Diario y Radio U Chile

Año XII, 25 de noviembre de 2020

Escritorio MENÚ

Organismos acusan falta de coraje político para revisar financiamiento a FF.AA.

Los fraudes e irregularidades en las Fuerzas Armadas denunciadas, por ejemplo, en el caso “Milicogate” han traído nuevamente al debate el rol de los cuerpos de seguridad y orden, así como los gastos y la inversión del Estado en armamento y logística militar. En este contexto, abogados y organizaciones de Derechos Humanos llamaron a las autoridades a regularizar la diferencia que existe entre las pensiones que reciben los ciudadanos comunes y los militares.

Paula Correa

  Domingo 20 de diciembre 2015 10:45 hrs. 
FFAA



La diferencia que existe entre las pensiones de un ciudadano promedio y de quienes participan de la Defensa Nacional, quedó de manifiesto cuando en abril se dio a conocer el informe “Sistematización de audiencias y estudio cualitativo sobre estrategias de previsión y perspectivas ante la tercera edad”, que se elaboró a petición de la Comisión Asesora Presidencial de Pensiones.

El documento deja clara la desigualdad que existe cuando, quienes jubilan a través de las AFP, reciben menos de 200 mil pesos en caso de contar con un salario de unos 580 mil, retirándose a los 60 o 65 años. Sin embargo, la media de las jubilaciones de los suboficiales se mueve entre 550 y 680 mil pesos, y las de los oficiales entre un millón 480 y un millón 650 mil, retirándose en promedio a los 53 años.

En ese sentido, el abogado Roberto Garretón, catalogó como “inconcebible” que los militares cuenten con sistemas propios, como son la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y la Caja de la Dirección Previsional de Carabineros de Chile (Dipreca).

“Tienen un sistema de pensiones aparte porque Pinochet dijo (y mintió como hizo cada vez que habló), que iba a estudiar una manera para incorporar a las Fuerzas Armadas al escandaloso sistema de capitalización individual”, afirmó.

Garretón añadió que “en Chile no hay pensiones, hay ahorro de cada ciudadano, pero el Estado no pone ni un solo centavo para eso, salvo para los militares, los que torturaron y degollaron, algunos de los cuales han sido condenados, pero siguen manteniendo todas sus pensiones”, dijo.

El abogado de derechos humanos afirmó que “no podemos seguir financiando con nuestros impuestos la desigualdad en materia de pensiones”.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, afirmó que este asunto ha sido uno de los grandes omitidos por parte de las autoridades, las que “no han tenido disposición de regularizar esta escandalosa diferencia”.

“No hay voluntad política, porque eso debe partir por un proyecto de ley que nazca del Ejecutivo, donde se plantee esto, porque no se puede seguir en las condiciones en las que estamos. Los trabajadores mantienen una campaña persistente en contra de las AFP porque esto va a ser nefasto. Ya lo ha sido para quienes ya jubilaron, pero va a serlo mucho más considerando la situación que se viene generando económicamente en el país”, sostuvo.

A la desigualdad que crean estos sistemas especiales se suman una serie de casos de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, el abogado del Partido Comunista Eduardo Contreras, sostuvo que las FF.AA. están empeñadas en seguir reteniendo el poder, amparados por la inacción de las autoridades políticas.

“Lo más preocupante es el silencio. Salvo desde el mundo de los Derechos Humanos he escuchado muy pocas declaraciones condenatorias sobre lo que está ocurriendo y pedir justicia”, dijo.

El abogado sostuvo que lo que hay de fondo es la cobardía para no enfrentar el tema, más que los delitos mismos que comenten las Fuerzas Armadas, las que dedican a objetivos personales de los oficiales, los cuantiosos miles de millones de dólares que se les entrega por el concepto del diez por ciento de las ventas brutas del cobre, y la famosa historia de los gastos reservados.

“Mientras no haya coraje en los sectores políticos para poner fin a todos esto, seguirán habiendo los mismos abusos y los mismos peligros sobre nuestra democracia”, dijo tajante.

Cabe señalar que fuentes al interior del Gobierno sostuvieron que el tema ha sido estudiado por el Ministerio de Justicia y las de Defensa, pero también por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y la Dirección de Presupuestos (Dipres), las que han tenido criterios distintos a estas carteras, por lo que no se ha llegado a acuerdos.

En esa línea, abogados y organizaciones coincidieron en que este es uno de los grandes temas del país, no sólo en cuanto a hacerle frente a la desigualdad social, sino también en materia de Justicia, Derechos Humanos y fortalecimiento de la Democracia.