Congreso aprueba ley corta de gratuidad
“Hoy estamos dibujando entre todos la historia de Chile de una manera distinta”. Con estas palabras la ministra de Educación celebró la aprobación de la ley corta de gratuidad por el Congreso. Mientras, parlamentarios oficialistas insistieron en sus críticas a la derecha y al Tribunal Constitucional por el rechazo a la glosa de gratuidad.
Miércoles 23 de diciembre 2015 20:48 hrs.
El Congreso Nacional aprobó la ley corta de financiamiento de la gratuidad de educación superior 2016, luego de alcanzar un acuerdo para que la oposición no recurra nuevamente al Tribunal Constitucional.
La negociación implicó duplicar los recursos para el fondo de fortalecimiento de las universidades estatales, pasando de 2 mil 500 a 5 mil millones; la incorporación gradual de los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales a la gratuidad, estableciendo un plazo de 3 años; y el aumento de la beca Nuevo Milenio 3, de 900 mil a 1 millón 500 mil pesos, lo que disminuiría considerablemente el copago en los aranceles.
En este sentido, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Jaime Quintana, explicó que, de aprobarse las indicaciones del Gobierno, los dineros provendrían “de aquellos recursos que probablemente no sean utilizados, porque algunas universidades han señalado públicamente que no ingresarán a la gratuidad”.
En este sentido, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, agradeció a los parlamentarios la voluntad para aprobar la legislación en tiempo record.
“Yo quisiera quedarme a nombre del Gobierno y de la Presidenta Bachelet con la noción de que hoy estamos dibujando entre todos la historia de Chile de una manera distinta, más allá de las diferencias, creo que ha existido esfuerzos a veces fructíferos, a veces no tanto, de lograr un dialogo constructivo en función de este objetivo y quiero señalar que esto también es un precedente para la ley de educación superior que mandaremos al Parlamento antes de que termine este año, es decir, la próxima semana”.
Además, la ministra confirmó que ya ingresó al Congreso la ley comprometida para que las instituciones técnicas que funcionan con personalidades jurídicas con fines de lucro pasen a ser corporaciones sin fines de lucro, para poder acceder a la gratuidad una vez que dicho régimen entre en operación, luego de la reforma a la educación.
En lo que se refiere a las reacciones de los actores políticos, estos continuaron con la seguidilla de declaraciones cruzadas, intentando culpar al rival político del escenario que se creó a partir de la intervención del Tribunal Constitucional.
Así, el senador Quintana indicó que la aprobación de la ley corta significa una derrota política para los sectores que siempre se opusieron a la gratuidad.
“Quienes han intentado frenar la gratuidad no han logrado su objetivo y por lo tanto nos parece que era necesario insistir en una fórmula legal en el camino que el Gobierno tomó recogiendo los principios que van a estructurar la futura ley larga de gratuidad”.
El senador del PS Carlos Montes lamentó la actitud de la derecha y del Tribunal Constitucional, indicando la importancia de establecer límites a los alcances de los pronunciamientos de dicha instancia.
“Lamentamos la actitud que ha tenido la derecha que ahora apoya la gratuidad, pero que fue al Tribunal a cuestionar la gratuidad. Rechazamos el tenor del fallo y esperamos luego entrar en un debate sobre una nueva Constitución y en ese marco sobre los alcances y límites de lo que puede decir el Tribunal Constitucional, y no incurrir en las facultades de otros organismos, evitando tener otra cámara”.
Mientras, la oposición valoró que se haya generado un acuerdo que genera mayor igualdad entre los alumnos, mejorando lo que a su juicio era una mala política pública, según señaló el senador de la UDI Juan Antonio Coloma.
“Quiero ser claro, esta no es la ley que el país esperaba, este no es el paso copernicano para mejorar la calidad de la educación, esta es la continuidad de una política que se viene estableciendo desde el gobierno anterior y que al menos se mejoró desde lo original, gracias al Tribunal Constitucional, que señaló que aquí la clave es ser parejo y no discriminar como se estaba haciendo”.
Con la aprobación de esta modificación presupuestaria, comienza a dibujarse el escenario en que se discutirá la ley que viene a regular el actual sistema de educación superior, proyecto que ingresará la próxima semana al Congreso y en relación al cual los actores sociales de la educación han manifestado su molestia por no sentirse considerados en su elaboración.
El Congreso Nacional aprobó la ley corta de financiamiento de la gratuidad de educación superior 2016, luego de alcanzar un acuerdo para que la oposición no recurra nuevamente al Tribunal Constitucional.
La negociación implicó duplicar los recursos para el fondo de fortalecimiento de las universidades estatales, pasando de 2 mil 500 a 5 mil millones; la incorporación gradual de los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales a la gratuidad, estableciendo un plazo de 3 años; y el aumento de la beca Nuevo Milenio 3, de 900 mil a 1 millón 500 mil pesos, lo que disminuiría considerablemente el copago en los aranceles.
En este sentido, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Jaime Quintana, explicó que, de aprobarse las indicaciones del Gobierno, los dineros provendrían “de aquellos recursos que probablemente no sean utilizados, porque algunas universidades han señalado públicamente que no ingresarán a la gratuidad”.
En este sentido, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, agradeció a los parlamentarios la voluntad para aprobar la legislación en tiempo record.
“Yo quisiera quedarme a nombre del Gobierno y de la Presidenta Bachelet con la noción de que hoy estamos dibujando entre todos la historia de Chile de una manera distinta, más allá de las diferencias, creo que ha existido esfuerzos a veces fructíferos, a veces no tanto, de lograr un dialogo constructivo en función de este objetivo y quiero señalar que esto también es un precedente para la ley de educación superior que mandaremos al Parlamento antes de que termine este año, es decir, la próxima semana”.
Además, la ministra confirmó que ya ingresó al Congreso la ley comprometida para que las instituciones técnicas que funcionan con personalidades jurídicas con fines de lucro pasen a ser corporaciones sin fines de lucro, para poder acceder a la gratuidad una vez que dicho régimen entre en operación, luego de la reforma a la educación.
En lo que se refiere a las reacciones de los actores políticos, estos continuaron con la seguidilla de declaraciones cruzadas, intentando culpar al rival político del escenario que se creó a partir de la intervención del Tribunal Constitucional.
Así, el senador Quintana indicó que la aprobación de la ley corta significa una derrota política para los sectores que siempre se opusieron a la gratuidad.
“Quienes han intentado frenar la gratuidad no han logrado su objetivo y por lo tanto nos parece que era necesario insistir en una fórmula legal en el camino que el Gobierno tomó recogiendo los principios que van a estructurar la futura ley larga de gratuidad”.
El senador del PS Carlos Montes lamentó la actitud de la derecha y del Tribunal Constitucional, indicando la importancia de establecer límites a los alcances de los pronunciamientos de dicha instancia.
“Lamentamos la actitud que ha tenido la derecha que ahora apoya la gratuidad, pero que fue al Tribunal a cuestionar la gratuidad. Rechazamos el tenor del fallo y esperamos luego entrar en un debate sobre una nueva Constitución y en ese marco sobre los alcances y límites de lo que puede decir el Tribunal Constitucional, y no incurrir en las facultades de otros organismos, evitando tener otra cámara”.
Mientras, la oposición valoró que se haya generado un acuerdo que genera mayor igualdad entre los alumnos, mejorando lo que a su juicio era una mala política pública, según señaló el senador de la UDI Juan Antonio Coloma.
“Quiero ser claro, esta no es la ley que el país esperaba, este no es el paso copernicano para mejorar la calidad de la educación, esta es la continuidad de una política que se viene estableciendo desde el gobierno anterior y que al menos se mejoró desde lo original, gracias al Tribunal Constitucional, que señaló que aquí la clave es ser parejo y no discriminar como se estaba haciendo”.
Con la aprobación de esta modificación presupuestaria, comienza a dibujarse el escenario en que se discutirá la ley que viene a regular el actual sistema de educación superior, proyecto que ingresará la próxima semana al Congreso y en relación al cual los actores sociales de la educación han manifestado su molestia por no sentirse considerados en su elaboración.
El Congreso Nacional aprobó la ley corta de financiamiento de la gratuidad de educación superior 2016, luego de alcanzar un acuerdo para que la oposición no recurra nuevamente al Tribunal Constitucional.
La negociación implicó duplicar los recursos para el fondo de fortalecimiento de las universidades estatales, pasando de 2 mil 500 a 5 mil millones; la incorporación gradual de los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales a la gratuidad, estableciendo un plazo de 3 años; y el aumento de la beca Nuevo Milenio 3, de 900 mil a 1 millón 500 mil pesos, lo que disminuiría considerablemente el copago en los aranceles.
En este sentido, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Jaime Quintana, explicó que, de aprobarse las indicaciones del Gobierno, los dineros provendrían “de aquellos recursos que probablemente no sean utilizados, porque algunas universidades han señalado públicamente que no ingresarán a la gratuidad”.
En este sentido, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, agradeció a los parlamentarios la voluntad para aprobar la legislación en tiempo record.
“Yo quisiera quedarme a nombre del Gobierno y de la Presidenta Bachelet con la noción de que hoy estamos dibujando entre todos la historia de Chile de una manera distinta, más allá de las diferencias, creo que ha existido esfuerzos a veces fructíferos, a veces no tanto, de lograr un dialogo constructivo en función de este objetivo y quiero señalar que esto también es un precedente para la ley de educación superior que mandaremos al Parlamento antes de que termine este año, es decir, la próxima semana”.
Además, la ministra confirmó que ya ingresó al Congreso la ley comprometida para que las instituciones técnicas que funcionan con personalidades jurídicas con fines de lucro pasen a ser corporaciones sin fines de lucro, para poder acceder a la gratuidad una vez que dicho régimen entre en operación, luego de la reforma a la educación.
En lo que se refiere a las reacciones de los actores políticos, estos continuaron con la seguidilla de declaraciones cruzadas, intentando culpar al rival político del escenario que se creó a partir de la intervención del Tribunal Constitucional.
Así, el senador Quintana indicó que la aprobación de la ley corta significa una derrota política para los sectores que siempre se opusieron a la gratuidad.
“Quienes han intentado frenar la gratuidad no han logrado su objetivo y por lo tanto nos parece que era necesario insistir en una fórmula legal en el camino que el Gobierno tomó recogiendo los principios que van a estructurar la futura ley larga de gratuidad”.
El senador del PS Carlos Montes lamentó la actitud de la derecha y del Tribunal Constitucional, indicando la importancia de establecer límites a los alcances de los pronunciamientos de dicha instancia.
“Lamentamos la actitud que ha tenido la derecha que ahora apoya la gratuidad, pero que fue al Tribunal a cuestionar la gratuidad. Rechazamos el tenor del fallo y esperamos luego entrar en un debate sobre una nueva Constitución y en ese marco sobre los alcances y límites de lo que puede decir el Tribunal Constitucional, y no incurrir en las facultades de otros organismos, evitando tener otra cámara”.
Mientras, la oposición valoró que se haya generado un acuerdo que genera mayor igualdad entre los alumnos, mejorando lo que a su juicio era una mala política pública, según señaló el senador de la UDI Juan Antonio Coloma.
“Quiero ser claro, esta no es la ley que el país esperaba, este no es el paso copernicano para mejorar la calidad de la educación, esta es la continuidad de una política que se viene estableciendo desde el gobierno anterior y que al menos se mejoró desde lo original, gracias al Tribunal Constitucional, que señaló que aquí la clave es ser parejo y no discriminar como se estaba haciendo”.
Con la aprobación de esta modificación presupuestaria, comienza a dibujarse el escenario en que se discutirá la ley que viene a regular el actual sistema de educación superior, proyecto que ingresará la próxima semana al Congreso y en relación al cual los actores sociales de la educación han manifestado su molestia por no sentirse considerados en su elaboración.
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