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Año XII, 29 de noviembre de 2020

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FF.AA. persisten en encubrimientos de violaciones a los DD.HH.

La confesión de un ex conscripto la semana pasada a un programa radial sobre los crímenes que cometió luego del golpe de Estado, vuelve a poner en el debate el silencio de las instituciones armadas sobre lo ocurrido en el país.

Raúl Martínez

  Domingo 13 de diciembre 2015 17:36 hrs. 
ejército


En medio de risas y con tono burlesco, el ex conscripto Guillermo Reyes Rammsy confesó haber dinamitado a los cuerpos ya sin vida de militantes de izquierda en el norte de Chile luego del golpe de Estado de 1973.

El relato lo hizo a un programa de radio, donde comenzó a contar la historia de una amante suya, pero terminó recordando los crímenes que cometió junto a sus camaradas de armas del Ejército.

El hecho volvió a poner en la mesa el encubrimiento institucional que mantienen las Fuerzas Armadas de las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus funcionarios, a lo que se suman las revelaciones del ex juez Juan Guzmán Tapia, quien afirmó que los tribunales poco hicieron por procesar a los civiles involucrados en estos atropellos.

Pero a pesar que las instituciones armadas insisten en mantener silencio y proteger así a los responsables de estos crímenes, en el Parlamento creen que es complejo obligarlas a que entreguen la información y poner fin a lo que se ha denominado como el “pacto de silencio”.

Así lo sostuvo que diputado presidente de la comisión de Derechos Humanos, Raúl Saldívar, para quien “tiene que haber una obligación y de alguna forma esa obligación existe en el compromiso con sus propias entidades de las personas que hoy día las dirigen”.

Sin embargo, Saldívar reconoce que “la obligación puede ser burlada, como está ocurriendo”, por lo que a su juicio se requiere “buscar alguna herramienta, algún mecanismo que permita que las instituciones estén verdaderamente compelidas a tener que revelar hechos que ha ocultado. Eso no es un asunto sencillo, hay que estudiarlo bien, hay que evaluarlo, porque requiere de mecanismos que sean eficaces”, aunque también puntualiza que la eficacia de los mecanismos pasa por la voluntad de “algunas personas”, por lo que “la sanción política, la sanción moral que Chile le va a ir otorgando paulatinamente a estas instituciones, va a tener un costo enorme”.

Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, esta situación demuestra una vez más la falta de voluntad política por resolver el encubrimiento que hacen las FF.AA. en los casos de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura.

La dirigenta ejemplifica con el Decreto Ley de Amnistía, respecto del que si bien ha existido el compromiso de los gobiernos posdictatoriales de derogarlo, aún está vigente y de alguna manera se aplica cuando se entregan beneficios a los procesados por estos delitos.

Alicia Lira subraya que en los últimos 25 años “se comprometieron a anular la ley de amnistía: nunca lo han hecho. La interpretación al Código Penal, donde si eso se convierte en ley, el artículo 93 y 103, la Corte Suprema jamás podría aplicar en las condenas de violaciones los derechos humanos la prescripción ni la media prescripción que conlleva la pena remitida que es lo que estamos sufriendo permanentemente la denegación de justicia, porque los victimarios se van sin estar un solo día detenidos y eso violenta a una democracia”.

Por eso la única fórmula para avanzar con las causas de derechos humanos ha sido el lograr confesiones de conscriptos, como en el caso del cantautor y docente de la Universidad de Chile Víctor Jara, donde fue uno de estos soldados el que hace sólo algunos años contó ante los tribunales la forma en que fue asesinado de un disparo en la cabeza por un oficial y que luego fue acribillado intentando borrar la huella del crimen del responsable, Pedro Barrientos, quien aún vive en la impunidad en los Estados Unidos.

Todo esto es posible gracias al manto de silencio y de secreto que a juicio del abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, fue juramentado por quienes cometieron estos delitos, donde ninguno quiere ser el que desvele la verdad de lo sucedido con miles de personas.

Caucoto indicó eso sí que tiene la confianza en que la verdad en algún momento sea develada, “no sé en cuánto tiempo más, o ahora o mañana. Pero en algún minuto esa verdad brota y brota de cualquier forma, ya sea a través de un programa de radio o porque alguien” termina confesando. Esto porque “la conciencia es un tema muy acuciante. Es un tema que no deja dormir, que no deja vivir, que trastorna la vida de las personas. Por eso es que hay muchos ex militares  o ex violadores de derechos humanos que se ven involucrados en situaciones de depresión, de crisis psicológica, de intento de suicidio, de entrega a la bebida, a las drogas. Es un mal que nos aqueja a todos, pero esas son las versiones que nos entrega este ex conscripto”.

Por ahora, Guillermo Reyes Rammsy fue detenido por la Policía de Investigaciones y puesto a disposición del ministro especial para causas de derechos humanos, Mario Carroza, quien decidió someterlo a proceso por el crimen de Freddy Taberna Gallegos y Germán Palomino Vargas asesinados en octubre y noviembre de 1973 respectivamente, mientras estaban detenidos en el campo de prisioneros de Pisagua. Ambas víctimas eran militantes del Partido Socialista, colectividad que anunció que se hará parte de la querella en contra del ex conscripto que quedó con arresto domiciliario total por determinación del juez.