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Año XII, 3 de agosto de 2020

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Posible anulación de Ley de Pesca vive momentos decisivos en la Cámara

La bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana esperaba que este miércoles se revisara la admisibilidad del proyecto que pretende anular la iniciativa. No obstante, el debate se postergó para la próxima semana. En tanto, parlamentarios hicieron hincapié en que una eventual derogación, en vez de la anulación de la ley, implicaría indemnizar a las empresas pesqueras con 10 mil millones de dólares.

Tania González

  Miércoles 13 de enero 2016 11:48 hrs. 





Finalmente, la Sala de la Cámara de Diputados votará la admisibilidad del proyecto promovido por la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana que busca anular la cuestionada Ley de Pesca, más conocida como Ley Longueira, el próximo miércoles 20 de enero

La fecha fue comunicada por el presidente de la Corporación, el diputado del PPD Marco Antonio Núñez, tras la petición hecha por el Partido Comunista sobre este tema, colectividad que ha sido la principal impulsora, junto a la Izquierda Ciudadana, de esta iniciativa que persigue la revocación de la ley que fuera aprobada en 2012.

“El día de ayer la Mesa recibió el informe de la Secretaría, respecto de la admisibilidad del proyecto que usted comenta. La decisión de la Mesa es que faltan antecedentes que complementen el análisis jurídico-legislativo que ha hecho la Secretaría, por lo tanto hemos definido, conforme a reglamento, que el plazo fatal para determinar la admisibilidad es el miércoles 20, con los complementos que hemos requerido para mejor definir”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados.

El jefe de la bancada PC-IC, Daniel Núñez, sostuvo que la legislación aprobada hace más de dos años tiene vicios de origen, considerando los antecedentes que han surgido en el marco de la investigación del caso Corpesca.

“Es por todos conocido que en medio del trámite de esta ley hubo aportes de las empresas, particularmente Corpesca, al senador [Jaime] Orpis y a la ex diputada Marta Isasi [ambos de la UDI]. Evidentemente estos aportes fueron soborno, compra de votos para beneficiar directamente a las empresas pesqueras en una ley que les entregaba la propiedad de los peces. Por lo tanto, está claro que esta no es una ley democrática, no es soberana, es una ley que nace del soborno”.

En tanto, la diputada PPD Cristina Girardi se refirió a la diferencia que hay entre derogar y anular la ley.

“Si se derogara esta ley habría que pagar 10 mil millones de dólares a estas empresas, por lo mismo, nosotros estamos pidiendo que se anule esta ley básicamente porque se constituyó a través de un ilícito”.

El vocero de la Confederación Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Machuca, apoya la iniciativa puesto que a su juicio, solo beneficia a siete familias, y no cuenta con un Comité Científico de alta presencia ni un Comité de Manejo descentralizado.

De este modo, el dirigente espera que parlamentarios de la derecha y de la Democracia Cristiana tengan altura de miras y apoyen este proyecto.

“Tiene que haber una revisión completa a la Ley de Pesca o su anulación, porque de otra manera vamos a seguir agudizando la situación del sector artesanal y se va a ver en serias complicaciones la sustentabilidad de los recursos pesqueros que están en su mayoría colapsando”.

En tanto, el diputado independiente Iván Fuentes perteneciente a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, descartó de plano la derogación de la ley que significaría indemnizar a las empresas y volver a la legislación de los años 90, no obstante, tampoco se mostró de acuerdo con anularla sino que con hacerle cambios.

“No vamos a caminar bien si la ley no es de plena conformidad de todos los actores y en este caso, las personas de las plantas pesqueras que han sido despedidas y la pesca artesanal en general tiene disconformidades. Por lo tanto, me parece muy preciso el poder modificar buena parte de la ley. No tenemos porqué perder lo bueno, las partes de conformidad por ejemplo son el que no paguemos patentes las áreas de manejo y que exista la Plataforma Social”.