Quienes acusaban a la ex presidenta Cristina Fernández de que la Ley de Medios estaba hecha expresamente para perjudicar al Grupo Clarín, no podrían sino decir, ahora, que los intentos de Mauricio Macri por desmontarla están hechos a la medida de ese consorcio mediático. En efecto, si los alcances de La Ley de Medios fueran anulados se generarían las condiciones para que Clarín recupere el imperio que, desregulaciones mediante, pudo expandir sin límites hasta hace poco. Pero también serían beneficiosas para todos los consorcios nacionales y extranjeros que quisieran invertir y acumular porcentaje de la participación medial en ese país.

Más crudamente, se podría agregar que con estas acciones por decreto el Presidente devuelve la mano a estos grupos que, renunciando a la tradicional formalidad mediática de ser observadores de la realidad, bajaron a la arena para jugarse todas sus cartas por la derrota del kirchnerismo. Ya célebre y elocuente es la afirmación del periodista de Clarín, Jorge Lanata: “Yo soy el jefe de la oposición”.

De este modo, la idea de cambio de ciclo político en la región sale del análisis súper-estructural y empieza a jugarse en la reversión de políticas que, aunque en general no terminaban con el orden capitalista y desigual del continente, apuntaban a modificar las relaciones de poder. En esa disputa los medios de comunicación de masas han sido, desde su aparición, un actor fundamental. Su capacidad para moldear conciencias, adormecer rebeldías frente a las injusticias y hacer que el pueblo mire para un lado cuando las cosas importantes ocurren en el otro, son elementos constitutivos del control social.

Como puede comprobarse en Chile, donde en la televisión existen noticiarios que no dan noticias.

El problema de fondo en toda esta trifulca, entonces, es que la disputa mediática es una disputa por la distribución del poder en la sociedad. Y crucial, porque es la disputa del poder simbólico, de las subjetividades, del sentido común. Hay una situación que es visible en el resto de la región y que aquí no, quizás por la profundidad de la revolución neoliberal implementada por la dictadura: la concentración de los medios en América Latina se agudizó durante la década del 90, cuando se aplicaron más intensamente las políticas del Consenso de Washington. Es lógico entonces que los gobiernos que se han propuesto desmontar los efectos de aquellas medidas hayan considerado la implementación de Leyes de Medios.

Transitoriamente, el intento de Macri ha quedado bloqueado por la decisión del juez Luis Arias de la provincia de La Plata, quien prohibió a los interventores nombrados en las instituciones que regulan a los medios ejecutar cualquier tipo de medida administrativa en el lapso de tiempo que hayan estado o les quede frente al organismo.

Sin embargo, si la medida se llevara a cabo las consecuencias serían de enorme envergadura: ya no habría incompatibilidad para que los consorcios puedan conservar canales de aire, de cable y radios. Además, las licencias se extenderán por diez años con opción a cinco más sin concursos, es decir, realizando transacciones entre particulares sin devolverlas al Estado, como está dispuesto actualmente, en consonancia con el sentido de una concesión del .Estado.

Así, y por poner algunos ejemplos, Telefe podría sostener sus 9 canales de televisión abierta en todo el país, América se quedaría con su canal de aire y el que tiene de cable, A24, y no debería desprenderse de uno de ellos. Canal 9 también podría extender su licencia y tener radio, mientras que la cordobesa Cadena 3 podría conservar todas sus emisoras. Perfil tendría mejores posibilidades de acceder a su propio canal de TV y, por supuesto, el Grupo Clarín obtendría múltiples beneficios de la adecuación.

La Ley de Medios es considerada uno de los cinco avances más significativos de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Esta legislación, cuyo verdadero nombre es Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue promulgada el 10 de octubre de 2009 en reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, difundida en 1980 por la dictadura militar y vigente desde entonces. Su propósito fue evitar, a través de distintas vías, la presencia descomedida de propietarios en la escena pública, de modo que los argentinos tuvieran la posibilidad de informarse a través de una diversidad de voces. Del mismo modo, la ley había servido hasta ahora para que los medios públicos ocuparan un lugar significativo en el debate público de ese país.

La razón por la cual debe haber legislación mediática es la misma por la cual la educación y la salud no deben ser regidas por el mercado: la comunicación es un derecho. Más aún, en tiempos en que la política se pone se despliega, fundamentalmente, a través de los medios. El único modo de que las mayorías o que la diversidad social se pongan en ejecución es que se expresen a través de los medios. Cuando el Estado no lo cautela, es el poder minoritario del dinero el que controla la construcción de contenidos para toda la sociedad.

Podrá y deberá discutirse, es válido y necesario, el modo en que se garantiza que el rol del Estado no concentre poder mediático para los objetivos de sus moradores transitorios. Que por un lado garantice el derecho a la comunicación de todos y que por el otro sus medios respondan a un genuino interés público, en vez de ser aparatos propagandísticos del gobierno de turno. Pero ese debate no puede servir como excusa para que los grandes consorcios mediáticos –en Argentina, en Chile y en el resto de América Latina- invoquen una espuria libertad de prensa, que no es de los ciudadanos y ni siquiera de los periodistas, sino la libertad empresarial para acaparar sin límites los espacios de comunicación masiva de los países. Y con ello perpetuar un poder que le ha hecho mucho más mal que bien a los habitantes de este continente.