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Año XVI, 28 de marzo de 2024


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Camila Vallejo: “El Estado tiene el derecho y el deber de otorgar gratuidad a sus instituciones”

En conversación con Radio Universidad de Chile, la parlamentaria criticó la Ley Corta propuesta por el Gobierno, calificando de “indigno” el que se trate de hacer entrar “por la ventana” a las instituciones que, por abandono del Estado, quedan fuera de los criterios de la gratuidad.

Paula Campos y Patricio López

  Viernes 18 de diciembre 2015 12:19 hrs. 
Camila Vallejo

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La presidenta de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Camila Vallejo (PC) reiteró su rechazo a la idea de hacer efectivo el derecho a la gratuidad en la educación superior comprometido por el Gobierno mediante becas o definiéndolo a través de la Ley Corta que se ha mencionado y que dejaría a tres instituciones estatales sin acceso al programa.

Según dijo la parlamentaria, entrevistada en el programa Semáforo, existe claridad de que el esfuerzo estará concentrado en que efectivamente 200 mil estudiantes accedan a la gratuidad en 2016.

En ese sentido, recordó que el rechazo al mecanismo de becas para implementar la primera etapa de este derecho fue una definición política para adelantar lo que será el proyecto que busca la gratuidad universal.

Camila Vallejo insistió que en materia de establecimientos también se debe marcar un precedente, en el sentido que el Estado debe resguardar el financiamiento a sus universidades, diferenciando entre públicas y privadas.

Para la diputada del Partido Comunista, entregar gratuidad tal como está propuesta en la Ley Corta sería “un precedente muy nefasto que, además, podría hipotecar el futuro de la reforma a la educación superior”.

Camila Vallejo insiste en que es posible el financiamiento a las instituciones privadas, siempre y cuando, exista el marco regulatorio adecuado, porque son instituciones que pueden trabajar como aliados del Estado en la provisión del derecho a la educación. Sin embargo, enfatizó que el rol del Estado es salvaguardar a sus instituciones, para eso, debe tratarlas de manera específica, “estableciendo un mandato no sólo para la gratuidad sino que para otras misiones y propósitos públicos que deben cumplir ante la sociedad”.

Para la parlamentaria es lamentable que se haya filtrado el peor plan que se pudo pensar para entregar gratuidad el próximo año. A su juicio, la molestia de los rectores de las universidades estatales y los estudiantes, se pudo evitar, al haber entregado una solución efectiva y no adelantar luces de una ley que discrimina a tres universidades estatales por no contar con los años de acreditación suficientes: “Es una falta de respeto con estas instituciones (Los Lagos, Arturo Prat, UTEM)” el tratar de hacerlas entrar a la gratuidad por la puerta trasera. Es un poco indigno. Es legitimar que el Estado deje morir por inanición a las instituciones que son de su propiedad, que ha tenido abandonadas. Es responsabilidad del Estado rescatarlas. Tiene todo el derecho y deber de decir que sus instituciones sean gratuitas, incluso, independiente de todos los criterios, porque también es responsabilidad de ellos el que no tengan los estándares de acreditación”.

Junto con plantear un respaldo a las declaraciones del rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, pensando en la reforma a la educación superior que se discute el próximo año, Camila Vallejo llamó a resguardar la gradualidad para la gratuidad universal, asociándola a vulnerabilidad y a un estricto marco regulatorio.

“La universalización de la gratuidad tiene que asegurarlo el sistema público de provisión del Estado y también estas privadas que pueden cumplir ciertas funciones públicas específicas que mandate el Estado, y eso es un poco lo que se ha tratado de dibujar y, por eso, creemos que no es que aquí haya que excluir instituciones privadas, sino que hay que sumarlas dentro de una lógica de entendimiento de qué queremos de la educación superior y de los profesionales y técnicos para el país. Esto no se trata solamente de entregar subsidios de manera asistencialista”.

La diputada por La Florida enfatizó que la fórmula mediante la cual se haga efectivo el acceso al derecho de la gratuidad hace el fondo de la política pública y, lamentablemente, esa discusión no se ha dado. En ese sentido, llamó a reflexionar sobre qué modelo de educación queremos y qué objetivos debe cumplir, ya que la calidad se medirá en función de esas definiciones.

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