instituciones que cumplan con los requisitos definidos por el Ejecutivo en su proyecto.

En la base de la discusión se encuentra la forma de financiamiento, mientras desde los sectores más progresistas del Gobierno y la sociedad se pide modificar el sistema de becas y créditos, los actores conservadores insisten que el reparto por esa vía es la que más se ajusta al sistema educativo nacional.

Así, algunos de los enfrentamientos al interior de la Nueva Mayoría hacen que frases como que “la glosa de gratuidad ya no es viable” se vuelvan comunes, esto porque ninguno de los dos sectores que conviven en su interior, están dispuestos a torcer su brazo y ceder en materia de gratuidad.

Por un lado, desde La Moneda insisten en que no realizarán la entrega de recursos a través de becas y créditos, así lo habría expresado la propia Presidenta, para quien ceder ante esa presión es traicionar el compromiso hecho con la ciudadanía. Sobre el alcance del beneficio, el ministro Marcelo Díaz lamentó que con la resolución del TC se restrinja el número de estudiantes que podrán estudiar gratis, esto porque “no van a estar de acuerdo con la idea de financiar a todo el mundo. Esto significaría entregar recursos de todos los chilenos a instituciones que no aseguran la calidad”.

Pero la oposición a reducir la gratuidad únicamente a las universidades del CRUCh tampoco convence a todo el bloque de Gobierno. Ignacio Walker espera que “nadie esté pensando que una fórmula alternativa sería beneficiar solo a las instituciones del CRUCh, porque eso sería restrictivo y mantendría la discriminación arbitraria”.

Por la profundidad de las diferencias y el límite de recursos disponibles (solo hay 536 mil millones de pesos), desde la Fundación Nodo XXI creen que es imposible que se produzca un debate para que la reforma tenga claridades y apoyo social y político sustantivo. Así lo planteó el director de Educación, Víctor Orellana, para quien la mejor solución es postergar el envío del proyecto.

Visión contrarrestada desde Educación 2020, quienes hacen el llamado a empezar cuanto antes el análisis de la forma y alcance de la gratuidad.

En ese sentido, la Presidenta Michelle Bachelet insiste en que la postura del Gobierno es mantener la gratuidad para 2016. En esa línea, la diputada comunista Camila Vallejo aseguró que “por convicción darán la pelea”.