El proyecto de ley que busca modernizar el sistema de relaciones laborales, a través de la modificación del Código del Trabajo, sigue generando problemas y desencuentros. No solo entre Gobierno y oposición, sino que especialmente entre los propios integrantes de la Nueva Mayoría.

De hecho, la Reforma Laboral una vez más fue la protagonista este miércoles, a propósito de la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, donde se encuentra la iniciativa, luego de su conflictivo y extendido paso por la Comisión de Trabajo.

Mucha confusión e incertidumbre en la antesala, luego que comenzara a circular la idea del Ejecutivo de que el proyecto regresaría precisamente a la Comisión de Trabajo, con el objetivo de lograr los votos necesarios para aprobarla en Sala y así evitar su paso a una comisión mixta.

Esto, considerando que el Gobierno aún no cuenta con los votos de los senadores PPD Eugenio Tuma y Felipe Harboe, así como de los DC Ignacio y Patricio Walker, Andrés Zaldívar, Jorge Pizarro y Manuel Antonio Matta.

Qué mejor ejemplo que el presidente de la DC, Jorge Pizarro, se enterara de esta decisión a través del presidente de la UDI, Hernán Larraín, quien a su vez recibió la información de la ministra, también DC, Ximena Rincón.

Pero no solo eso. En el La Moneda también están empeñados en evitar que la Reforma sea llevada por la oposición hasta el Tribunal Constitucional, tal como ocurrió con la gratuidad para la educación superior.

Un complejo escenario, a pocas horas de que la Presidenta Michelle Bachelet recibiera en el Palacio de Cerro Castillo de Viña del Mar a los ministros del comité político, a los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría y también a diputados y senadores del conglomerado.

De hecho, en conversación con Radio Universidad de Chile, el diputado comunista Lautaro Carmona advertía que “vamos a plantear que si no existe una voluntad real de que esto se está trabajando para lograr una mejor posición a favor de la Reforma, no tiene sentido postergarla”.

Asimismo, defendió el programa de Gobierno ante la falta de consenso en el oficialismo, insistiendo en que “hay que respetar los compromisos adquiridos con el país”.

Por ello, no es de extrañar que entre los dirigentes de la CUT exista preocupación de que un aplazamiento del proyecto implicaría la modificación de puntos ya acordados.

Sin embargo, finalmente la Comisión de Hacienda –integrada por el DC Andrés Zaldívar, el PPD Ricardo Lagos, el PS Carlos Montes, el RN José García y el UDI Juan Antonio Coloma– aprobó y despachó el proyecto a la Sala del Senado.

Presiones, diferencias y posibles nuevas indicaciones

Fue el senador Zaldívar, presidente de la Comisión, quien explicó que “nos correspondía ver y despachar este proyecto y despejar así estos rumores que surgieron respecto a que era esta Comisión la que ponía trabas. Nosotros solo vimos y nos pronunciamos sobre los temas de nuestra competencia y será en la Sala del Senado donde se verán los temas en controversia”.

Además, detalló que “en la Comisión despachamos los artículos y luego el Gobierno tendrá que traer sus definiciones y la Sala, especialmente, será la que resolverá los temas que surjan”, a propósito de la posibilidad de que el Ejecutivo introduzca nuevas indicaciones.

Asimismo reconoció que “tenemos diferencias en la Nueva Mayoría sobre unos tres o cuatro temas que hemos discutido con los ministros de Hacienda y Trabajo. Esperamos que el Gobierno traiga sus definiciones sobre el particular y serán ellos los que resuelvan los trámites a seguir”.

Por su parte, el senador García precisó que se analizaron normas acotadas, referidas al mayor gasto público en relación a este proyecto. “La que establece la remuneración de los árbitros, porque hay empresas en donde sus trabajadores no puede ir a huelga. Por lo tanto, sus diferencias de remuneraciones y de beneficios tienen que estar determinadas por un árbitro. Para este punto hemos despachado las normas que señalan cómo se establecen las remuneraciones de esos árbitros y quién paga las remuneraciones”.

Cabe destacar que también se aprobó el artículo que reemplaza las actuales escuelas de formación sindical por un Fondo de Formación Sindical, que se financia con los recursos que están en la Ley de Presupuestos.

Un punto que se rechazó, por considerar que “está en el límite de lo permitido” y “nos parece que establece discriminaciones arbitrarias”, según aclaró el mismo García, se refiere al sistema de compras públicas, “en que se establece que van a tener alguna preferencia, algún puntaje especial, aquellas empresas que tengan convenios colectivos y que además los beneficios de estos convenios se hagan extensivo a todos los trabajadores. Esas empresas tendrían alguna preferencia para optar a los contratos del Estado”.

En cuanto al proyecto en general, el legislador aseguró que “esta norma que se dice espera favorecer a los trabajadores y busca aumentar la sindicalización, finalmente va a terminar perjudicándolos, esa es mi convicción”.