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El orden de los factores sí altera el producto

Columna de opinión por Juan Pablo Cárdenas S.
Lunes 18 de enero 2016 11:41 hrs.


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La voz de varios expertos, pero sobre el todo el sentido común, indica que una profunda reforma educacional debe partir desde los primeros niveles de la instrucción pública y no desde las universidades. Es más que sabido que la desigualdad social es uno de los objetivos que se proponen los cambios y que es desde la educación parvularia donde se marcan las diferencias entre los niños, cuando se sabe que la capacidad de aprender del ser humano es a edad temprana donde mejor puede consolidarse.

Millones de niños en nuestro país ya quedan mutilados en sus capacidades intelectuales cuando están obligados a quedarse en sus casas o, a lo sumo, acceder a simples “guarderías” infantiles, mientras sus padres trabajan. Se sabe de la enorme ventaja de aquellos establecimientos bien dotados con profesores y recursos,  versus los que simplemente  se hacen cargo de atender a los niños sin entregarles mayores incentivos intelectuales y conductuales. Algo que tiene por resultado que ya desde la niñez se establezcan severas brechas entre los niños de hogares pobres o los de buen nivel económico social.

También se sabe que posteriormente las diferencias de la educación primaria y secundaria expresada en establecimientos públicos, subvencionados o particulares pasan a establecer asimetrías muy difícilmente remontables por los estudiantes de hogares más pobres o precarios, como eufemísticamente se les suele calificar.

Es una comprobación empírica la ventaja que demuestran los egresados de los colegios pagados a la hora de ingresar a la educación superior y los tropiezos que presentan aquellos estudiantes pobres que logran ingresar a las universidades por sus buenas calificaciones escolares, pero con déficit de formación. Entre los cuales la deserción, lamentablemente es más frecuente.

En la idea de reforzar la educación pública, la gratuidad ya conseguida para casi la mitad de los estudiantes universitarios más pobres, e auspiciosa en el objetivo de avanzar a la gratuidad universal. Sin embargo, se trata de ingentes recursos que se destinarán a ello mientras el Estado aún no se hace cargo de proveer de más recursos a los jardines, escuelas y liceos fiscales. De tal manera que los que se vieron obligados a emigrar a los establecimientos subvencionados o particulares retornen a la educación fiscal que, como en el pasado, o como ocurre en otros países, asuman que lo público es mejor garantía de excelencia académica, pluralismo ideológico y amplitud cultural.

Resulta necesario insistir en lo que ocurre en aquellos países europeos considerados emblemáticos o ejemplos a seguir, donde se tolera la existencia de establecimientos privados por razones religiosas, culturales o étnicas, pero a sabiendas por todos que los colegios o universidades gratuitas del Estado son, incluso, de mejor calidad.

Lo mismo que sucede, por supuesto, en relación a la salud y otros derechos garantizados para todos de forma óptima e igualitaria.  Porque lo más convincente en estos países de mucho más raigambre y práctica democrática que el nuestro es la comprobación que todos los niños son iguales en dignidad y derechos, aunque después la vida los diferencie según sus vocaciones, talentos o esfuerzo individual.

Dos años consumidos en la gratuidad de la educación superior tiene en suspenso los recursos adicionales y las iniciativas que debe comprometer el Estado en favor de la educación parvularia, primaria y secundaria. En la desmunicipalización, por ejemplo, de los establecimientos escolares,  de tal manera que tampoco persistan las diferencias que de hecho se imponen entre las comunas ricas y pobres en éste y otros aspectos de la vida nacional.

Es evidente que, mediante becas, impedimentos efectivos al afán lucro o préstamos con verdadero aval del Estado se podrían haber corregido sin mayores traumas o controversias las inequidades existentes en los estratos superiores del sistema educacional. Pero se prefirió partir al revés y ahora nos cabe a todos la duda respecto de la posibilidad que tenga el actual gobierno  (que ya ha cumplido la mitad de su gestión) de  hacerse cargo de concentrar mayores esfuerzos y recursos en los niños de más corta edad, cuando hay especialistas que  estiman que invertir en los menores resulta cinco o seis veces más eficaz que hacerlo en favor de los universitarios.

Para colmo, todos sabemos ya que nuestra mayor recaudación fiscal estará mermada por el bajo precio internacional del cobre, lo que tendrá consecuencias aciagas en los niveles de empleo  e ingreso familiar. Fenómeno que  amenaza, por supuesto, con pronunciar las diferencias económicas y sociales del país.

Por otro lado, es indudable que hay políticos muy poco dispuestos, ahora, a una nueva reforma tributaria que se hace indispensable para darle consecución al conjunto de reformas educacionales. Entre ellas,  el estatuto docente, mecanismo decisivo en la posibilidad de avanzar realmente a aquella calidad de la enseñanza que hay que sustentar en materia educacional,  como en la posibilidad de alcanzar un país más solidario y justo que el que hoy tenemos y cuyas desigualdades siguen reiterándose.

Entre otras razones, por alterar el orden de los factores que en este caso sí atentan contra el producto educacional tan ambicionado y prometido.

Envíanos tu carta al director a: patriciolopez@u.uchile.cl

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.