Con el objetivo de plantear su oposición a la prórroga del decreto de subsidio forestal 701, llegaron hasta el Ministerio de Hacienda los senadores socialistas Alfonso De Urresti y Rabindranath Quinteros.
La Ley de Fomento Forestal (DL 701) es el mayor legado del ex yerno de Pinochet Julio Ponce Lerou durante su administración de Conaf, en 1974. Este subsidio fue ideado para dar rentabilidad a las tierras que estaban en manos de la Cora (Corporación de Reforma Agraria) y que en los años siguientes serían privatizadas a bajos precios en beneficio de los grupos Cruzat, Matte y Vial.
En este sentido, el senador Alfonso De Urresti, llamó la atención sobre la necesidad de dejar de subsidiar monocultivos, pues generan un daño irreparable a las napas subterráneas, que concentran buena parte del agua dulce disponible para consumo humano en el mundo.
“Creemos que el monocultivo, estos verdaderos desiertos verdes tienen que ser regulados en Chile y no seguir avanzando al sur con estas grandes extensiones de pinos y eucaliptus, estamos por propiciar un nuevo modelo forestal y creo que la opinión del ministro de Hacienda (Rodrigo Valdés) va a ser tremendamente importante en este sentido”.
Además, De Urresti rechazó el hecho de que los principales beneficiarios del subsidio sean empresas involucradas en escándalos de colusión: “Me parece impresentable y por eso es importante que se ponga término a este proceso, no solo si hacemos el subsidio a estas empresas tramposas que han estado coludiéndose, sino que avancemos en redistribuir estos subsidios para pequeños productores que es donde debieran ser focalizados”.
Por su parte, el senador Rabindranath Quinteros llamó a no fomentar el cultivo de pinos y eucaliptos, concentrando los esfuerzos en reforestación con bosque nativo.
“La necesidad de no seguir bonificando a las empresas que por más de treinta años han sido bonificadas y sobre todo, no bonificar al pino ni al eucaliptus, porque creo importante que haya un apoyo al bosque nativo de los pequeños propietarios”.
Flavia Liberona, de fundación Terram, valoró la disposición que a su juicio ha mostrado el Gobierno para no prorrogar el polémico subsidio.
“Antes incluso de que saliera a la luz pública el tema de la colusión, el Gobierno se había dado cuenta de que no es un buen proyecto de ley para impulsar y en ese sentido también abordamos el tema de la urgencia de una nueva institucionalidad forestal pública, o sea, la posibilidad de que Conaf transite desde lo que es hoy a un servicio forestal público, materia que quedó de ser conversada por los equipos técnicos del ministerio de Hacienda”.
Además, la activista se refirió a la necesidad de dotar al país de una nueva institucionalidad en lo que se refiere al cuidado del bosque, resaltando las limitaciones de Conaf, como corporación de derecho privado.
Con el objetivo de plantear su oposición a la prórroga del decreto de subsidio forestal 701, llegaron hasta el Ministerio de Hacienda los senadores socialistas Alfonso De Urresti y Rabindranath Quinteros.
La Ley de Fomento Forestal (DL 701) es el mayor legado del ex yerno de Pinochet Julio Ponce Lerou durante su administración de Conaf, en 1974. Este subsidio fue ideado para dar rentabilidad a las tierras que estaban en manos de la Cora (Corporación de Reforma Agraria) y que en los años siguientes serían privatizadas a bajos precios en beneficio de los grupos Cruzat, Matte y Vial.
En este sentido, el senador Alfonso De Urresti, llamó la atención sobre la necesidad de dejar de subsidiar monocultivos, pues generan un daño irreparable a las napas subterráneas, que concentran buena parte del agua dulce disponible para consumo humano en el mundo.
“Creemos que el monocultivo, estos verdaderos desiertos verdes tienen que ser regulados en Chile y no seguir avanzando al sur con estas grandes extensiones de pinos y eucaliptus, estamos por propiciar un nuevo modelo forestal y creo que la opinión del ministro de Hacienda (Rodrigo Valdés) va a ser tremendamente importante en este sentido”.
Además, De Urresti rechazó el hecho de que los principales beneficiarios del subsidio sean empresas involucradas en escándalos de colusión: “Me parece impresentable y por eso es importante que se ponga término a este proceso, no solo si hacemos el subsidio a estas empresas tramposas que han estado coludiéndose, sino que avancemos en redistribuir estos subsidios para pequeños productores que es donde debieran ser focalizados”.
Por su parte, el senador Rabindranath Quinteros llamó a no fomentar el cultivo de pinos y eucaliptos, concentrando los esfuerzos en reforestación con bosque nativo.
“La necesidad de no seguir bonificando a las empresas que por más de treinta años han sido bonificadas y sobre todo, no bonificar al pino ni al eucaliptus, porque creo importante que haya un apoyo al bosque nativo de los pequeños propietarios”.
Flavia Liberona, de fundación Terram, valoró la disposición que a su juicio ha mostrado el Gobierno para no prorrogar el polémico subsidio.
“Antes incluso de que saliera a la luz pública el tema de la colusión, el Gobierno se había dado cuenta de que no es un buen proyecto de ley para impulsar y en ese sentido también abordamos el tema de la urgencia de una nueva institucionalidad forestal pública, o sea, la posibilidad de que Conaf transite desde lo que es hoy a un servicio forestal público, materia que quedó de ser conversada por los equipos técnicos del ministerio de Hacienda”.
Además, la activista se refirió a la necesidad de dotar al país de una nueva institucionalidad en lo que se refiere al cuidado del bosque, resaltando las limitaciones de Conaf, como corporación de derecho privado.
Con el objetivo de plantear su oposición a la prórroga del decreto de subsidio forestal 701, llegaron hasta el Ministerio de Hacienda los senadores socialistas Alfonso De Urresti y Rabindranath Quinteros.
La Ley de Fomento Forestal (DL 701) es el mayor legado del ex yerno de Pinochet Julio Ponce Lerou durante su administración de Conaf, en 1974. Este subsidio fue ideado para dar rentabilidad a las tierras que estaban en manos de la Cora (Corporación de Reforma Agraria) y que en los años siguientes serían privatizadas a bajos precios en beneficio de los grupos Cruzat, Matte y Vial.
En este sentido, el senador Alfonso De Urresti, llamó la atención sobre la necesidad de dejar de subsidiar monocultivos, pues generan un daño irreparable a las napas subterráneas, que concentran buena parte del agua dulce disponible para consumo humano en el mundo.
“Creemos que el monocultivo, estos verdaderos desiertos verdes tienen que ser regulados en Chile y no seguir avanzando al sur con estas grandes extensiones de pinos y eucaliptus, estamos por propiciar un nuevo modelo forestal y creo que la opinión del ministro de Hacienda (Rodrigo Valdés) va a ser tremendamente importante en este sentido”.
Además, De Urresti rechazó el hecho de que los principales beneficiarios del subsidio sean empresas involucradas en escándalos de colusión: “Me parece impresentable y por eso es importante que se ponga término a este proceso, no solo si hacemos el subsidio a estas empresas tramposas que han estado coludiéndose, sino que avancemos en redistribuir estos subsidios para pequeños productores que es donde debieran ser focalizados”.
Por su parte, el senador Rabindranath Quinteros llamó a no fomentar el cultivo de pinos y eucaliptos, concentrando los esfuerzos en reforestación con bosque nativo.
“La necesidad de no seguir bonificando a las empresas que por más de treinta años han sido bonificadas y sobre todo, no bonificar al pino ni al eucaliptus, porque creo importante que haya un apoyo al bosque nativo de los pequeños propietarios”.
Flavia Liberona, de fundación Terram, valoró la disposición que a su juicio ha mostrado el Gobierno para no prorrogar el polémico subsidio.
“Antes incluso de que saliera a la luz pública el tema de la colusión, el Gobierno se había dado cuenta de que no es un buen proyecto de ley para impulsar y en ese sentido también abordamos el tema de la urgencia de una nueva institucionalidad forestal pública, o sea, la posibilidad de que Conaf transite desde lo que es hoy a un servicio forestal público, materia que quedó de ser conversada por los equipos técnicos del ministerio de Hacienda”.
Además, la activista se refirió a la necesidad de dotar al país de una nueva institucionalidad en lo que se refiere al cuidado del bosque, resaltando las limitaciones de Conaf, como corporación de derecho privado.
