Millonarios préstamos abren debate sobre autorregulación y privilegios del Congreso
Los préstamos por más de 100 millones de pesos realizados por el Congreso a parlamentarios de un amplio espectro de partidos políticos, han puesto en tela de juicio los mecanismos de control y regulación del Poder Legislativo. “Esto no tiene que ver con casos aislados, sino que se trata de una conducta permanente y sostenida en el tiempo”, sostuvo el diputado Gabriel Boric.
Jueves 7 de enero 2016 0:53 hrs.
SALA SENADO CONGRESO NACIONAL VALPARAISO
Este martes se filtraron los resultados de una auditoría realizada a la Cámara de Diputados por el estudio de abogados Ossandón & Ossandón. El control externo arrojó que sólo durante el 2014, el Congreso realizó préstamos de dinero a cinco parlamentarios por montos que superarían los 104 millones de pesos. Jenny Álvarez (PS), Cristián Campos (PPD), Marisol Turres (UDI), Diego Paulsen (RN), Jaime Pilowsky (DC) y Claudio Arriagada (DC), serían los involucrados en esta práctica.
Los créditos habrían sido otorgados mediante una facultad consagrada en el artículo 68 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, que establece la autonomía de las cámaras para decidir la distribución de sus fondos.
Según consiga el informe de la auditoría externa, los préstamos se hicieron bajo la figura de adelanto de dieta legislativa, permitiéndoles devolver el monto adeudado en 28 cuotas, sin intereses ni reajustes. Esta devolución representaría un desmedro de los fondos del órgano, en la medida en que el extenso plazo de devolución y la ausencia de reajuste hace que el monto devuelto sea, en términos reales, menor que el que se solicitó.
Esta práctica se estaría desarrollando desde 1990 y, al menos en la Cámara de Diputados, se habría extendido hasta marzo de este año cuando fue revocada a través de un acuerdo reglamentario.
Sobre esta práctica, el diputado de Izquierda Autónoma Gabriel Boric, sostuvo que “esto es una muestra de los privilegios que existen y de lo injustos que son. Creo que acá las defensas corporativas no tienen cabida, porque contribuyen a aumentar el desprestigio e incluso a estas alturas a hacer el ridículo”.
Además el diputado agregó que “este congreso no hay que defenderlo como está, tenemos que apostar a transformarlo y para eso se requiere no solo la crítica por Facebook y Twitter, sino que también organizarse para reemplazar a quienes han venido legitimando y naturalizando este tipo de prácticas que no son solo excepciones a la regla: hay una conducta permanente y sostenida de actuar con privilegios”.
“Nadie se llevado plata para la casa”
El escándalo por los créditos también se extendió a la Cámara Alta luego de que este miércoles se conociera que los senadores Alejandro Navarro y Jaime Orpis también recibieran préstamos. A diferencia de la Cámara Baja, en el Senado no se ha presentado ninguna iniciativa o acuerdo que prohíba la realización de estas prácticas.
El senador del Partido Socialista Alfonso de Urresti, miembro de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, señaló que esta situación era totalmente desconocida por la mayoría de los parlamentarios y explicó que a su juicio esto se trata de “un abuso de literalidad”. En este sentido afirmo que “aquí nadie se lleva la plata para la casa. Yo no sé cuáles son las condiciones de retiro o indemnizaciones de las empresas del estado, pero cuando a alguien lo indemniza una empresa del Estado (como Codelco), con 500 millones, me parece a lo menos cuestionable. (…) Espero que esto sirva para fiscalizar a otros órganos del Estado”.
Además, el parlamentario sostuvo que “más allá de la cuantía, los préstamos nunca son buenos, porque la institución no está para eso. Para este tipo de cosas están las cajas de compensación y los bancos, o si no establezcamos derechamente un servicio de bienestar que yo creo que debiera tener el Parlamento”.
El problema de fondo
Sobre el alcance jurídico, y específicamente respecto al mecanismo utilizado para ceder los préstamos, el llamado “Adelanto de dieta” el senador De Urresti manifestó que “desde el punto de vista jurídico pudiera ser que se adelante el día de pago, eso yo lo he visto en las empresas privadas, pero no los préstamos”.
En este sentido, el abogado de la Universidad de Valparaíso e Investigador en Derecho Penal, Felipe Reyes, descartó que este caso pueda asimilarse de cualquier forma a lo que ocurre en el sistema privado, debido a que “los parlamentarios tienen una relación autónoma, no sujeta a un contrato de trabajo que supone un vínculo de subordinación y dependencia, ni tampoco al estatuto administrativo que rige a los funcionarios públicos”.
El abogado explicó además que el problema de fondo es que el órgano legislativo no cuenta con mecanismos de autocontrol o fiscalización externos a él, y se trata en definitiva de un órgano que dicta las propias normas que le van a regir, sin ninguna clase de revisión: “Esto permite, por ejemplo, que sean los mismos parlamentarios quienes, por un lado, dictan las normas a las cuales deberán someterse y por otro escogerán a los funcionarios que las aplicarán y revisarán. Ahí radica parte de sus privilegios”.
Para Reyes, la idea central de este conflicto radica en discurrir sobre cómo se van asentando e institucionalizando las formas de corrupción: “La forma jurídica, al no contemplar mecanismos efectivos de control, coadyuva a la mantención de los privilegios. En Chile, hay una importante cantidad de parlamentarios que no sólo lo son por motivos ideológicos o de representación política, sino porque sencillamente resulta un buen negocio y buen foco de enriquecimiento”, concluyó.
Este martes se filtraron los resultados de una auditoría realizada a la Cámara de Diputados por el estudio de abogados Ossandón & Ossandón. El control externo arrojó que sólo durante el 2014, el Congreso realizó préstamos de dinero a cinco parlamentarios por montos que superarían los 104 millones de pesos. Jenny Álvarez (PS), Cristián Campos (PPD), Marisol Turres (UDI), Diego Paulsen (RN), Jaime Pilowsky (DC) y Claudio Arriagada (DC), serían los involucrados en esta práctica.
Los créditos habrían sido otorgados mediante una facultad consagrada en el artículo 68 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, que establece la autonomía de las cámaras para decidir la distribución de sus fondos.
Según consiga el informe de la auditoría externa, los préstamos se hicieron bajo la figura de adelanto de dieta legislativa, permitiéndoles devolver el monto adeudado en 28 cuotas, sin intereses ni reajustes. Esta devolución representaría un desmedro de los fondos del órgano, en la medida en que el extenso plazo de devolución y la ausencia de reajuste hace que el monto devuelto sea, en términos reales, menor que el que se solicitó.
Esta práctica se estaría desarrollando desde 1990 y, al menos en la Cámara de Diputados, se habría extendido hasta marzo de este año cuando fue revocada a través de un acuerdo reglamentario.
Sobre esta práctica, el diputado de Izquierda Autónoma Gabriel Boric, sostuvo que “esto es una muestra de los privilegios que existen y de lo injustos que son. Creo que acá las defensas corporativas no tienen cabida, porque contribuyen a aumentar el desprestigio e incluso a estas alturas a hacer el ridículo”.
Además el diputado agregó que “este congreso no hay que defenderlo como está, tenemos que apostar a transformarlo y para eso se requiere no solo la crítica por Facebook y Twitter, sino que también organizarse para reemplazar a quienes han venido legitimando y naturalizando este tipo de prácticas que no son solo excepciones a la regla: hay una conducta permanente y sostenida de actuar con privilegios”.
“Nadie se llevado plata para la casa”
El escándalo por los créditos también se extendió a la Cámara Alta luego de que este miércoles se conociera que los senadores Alejandro Navarro y Jaime Orpis también recibieran préstamos. A diferencia de la Cámara Baja, en el Senado no se ha presentado ninguna iniciativa o acuerdo que prohíba la realización de estas prácticas.
El senador del Partido Socialista Alfonso de Urresti, miembro de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, señaló que esta situación era totalmente desconocida por la mayoría de los parlamentarios y explicó que a su juicio esto se trata de “un abuso de literalidad”. En este sentido afirmo que “aquí nadie se lleva la plata para la casa. Yo no sé cuáles son las condiciones de retiro o indemnizaciones de las empresas del estado, pero cuando a alguien lo indemniza una empresa del Estado (como Codelco), con 500 millones, me parece a lo menos cuestionable. (…) Espero que esto sirva para fiscalizar a otros órganos del Estado”.
Además, el parlamentario sostuvo que “más allá de la cuantía, los préstamos nunca son buenos, porque la institución no está para eso. Para este tipo de cosas están las cajas de compensación y los bancos, o si no establezcamos derechamente un servicio de bienestar que yo creo que debiera tener el Parlamento”.
El problema de fondo
Sobre el alcance jurídico, y específicamente respecto al mecanismo utilizado para ceder los préstamos, el llamado “Adelanto de dieta” el senador De Urresti manifestó que “desde el punto de vista jurídico pudiera ser que se adelante el día de pago, eso yo lo he visto en las empresas privadas, pero no los préstamos”.
En este sentido, el abogado de la Universidad de Valparaíso e Investigador en Derecho Penal, Felipe Reyes, descartó que este caso pueda asimilarse de cualquier forma a lo que ocurre en el sistema privado, debido a que “los parlamentarios tienen una relación autónoma, no sujeta a un contrato de trabajo que supone un vínculo de subordinación y dependencia, ni tampoco al estatuto administrativo que rige a los funcionarios públicos”.
El abogado explicó además que el problema de fondo es que el órgano legislativo no cuenta con mecanismos de autocontrol o fiscalización externos a él, y se trata en definitiva de un órgano que dicta las propias normas que le van a regir, sin ninguna clase de revisión: “Esto permite, por ejemplo, que sean los mismos parlamentarios quienes, por un lado, dictan las normas a las cuales deberán someterse y por otro escogerán a los funcionarios que las aplicarán y revisarán. Ahí radica parte de sus privilegios”.
Para Reyes, la idea central de este conflicto radica en discurrir sobre cómo se van asentando e institucionalizando las formas de corrupción: “La forma jurídica, al no contemplar mecanismos efectivos de control, coadyuva a la mantención de los privilegios. En Chile, hay una importante cantidad de parlamentarios que no sólo lo son por motivos ideológicos o de representación política, sino porque sencillamente resulta un buen negocio y buen foco de enriquecimiento”, concluyó.
Este martes se filtraron los resultados de una auditoría realizada a la Cámara de Diputados por el estudio de abogados Ossandón & Ossandón. El control externo arrojó que sólo durante el 2014, el Congreso realizó préstamos de dinero a cinco parlamentarios por montos que superarían los 104 millones de pesos. Jenny Álvarez (PS), Cristián Campos (PPD), Marisol Turres (UDI), Diego Paulsen (RN), Jaime Pilowsky (DC) y Claudio Arriagada (DC), serían los involucrados en esta práctica.
Los créditos habrían sido otorgados mediante una facultad consagrada en el artículo 68 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, que establece la autonomía de las cámaras para decidir la distribución de sus fondos.
Según consiga el informe de la auditoría externa, los préstamos se hicieron bajo la figura de adelanto de dieta legislativa, permitiéndoles devolver el monto adeudado en 28 cuotas, sin intereses ni reajustes. Esta devolución representaría un desmedro de los fondos del órgano, en la medida en que el extenso plazo de devolución y la ausencia de reajuste hace que el monto devuelto sea, en términos reales, menor que el que se solicitó.
Esta práctica se estaría desarrollando desde 1990 y, al menos en la Cámara de Diputados, se habría extendido hasta marzo de este año cuando fue revocada a través de un acuerdo reglamentario.
Sobre esta práctica, el diputado de Izquierda Autónoma Gabriel Boric, sostuvo que “esto es una muestra de los privilegios que existen y de lo injustos que son. Creo que acá las defensas corporativas no tienen cabida, porque contribuyen a aumentar el desprestigio e incluso a estas alturas a hacer el ridículo”.
Además el diputado agregó que “este congreso no hay que defenderlo como está, tenemos que apostar a transformarlo y para eso se requiere no solo la crítica por Facebook y Twitter, sino que también organizarse para reemplazar a quienes han venido legitimando y naturalizando este tipo de prácticas que no son solo excepciones a la regla: hay una conducta permanente y sostenida de actuar con privilegios”.
“Nadie se llevado plata para la casa”
El escándalo por los créditos también se extendió a la Cámara Alta luego de que este miércoles se conociera que los senadores Alejandro Navarro y Jaime Orpis también recibieran préstamos. A diferencia de la Cámara Baja, en el Senado no se ha presentado ninguna iniciativa o acuerdo que prohíba la realización de estas prácticas.
El senador del Partido Socialista Alfonso de Urresti, miembro de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, señaló que esta situación era totalmente desconocida por la mayoría de los parlamentarios y explicó que a su juicio esto se trata de “un abuso de literalidad”. En este sentido afirmo que “aquí nadie se lleva la plata para la casa. Yo no sé cuáles son las condiciones de retiro o indemnizaciones de las empresas del estado, pero cuando a alguien lo indemniza una empresa del Estado (como Codelco), con 500 millones, me parece a lo menos cuestionable. (…) Espero que esto sirva para fiscalizar a otros órganos del Estado”.
Además, el parlamentario sostuvo que “más allá de la cuantía, los préstamos nunca son buenos, porque la institución no está para eso. Para este tipo de cosas están las cajas de compensación y los bancos, o si no establezcamos derechamente un servicio de bienestar que yo creo que debiera tener el Parlamento”.
El problema de fondo
Sobre el alcance jurídico, y específicamente respecto al mecanismo utilizado para ceder los préstamos, el llamado “Adelanto de dieta” el senador De Urresti manifestó que “desde el punto de vista jurídico pudiera ser que se adelante el día de pago, eso yo lo he visto en las empresas privadas, pero no los préstamos”.
En este sentido, el abogado de la Universidad de Valparaíso e Investigador en Derecho Penal, Felipe Reyes, descartó que este caso pueda asimilarse de cualquier forma a lo que ocurre en el sistema privado, debido a que “los parlamentarios tienen una relación autónoma, no sujeta a un contrato de trabajo que supone un vínculo de subordinación y dependencia, ni tampoco al estatuto administrativo que rige a los funcionarios públicos”.
El abogado explicó además que el problema de fondo es que el órgano legislativo no cuenta con mecanismos de autocontrol o fiscalización externos a él, y se trata en definitiva de un órgano que dicta las propias normas que le van a regir, sin ninguna clase de revisión: “Esto permite, por ejemplo, que sean los mismos parlamentarios quienes, por un lado, dictan las normas a las cuales deberán someterse y por otro escogerán a los funcionarios que las aplicarán y revisarán. Ahí radica parte de sus privilegios”.
Para Reyes, la idea central de este conflicto radica en discurrir sobre cómo se van asentando e institucionalizando las formas de corrupción: “La forma jurídica, al no contemplar mecanismos efectivos de control, coadyuva a la mantención de los privilegios. En Chile, hay una importante cantidad de parlamentarios que no sólo lo son por motivos ideológicos o de representación política, sino porque sencillamente resulta un buen negocio y buen foco de enriquecimiento”, concluyó.
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