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Año XI, 20 de octubre de 2019

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Ambientalistas acusan impunidad de Barrick Gold tras derrame de cianuro en Argentina

Organizaciones ambientales argentinas inician arremetida judicial contra Barrick Gold después del derrame de cianuro en San Juan. Asimismo, toman en cuenta antecedentes de comunidades chilenas sobre el actuar la empresa, y destacan la resolución conseguida por ambientalistas chilenos que suspende las actividades de la minera en Pascua Lama.

Tania González

  Sábado 19 de diciembre 2015 10:46 hrs. 
Río Potrerillos Barrick

Luego de que la empresa Barrick Gold reconociera el derrame de más de un millón de litros de cianuro en San Juan (Argentina), continúa la polémica por el agua contaminada producto de este incidente.

Últimos informes preliminares del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), indican que se contaminó el cauce del río Potrerillos y que los valores del compuesto tóxico no son los recomendados para la vida acuática.

Jesica Luna integrante de la Asamblea Jáchal No se Toca, indicó que después de tres meses del derrame, su colectivo busca por medio de un amparo judicial que tanto la empresa o representantes de la mina Veladero, asuman responsabilidades.

“Si bien la empresa lo ha reconocido, todavía no hay ninguna causa legal sobre los responsables. En la policía minera que es la que controla, tampoco hay ningún imputado ni nada por esta causa. Está todo muy quieto porque tienen el apoyo del Gobierno. El gobernador de la Provincia de San Juan, José Luis Giogia, no ha venido a Jáchal y ni siquiera ha mandado a un responsable para ver el tema”.

Por su parte, Virginia Carpio, hidróloga testigo del Comité Evaluador Ambiental, señaló que actualmente se lleva a cabo un estudio de las aguas y de cemento en distintos puntos desde Veladero hasta Agua Negra.

Con dicho monitoreo se pretende analizar no solamente las concentraciones de cianuro, sino también de otros metales que se puedan encontrar.

Otra de las organizaciones ambientalistas que se oponen a las acciones de Barrick Gold es la Asamblea de Las Heras por el Agua. Uno de sus miembros, Marcelo Giraud, afirmó que la contaminación ya está probada y ahora con el informe del PNUMA lo que está en juego es en qué grado es la afectación de largo plazo.

“Meses después de producido el derrame ya no reviste de esa peligrosidad en lo que respecta al cianuro, pero todavía no conocemos con certeza qué valores encontró el PNUMA en lo que se refiere a los metales pesados. Dice solamente “valores anómalos”, pero qué tan anómalos, ¿respecto de la línea de base?, ¿de lo que establece la legislación de las concentraciones máximas admisibles para el agua potable?”.

Giraud afirmó que con este antecedente, existe una fuerte oposición argentina al proyecto binacional Pascua Lama que actualmente se encuentra suspendido para su optimización por orden del Servicio Nacional de Geología y Minería chileno (Sernageomin), cierre que podría extenderse hasta el 2020, hecho que relevó Giraud, y que calificó como un gran logro por parte de las agrupaciones ambientalistas y sociales chilenas.

La vocera de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares de Chile, Constanza San Juan, opinó que en ambas naciones queda demostrado que Barrick Gold es una “empresa criminal”.

“En Argentina se da aviso a las comunidades de que van más de un millón de litros de cianuro río abajo gracias a un trabajador que da aviso por WhatsApp. En Chile ha pasado lo mismo, Barrick ha estado contaminando nuestros ríos desde el 2009 en adelante y no ha comenzado a hacer el plan de emergencia que está en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Barrick nunca ha avisado que los parámetros están elevados y las personas se están contaminando hace 6 años con estos químicos en la cuenca del Río Huasco”.

La dirigenta ambiental del Valle del Huasco actualmente identifica un funcionamiento de la institucionalidad chilena en relación al tema, a su juicio, gracias a que hace 15 años hay una comunidad que no ha renunciado a denunciar y fiscalizar la actividad minera.