Fraude en el Ejército: SII interpone querella por delitos tributarios
La acción judicial está dirigida en contra del coronel Clovis Montero y el cabo primero Juan Cruz Valverde, e incluye a los civiles Raúl Fuentes y Francisco Huincahue, quienes habrían ocasionado un perjuicio fiscal de 158 millones de pesos.
Miércoles 13 de enero 2016 17:50 hrs.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella en el Séptimo Juzgado de Garantía, en el marco del llamado “Milicogate”, un caso de fraude al Fisco por el uso indebido de más de 2 mil millones de pesos de los fondos de la Ley Reservada del Cobre.
La acusación está dirigida en contra del coronel Clovis Montero y el cabo primero Juan Carlos Cruz Valverde –quienes se encuentran en prisión preventiva por la justicia militar-, por presuntos delitos tributarios contemplados en el artículo 97 número 4 inciso primero del Código Tributario, los que habrían ocasionado un perjuicio fiscal de 158 millones de pesos entre 2013 y 2014.
El libelo incluye a los civiles Raúl Fuentes y Francisco Huinacahue, en su calidad de proveedores del Ejército, y que habrían entregado boletas ideológicamente falsas, de acuerdo a la investigación iniciada en su contra.
Esta es la primera querella que el organismo fiscalizador presenta por este caso.
Recordemos que el caso “Milicogate” estalló a principios de 2015 cuando el Ejército detectó este fraude en la unidad Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) que consistía en la adquisición y contratación de supuestos servicios e insumos para reparar equipos militares, labores inexistentes por las cuales se emitían facturas falsas con cargo a fondos de la Ley Reservada del Cobre.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella en el Séptimo Juzgado de Garantía, en el marco del llamado “Milicogate”, un caso de fraude al Fisco por el uso indebido de más de 2 mil millones de pesos de los fondos de la Ley Reservada del Cobre.
La acusación está dirigida en contra del coronel Clovis Montero y el cabo primero Juan Carlos Cruz Valverde –quienes se encuentran en prisión preventiva por la justicia militar-, por presuntos delitos tributarios contemplados en el artículo 97 número 4 inciso primero del Código Tributario, los que habrían ocasionado un perjuicio fiscal de 158 millones de pesos entre 2013 y 2014.
El libelo incluye a los civiles Raúl Fuentes y Francisco Huinacahue, en su calidad de proveedores del Ejército, y que habrían entregado boletas ideológicamente falsas, de acuerdo a la investigación iniciada en su contra.
Esta es la primera querella que el organismo fiscalizador presenta por este caso.
Recordemos que el caso “Milicogate” estalló a principios de 2015 cuando el Ejército detectó este fraude en la unidad Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) que consistía en la adquisición y contratación de supuestos servicios e insumos para reparar equipos militares, labores inexistentes por las cuales se emitían facturas falsas con cargo a fondos de la Ley Reservada del Cobre.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella en el Séptimo Juzgado de Garantía, en el marco del llamado “Milicogate”, un caso de fraude al Fisco por el uso indebido de más de 2 mil millones de pesos de los fondos de la Ley Reservada del Cobre.
La acusación está dirigida en contra del coronel Clovis Montero y el cabo primero Juan Carlos Cruz Valverde –quienes se encuentran en prisión preventiva por la justicia militar-, por presuntos delitos tributarios contemplados en el artículo 97 número 4 inciso primero del Código Tributario, los que habrían ocasionado un perjuicio fiscal de 158 millones de pesos entre 2013 y 2014.
El libelo incluye a los civiles Raúl Fuentes y Francisco Huinacahue, en su calidad de proveedores del Ejército, y que habrían entregado boletas ideológicamente falsas, de acuerdo a la investigación iniciada en su contra.
Esta es la primera querella que el organismo fiscalizador presenta por este caso.
Recordemos que el caso “Milicogate” estalló a principios de 2015 cuando el Ejército detectó este fraude en la unidad Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) que consistía en la adquisición y contratación de supuestos servicios e insumos para reparar equipos militares, labores inexistentes por las cuales se emitían facturas falsas con cargo a fondos de la Ley Reservada del Cobre.
