El Gobierno presentará durante el primer semestre del próximo año un proyecto de ley con el que se pretende modificar la Ley Reservada del Cobre. Esto en el marco de las investigaciones por malversación de fondos provenientes de dicha legislación al interior del Ejército.
La idea del Ejecutivo es adecuar la norma al futuro escenario de compra y venta del metal rojo.
El economista Manuel Riesco consideró que la ley que obliga a Codelco a aportar el 10 por ciento de sus ventas brutas a la Fuerzas Armadas elude el control democrático que se restringe a los pagos de sueldos, no a la compra de armas: “Lo que correspondería es mantener ese royalty, pero sí direccionarlo a los fondos generales de la nación. Independiente de que es indispensable que las Fuerzas Armadas tengan un gasto, tienen que hacerlo de acuerdo a la Ley General de Presupuesto y las discusiones democráticas”.
Riesco indicó que en la reorientación de los recursos se debe tomar en cuenta la capitalización de Codelco para bajar sus costos de deuda. Además añadió que en la política minera hay que tomar el ejemplo internacional del manejo de los recursos del petróleo y el gas, donde más del 80 por ciento está en manos de los Estados.
La diputada RN Paulina Núñez, a propósito del próximo inicio del trabajo de la comisión investigadora del caso denominado “Milicogate”, opinó que los cambios en la legislación deben ir en la dirección de fortalecer la fiscalización y controles de los órganos que se enteran del destino de los recursos.
En ese sentido, también planteó ingresos desde Ley de Presupuestos: “Las Fuerzas Armadas y nuestra defensa en los tiempos que estamos viviendo no pueden quedar desfinanciados. Si se discute que los recursos no vengan de la ley reservada del Cobre, imagino que el Gobierno tiene claro que los va a sacar de una Ley de Presupuesto o de alguna partida del Ministerio de Defensa aumentándole el presupuesto”.
La diputada Núñez también apostó por un presupuesto plurianual para las Fuerzas Armadas, idea con la que coincidió el presidente de la Comisión de Minería, el socialista Luis Lemus, quien además defendió la transparencia del proceso: “Esto (la transparencia) lo garantiza una ley que aparezca en el presupuesto de la nación con las reservas desde la perspectiva militar. Un presupuesto plurianual donde las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa deben defender sus recursos”.
Lemus sostuvo que a las Fuerzas Armadas debe asignárseles una parte “prudente” y evitar excesos, más aún cuando el precio del cobre está alto.
Desde Codelco en tanto, afirman que la actual legislación restringe el manejo financiero estatal provocando restricciones del mercado por normas impuestas desde el exterior, en particular por Estados Unidos, como por ejemplo en la emisión de bonos de deuda de la propia compañía minera.
Con todo, aún resta esperar los detalles de la propuesta que presentará el Ejecutivo durante los primeros meses de 2016 para modificar la cuestionada fórmula para el financiamiento de las Fuerzas Armadas.
El Gobierno presentará durante el primer semestre del próximo año un proyecto de ley con el que se pretende modificar la Ley Reservada del Cobre. Esto en el marco de las investigaciones por malversación de fondos provenientes de dicha legislación al interior del Ejército.
La idea del Ejecutivo es adecuar la norma al futuro escenario de compra y venta del metal rojo.
El economista Manuel Riesco consideró que la ley que obliga a Codelco a aportar el 10 por ciento de sus ventas brutas a la Fuerzas Armadas elude el control democrático que se restringe a los pagos de sueldos, no a la compra de armas: “Lo que correspondería es mantener ese royalty, pero sí direccionarlo a los fondos generales de la nación. Independiente de que es indispensable que las Fuerzas Armadas tengan un gasto, tienen que hacerlo de acuerdo a la Ley General de Presupuesto y las discusiones democráticas”.
Riesco indicó que en la reorientación de los recursos se debe tomar en cuenta la capitalización de Codelco para bajar sus costos de deuda. Además añadió que en la política minera hay que tomar el ejemplo internacional del manejo de los recursos del petróleo y el gas, donde más del 80 por ciento está en manos de los Estados.
La diputada RN Paulina Núñez, a propósito del próximo inicio del trabajo de la comisión investigadora del caso denominado “Milicogate”, opinó que los cambios en la legislación deben ir en la dirección de fortalecer la fiscalización y controles de los órganos que se enteran del destino de los recursos.
En ese sentido, también planteó ingresos desde Ley de Presupuestos: “Las Fuerzas Armadas y nuestra defensa en los tiempos que estamos viviendo no pueden quedar desfinanciados. Si se discute que los recursos no vengan de la ley reservada del Cobre, imagino que el Gobierno tiene claro que los va a sacar de una Ley de Presupuesto o de alguna partida del Ministerio de Defensa aumentándole el presupuesto”.
La diputada Núñez también apostó por un presupuesto plurianual para las Fuerzas Armadas, idea con la que coincidió el presidente de la Comisión de Minería, el socialista Luis Lemus, quien además defendió la transparencia del proceso: “Esto (la transparencia) lo garantiza una ley que aparezca en el presupuesto de la nación con las reservas desde la perspectiva militar. Un presupuesto plurianual donde las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa deben defender sus recursos”.
Lemus sostuvo que a las Fuerzas Armadas debe asignárseles una parte “prudente” y evitar excesos, más aún cuando el precio del cobre está alto.
Desde Codelco en tanto, afirman que la actual legislación restringe el manejo financiero estatal provocando restricciones del mercado por normas impuestas desde el exterior, en particular por Estados Unidos, como por ejemplo en la emisión de bonos de deuda de la propia compañía minera.
Con todo, aún resta esperar los detalles de la propuesta que presentará el Ejecutivo durante los primeros meses de 2016 para modificar la cuestionada fórmula para el financiamiento de las Fuerzas Armadas.
El Gobierno presentará durante el primer semestre del próximo año un proyecto de ley con el que se pretende modificar la Ley Reservada del Cobre. Esto en el marco de las investigaciones por malversación de fondos provenientes de dicha legislación al interior del Ejército.
La idea del Ejecutivo es adecuar la norma al futuro escenario de compra y venta del metal rojo.
El economista Manuel Riesco consideró que la ley que obliga a Codelco a aportar el 10 por ciento de sus ventas brutas a la Fuerzas Armadas elude el control democrático que se restringe a los pagos de sueldos, no a la compra de armas: “Lo que correspondería es mantener ese royalty, pero sí direccionarlo a los fondos generales de la nación. Independiente de que es indispensable que las Fuerzas Armadas tengan un gasto, tienen que hacerlo de acuerdo a la Ley General de Presupuesto y las discusiones democráticas”.
Riesco indicó que en la reorientación de los recursos se debe tomar en cuenta la capitalización de Codelco para bajar sus costos de deuda. Además añadió que en la política minera hay que tomar el ejemplo internacional del manejo de los recursos del petróleo y el gas, donde más del 80 por ciento está en manos de los Estados.
La diputada RN Paulina Núñez, a propósito del próximo inicio del trabajo de la comisión investigadora del caso denominado “Milicogate”, opinó que los cambios en la legislación deben ir en la dirección de fortalecer la fiscalización y controles de los órganos que se enteran del destino de los recursos.
En ese sentido, también planteó ingresos desde Ley de Presupuestos: “Las Fuerzas Armadas y nuestra defensa en los tiempos que estamos viviendo no pueden quedar desfinanciados. Si se discute que los recursos no vengan de la ley reservada del Cobre, imagino que el Gobierno tiene claro que los va a sacar de una Ley de Presupuesto o de alguna partida del Ministerio de Defensa aumentándole el presupuesto”.
La diputada Núñez también apostó por un presupuesto plurianual para las Fuerzas Armadas, idea con la que coincidió el presidente de la Comisión de Minería, el socialista Luis Lemus, quien además defendió la transparencia del proceso: “Esto (la transparencia) lo garantiza una ley que aparezca en el presupuesto de la nación con las reservas desde la perspectiva militar. Un presupuesto plurianual donde las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa deben defender sus recursos”.
Lemus sostuvo que a las Fuerzas Armadas debe asignárseles una parte “prudente” y evitar excesos, más aún cuando el precio del cobre está alto.
Desde Codelco en tanto, afirman que la actual legislación restringe el manejo financiero estatal provocando restricciones del mercado por normas impuestas desde el exterior, en particular por Estados Unidos, como por ejemplo en la emisión de bonos de deuda de la propia compañía minera.
Con todo, aún resta esperar los detalles de la propuesta que presentará el Ejecutivo durante los primeros meses de 2016 para modificar la cuestionada fórmula para el financiamiento de las Fuerzas Armadas.
