El 29 de diciembre de 2014 la Presidenta Michelle Bachelet envió el proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales. A un año de aquello, los parlamentarios oficialistas de las comisiones de Trabajo del Congreso Nacional se reunieron con la mesa directiva de la CUT para abordar en conjunto lo que queda del trámite.
La iniciativa debe ser revisada por la comisión de Hacienda del senado, que preside el DC Andrés Zaldívar para luego pasar por la Sala y posteriormente volver a la Cámara Baja, donde si se aprueban las últimas indicaciones que ha enviado el Gobierno y en las que seguramente insistirá, con la figura de las adecuaciones necesarias, se obligará una comisión mixta.
La CUT reconoció a los diputados y senadores de las comisiones como sus aliados en esta materia, valorando su desempeño y votación frente a las enmiendas del Ejecutivo y lo que venía de la Cámara Baja.
Sin embargo, la presidenta de la instancia legislativa en el Senado, Adriana Muñoz (PPD), reconoció el trabajo complejo que viene por delante, para negociar con legisladores (principalmente senadores) del oficialismo que han mostrado posturas similares a las críticas del empresariado y dirigentes de las pymes.
“No es desconocido que al interior de la propia Nueva Mayoría tenemos diferencias y en estos temas en que los dirigentes de la Central Unitaria nos han planteado insistentemente y nosotros compartimos, que no pueden ser entregados en una negociación que debilite los planteamientos que ha hecho la Presidenta y que ingresó a la Cámara de Diputados”, comentó la parlamentaria.
La presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, comentó que “no se está haciendo un favor a ningún actor, ni se está cumpliendo con el capricho de una central. Los senadores recorrieron el país solicitando el voto y mayorías parlamentarias para implementar un programa de gobierno que dice explícitamente no al reemplazo de trabajadores en la huelga, que los beneficios no se van a extender sino a los trabajadores afiliados al sindicato y nosotros hemos hecho una concesión, ellos fueron los que pusieron el énfasis en la titularidad, en una mejor negociación colectiva y por lo tanto, creo que esa es una manera muy clara de enfrentar el proceso que estamos viviendo”.
Los parlamentarios coincidieron con la CUT en la indicación del Gobierno sobre las adecuaciones necesarias, vista por los trabajadores como un reemplazo en huelga encubierto, como la principal preocupación.
En ese sentido el senador Juan Pablo Letelier, aseguró que en la comisión de la Cámara Alta se cauteló el derecho a huelga efectiva, pero que el tema de los ajustes está contenido en un catálogo de “prácticas desleales” y que el principio de la huelga, definido al principio del proyecto rige sobre la norma.
“Se está sobredimensionando las cosas, porque lo que rige es el principio, la huelga. Las prácticas desleales son una dimensión para establecer sanciones. La redacción que hicimos era eliminar este concepto de ajustes necesarios porque se prestaba para malas interpretaciones y creemos que quedó mucho mejor redactado para evitar ambigüedades cuando los jueces tengan que resolver si ciertas acciones deben ser o no sancionadas”, dijo.
Además, el diputado Osvaldo Andrade (PS) reconoció que ni los parlamentarios, ni los trabajadores están preocupados por la fecha tope de discusión legislativa determinada por el Gobierno, el 31 de enero, último día antes del receso del Congreso Nacional.
Por esto, queda esperar qué dice el Gobierno cuando la iniciativa llegue a la Sala.
El 29 de diciembre de 2014 la Presidenta Michelle Bachelet envió el proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales. A un año de aquello, los parlamentarios oficialistas de las comisiones de Trabajo del Congreso Nacional se reunieron con la mesa directiva de la CUT para abordar en conjunto lo que queda del trámite.
La iniciativa debe ser revisada por la comisión de Hacienda del senado, que preside el DC Andrés Zaldívar para luego pasar por la Sala y posteriormente volver a la Cámara Baja, donde si se aprueban las últimas indicaciones que ha enviado el Gobierno y en las que seguramente insistirá, con la figura de las adecuaciones necesarias, se obligará una comisión mixta.
La CUT reconoció a los diputados y senadores de las comisiones como sus aliados en esta materia, valorando su desempeño y votación frente a las enmiendas del Ejecutivo y lo que venía de la Cámara Baja.
Sin embargo, la presidenta de la instancia legislativa en el Senado, Adriana Muñoz (PPD), reconoció el trabajo complejo que viene por delante, para negociar con legisladores (principalmente senadores) del oficialismo que han mostrado posturas similares a las críticas del empresariado y dirigentes de las pymes.
“No es desconocido que al interior de la propia Nueva Mayoría tenemos diferencias y en estos temas en que los dirigentes de la Central Unitaria nos han planteado insistentemente y nosotros compartimos, que no pueden ser entregados en una negociación que debilite los planteamientos que ha hecho la Presidenta y que ingresó a la Cámara de Diputados”, comentó la parlamentaria.
La presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, comentó que “no se está haciendo un favor a ningún actor, ni se está cumpliendo con el capricho de una central. Los senadores recorrieron el país solicitando el voto y mayorías parlamentarias para implementar un programa de gobierno que dice explícitamente no al reemplazo de trabajadores en la huelga, que los beneficios no se van a extender sino a los trabajadores afiliados al sindicato y nosotros hemos hecho una concesión, ellos fueron los que pusieron el énfasis en la titularidad, en una mejor negociación colectiva y por lo tanto, creo que esa es una manera muy clara de enfrentar el proceso que estamos viviendo”.
Los parlamentarios coincidieron con la CUT en la indicación del Gobierno sobre las adecuaciones necesarias, vista por los trabajadores como un reemplazo en huelga encubierto, como la principal preocupación.
En ese sentido el senador Juan Pablo Letelier, aseguró que en la comisión de la Cámara Alta se cauteló el derecho a huelga efectiva, pero que el tema de los ajustes está contenido en un catálogo de “prácticas desleales” y que el principio de la huelga, definido al principio del proyecto rige sobre la norma.
“Se está sobredimensionando las cosas, porque lo que rige es el principio, la huelga. Las prácticas desleales son una dimensión para establecer sanciones. La redacción que hicimos era eliminar este concepto de ajustes necesarios porque se prestaba para malas interpretaciones y creemos que quedó mucho mejor redactado para evitar ambigüedades cuando los jueces tengan que resolver si ciertas acciones deben ser o no sancionadas”, dijo.
Además, el diputado Osvaldo Andrade (PS) reconoció que ni los parlamentarios, ni los trabajadores están preocupados por la fecha tope de discusión legislativa determinada por el Gobierno, el 31 de enero, último día antes del receso del Congreso Nacional.
Por esto, queda esperar qué dice el Gobierno cuando la iniciativa llegue a la Sala.
El 29 de diciembre de 2014 la Presidenta Michelle Bachelet envió el proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales. A un año de aquello, los parlamentarios oficialistas de las comisiones de Trabajo del Congreso Nacional se reunieron con la mesa directiva de la CUT para abordar en conjunto lo que queda del trámite.
La iniciativa debe ser revisada por la comisión de Hacienda del senado, que preside el DC Andrés Zaldívar para luego pasar por la Sala y posteriormente volver a la Cámara Baja, donde si se aprueban las últimas indicaciones que ha enviado el Gobierno y en las que seguramente insistirá, con la figura de las adecuaciones necesarias, se obligará una comisión mixta.
La CUT reconoció a los diputados y senadores de las comisiones como sus aliados en esta materia, valorando su desempeño y votación frente a las enmiendas del Ejecutivo y lo que venía de la Cámara Baja.
Sin embargo, la presidenta de la instancia legislativa en el Senado, Adriana Muñoz (PPD), reconoció el trabajo complejo que viene por delante, para negociar con legisladores (principalmente senadores) del oficialismo que han mostrado posturas similares a las críticas del empresariado y dirigentes de las pymes.
“No es desconocido que al interior de la propia Nueva Mayoría tenemos diferencias y en estos temas en que los dirigentes de la Central Unitaria nos han planteado insistentemente y nosotros compartimos, que no pueden ser entregados en una negociación que debilite los planteamientos que ha hecho la Presidenta y que ingresó a la Cámara de Diputados”, comentó la parlamentaria.
La presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, comentó que “no se está haciendo un favor a ningún actor, ni se está cumpliendo con el capricho de una central. Los senadores recorrieron el país solicitando el voto y mayorías parlamentarias para implementar un programa de gobierno que dice explícitamente no al reemplazo de trabajadores en la huelga, que los beneficios no se van a extender sino a los trabajadores afiliados al sindicato y nosotros hemos hecho una concesión, ellos fueron los que pusieron el énfasis en la titularidad, en una mejor negociación colectiva y por lo tanto, creo que esa es una manera muy clara de enfrentar el proceso que estamos viviendo”.
Los parlamentarios coincidieron con la CUT en la indicación del Gobierno sobre las adecuaciones necesarias, vista por los trabajadores como un reemplazo en huelga encubierto, como la principal preocupación.
En ese sentido el senador Juan Pablo Letelier, aseguró que en la comisión de la Cámara Alta se cauteló el derecho a huelga efectiva, pero que el tema de los ajustes está contenido en un catálogo de “prácticas desleales” y que el principio de la huelga, definido al principio del proyecto rige sobre la norma.
“Se está sobredimensionando las cosas, porque lo que rige es el principio, la huelga. Las prácticas desleales son una dimensión para establecer sanciones. La redacción que hicimos era eliminar este concepto de ajustes necesarios porque se prestaba para malas interpretaciones y creemos que quedó mucho mejor redactado para evitar ambigüedades cuando los jueces tengan que resolver si ciertas acciones deben ser o no sancionadas”, dijo.
Además, el diputado Osvaldo Andrade (PS) reconoció que ni los parlamentarios, ni los trabajadores están preocupados por la fecha tope de discusión legislativa determinada por el Gobierno, el 31 de enero, último día antes del receso del Congreso Nacional.
Por esto, queda esperar qué dice el Gobierno cuando la iniciativa llegue a la Sala.
