Este martes se dio a conocer una resolución de la Contraloría General de la República que deja sin efecto el dictamen 56.749 del 15 de octubre de 2009, donde se señalaba la imposibilidad del órgano de someter a revisión los estados de cuenta de operaciones vinculadas a la Ley Reservada del Cobre. Pese a que la citada ley permite explícitamente la posibilidad de que las cuentas relativas a ellas sean revisadas, el dictamen se autolimitaba en esta materia, impidiendo cualquier tipo de control y fiscalización.
Además de dejar sin efecto la normativa anterior, el dictamen firmado por la Contralora General Subrogante, Patricia Arriagada, consagra explícitamente que los fondos están sometidos a rendición de cuenta ante la Contraloría y que tanto las Fuerzas Armadas como el Ministerio de Defensa deben someterse a las instrucciones que al respecto imparta el órgano contralor.
El documento también consigna que las Fuerzas Armadas estarán obligadas a presentar los documentos fundantes de las inversiones efectuadas que requiera la contraloría, incluso de aquellas obras militares declaradas secretas.
Los diputados de la Democracia Cristiana, Jaime Pilowsky y Ricardo Rincón presentaron hace algunas semanas un documento que solicitaba dejar sin efecto el dictamen.
En conversación con el Diario Electrónico de Radio Universidad de Chile, el diputado Pilowsky celebró la decisión de la contraloría: “estamos absolutamente satisfechos con la decisión que ha tomado contraloría, que no es más ni menos que lo que señala la propia Ley Reservada del Cobre: que contraloría si puede revisar todo lo que dice relación con esa ley, pero de manera reservada”.
El diputado también destacó que “en democracia es necesario que el financiamiento de las Fuerzas Armadas sea transparente, que le permita la planificación a largo plazo y que fundamentalmente que tenga los sistemas de control, tanto la Contraloría como las comisiones de Defensa Nacional del parlamento.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional y miembro de la comisión de defensa, Germán Verdugo, señaló que dejar sujeta a fiscalización las materias secretas de las fuerzas armadas, es un asunto que “requiere un análisis de mayor profundidad”.
Fraude en el Ejército
Este miércoles se realizará la primera sesión de la comisión investigadora que busca Indagar las responsabilidades administrativas involucradas en el fraude fiscal ocurrido en el Ejército, a través de la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre, desde el año 2011 a la fecha.
La instancia contará con la participación del Comandante en Jefe del Ejército, el general Humberto Oviedo y del ministro de defensa José Antonio Gómez.
La comisión especial de la cámara baja busca determinar los hechos y las responsabilidades políticas y administrativas en el caso conocido como “Milicogate”, que hasta el momento involucra a 5 funcionarios del Ejército y que alcanzaría un monto que de 10 millones de dólares.
Este martes se dio a conocer una resolución de la Contraloría General de la República que deja sin efecto el dictamen 56.749 del 15 de octubre de 2009, donde se señalaba la imposibilidad del órgano de someter a revisión los estados de cuenta de operaciones vinculadas a la Ley Reservada del Cobre. Pese a que la citada ley permite explícitamente la posibilidad de que las cuentas relativas a ellas sean revisadas, el dictamen se autolimitaba en esta materia, impidiendo cualquier tipo de control y fiscalización.
Además de dejar sin efecto la normativa anterior, el dictamen firmado por la Contralora General Subrogante, Patricia Arriagada, consagra explícitamente que los fondos están sometidos a rendición de cuenta ante la Contraloría y que tanto las Fuerzas Armadas como el Ministerio de Defensa deben someterse a las instrucciones que al respecto imparta el órgano contralor.
El documento también consigna que las Fuerzas Armadas estarán obligadas a presentar los documentos fundantes de las inversiones efectuadas que requiera la contraloría, incluso de aquellas obras militares declaradas secretas.
Los diputados de la Democracia Cristiana, Jaime Pilowsky y Ricardo Rincón presentaron hace algunas semanas un documento que solicitaba dejar sin efecto el dictamen.
En conversación con el Diario Electrónico de Radio Universidad de Chile, el diputado Pilowsky celebró la decisión de la contraloría: “estamos absolutamente satisfechos con la decisión que ha tomado contraloría, que no es más ni menos que lo que señala la propia Ley Reservada del Cobre: que contraloría si puede revisar todo lo que dice relación con esa ley, pero de manera reservada”.
El diputado también destacó que “en democracia es necesario que el financiamiento de las Fuerzas Armadas sea transparente, que le permita la planificación a largo plazo y que fundamentalmente que tenga los sistemas de control, tanto la Contraloría como las comisiones de Defensa Nacional del parlamento.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional y miembro de la comisión de defensa, Germán Verdugo, señaló que dejar sujeta a fiscalización las materias secretas de las fuerzas armadas, es un asunto que “requiere un análisis de mayor profundidad”.
Fraude en el Ejército
Este miércoles se realizará la primera sesión de la comisión investigadora que busca Indagar las responsabilidades administrativas involucradas en el fraude fiscal ocurrido en el Ejército, a través de la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre, desde el año 2011 a la fecha.
La instancia contará con la participación del Comandante en Jefe del Ejército, el general Humberto Oviedo y del ministro de defensa José Antonio Gómez.
La comisión especial de la cámara baja busca determinar los hechos y las responsabilidades políticas y administrativas en el caso conocido como “Milicogate”, que hasta el momento involucra a 5 funcionarios del Ejército y que alcanzaría un monto que de 10 millones de dólares.
Este martes se dio a conocer una resolución de la Contraloría General de la República que deja sin efecto el dictamen 56.749 del 15 de octubre de 2009, donde se señalaba la imposibilidad del órgano de someter a revisión los estados de cuenta de operaciones vinculadas a la Ley Reservada del Cobre. Pese a que la citada ley permite explícitamente la posibilidad de que las cuentas relativas a ellas sean revisadas, el dictamen se autolimitaba en esta materia, impidiendo cualquier tipo de control y fiscalización.
Además de dejar sin efecto la normativa anterior, el dictamen firmado por la Contralora General Subrogante, Patricia Arriagada, consagra explícitamente que los fondos están sometidos a rendición de cuenta ante la Contraloría y que tanto las Fuerzas Armadas como el Ministerio de Defensa deben someterse a las instrucciones que al respecto imparta el órgano contralor.
El documento también consigna que las Fuerzas Armadas estarán obligadas a presentar los documentos fundantes de las inversiones efectuadas que requiera la contraloría, incluso de aquellas obras militares declaradas secretas.
Los diputados de la Democracia Cristiana, Jaime Pilowsky y Ricardo Rincón presentaron hace algunas semanas un documento que solicitaba dejar sin efecto el dictamen.
En conversación con el Diario Electrónico de Radio Universidad de Chile, el diputado Pilowsky celebró la decisión de la contraloría: “estamos absolutamente satisfechos con la decisión que ha tomado contraloría, que no es más ni menos que lo que señala la propia Ley Reservada del Cobre: que contraloría si puede revisar todo lo que dice relación con esa ley, pero de manera reservada”.
El diputado también destacó que “en democracia es necesario que el financiamiento de las Fuerzas Armadas sea transparente, que le permita la planificación a largo plazo y que fundamentalmente que tenga los sistemas de control, tanto la Contraloría como las comisiones de Defensa Nacional del parlamento.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional y miembro de la comisión de defensa, Germán Verdugo, señaló que dejar sujeta a fiscalización las materias secretas de las fuerzas armadas, es un asunto que “requiere un análisis de mayor profundidad”.
Fraude en el Ejército
Este miércoles se realizará la primera sesión de la comisión investigadora que busca Indagar las responsabilidades administrativas involucradas en el fraude fiscal ocurrido en el Ejército, a través de la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre, desde el año 2011 a la fecha.
La instancia contará con la participación del Comandante en Jefe del Ejército, el general Humberto Oviedo y del ministro de defensa José Antonio Gómez.
La comisión especial de la cámara baja busca determinar los hechos y las responsabilidades políticas y administrativas en el caso conocido como “Milicogate”, que hasta el momento involucra a 5 funcionarios del Ejército y que alcanzaría un monto que de 10 millones de dólares.
