El gobierno sumó más iniciativas a la serie de proyectos que está tramitando en el Congreso Nacional. Se trata de los proyectos que crean el Ministerio y los respectivos Consejos de Pueblos Indígenas, que ingresaron a la Comisión de Hacienda, y además a la Comisión de Gobierno, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.
En paralelo, siguen activamente las gestiones. Este miércoles el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, recibió en audiencia al Director de la Oficina de Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono sur de América Latina, Fabio Bertranou, para presentarle el detalle de estos cuerpos legales que modifican la institucionalidad nacional en materia de pueblos originarios.
Un detalle que según señalan los propios dirigentes, no pudieron ver hasta ahora, momento en que se hace pública la iniciativa. Esto pese al proceso de consulta que realizó el gobierno con el fin de respetar el estándar que, justamente, impone la OIT.
Ana Paola Quispe, de la Academia Nacional de Lengua Aymara sostuvo que en su región se llevó a cabo un proceso muy irregular y que, incluso ella con un grupo de dirigentes fueron a la sede regional del Ministerio de Desarrollo Social a quemar el Decreto de Ley N°66 que regula la Consulta. “Nosotros seguimos siendo discriminados, y a pesar de que tenemos instrumentos como la ley 19253, el Convenio 169 y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, no se toman en cuenta, lamentablemente”, sostuvo.
De hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que actúo como observador de este proceso, en su último Informe Anual dio cuenta de una serie de falencias, como la existencia de procesos de diálogo que no concluyeron; solicitudes de extensión de plazo para dialogar que no fueron consideradas y que incluso ocasionaron la interposición de acciones judiciales; diferencias de trato hacia la población afrodescendiente (que no fue consultada), abstención de importantes dirigentes y organizaciones, entre otras.
Desde las comunidades mapuche al sur del país también han aparecido una serie de reparos al considerar que se trata de una institucionalidad “para los pueblos” y no “de los pueblos”.
Para el dirigente mapuche Jorge Weke, vocero del parlamento de Koz Koz, la nueva institucionalidad impuesta es retrógrada, y aumenta el paternalismo, la sumisión y la dependencia a un Estado que hoy, dijo, “está sumamente deslegitimado”.
Además, criticó fuertemente la forma en la que se llevó este proceso, afirmando que con este paso se consolida una política de falta de participación y entendimiento: “El representante de Conadi (Alberto Pizarro Chanilao) afirmaba que esto era un hecho histórico, pero para nosotros se está coartando la libertad y los derechos sociales, políticos y culturales, así como la toma de decisiones adecuada con los pueblos indígenas. Es muy degradante como el Estado pretende avalar esta institucionalidad que está impulsando”.
En esa línea el werkén criticó los consejos Aymara, Quechua, Licanan Antay, Diaguita, Colla, Rapa Nui, Mapuche, Kawáshkar y Yagán, al afirmar que “al final se trata de más Estado” ya que proviene de una institucionalidad ajena a los pueblos.
Pero no sólo los dirigentes indígenas han manifestado reparos al proyecto. El Observatorio Ciudadano advirtió que “el proceso está lejos de alcanzar el objetivo de saldar deudas históricas” y que espera que se pueda revertir esta situación.
Esto a través de una consulta de acuerdo a los estándares internacionales y dando curso a una política integral de reconocimiento de los derechos políticos, territoriales y culturales de los pueblos en el proceso constituyente.
El gobierno sumó más iniciativas a la serie de proyectos que está tramitando en el Congreso Nacional. Se trata de los proyectos que crean el Ministerio y los respectivos Consejos de Pueblos Indígenas, que ingresaron a la Comisión de Hacienda, y además a la Comisión de Gobierno, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.
En paralelo, siguen activamente las gestiones. Este miércoles el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, recibió en audiencia al Director de la Oficina de Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono sur de América Latina, Fabio Bertranou, para presentarle el detalle de estos cuerpos legales que modifican la institucionalidad nacional en materia de pueblos originarios.
Un detalle que según señalan los propios dirigentes, no pudieron ver hasta ahora, momento en que se hace pública la iniciativa. Esto pese al proceso de consulta que realizó el gobierno con el fin de respetar el estándar que, justamente, impone la OIT.
Ana Paola Quispe, de la Academia Nacional de Lengua Aymara sostuvo que en su región se llevó a cabo un proceso muy irregular y que, incluso ella con un grupo de dirigentes fueron a la sede regional del Ministerio de Desarrollo Social a quemar el Decreto de Ley N°66 que regula la Consulta. “Nosotros seguimos siendo discriminados, y a pesar de que tenemos instrumentos como la ley 19253, el Convenio 169 y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, no se toman en cuenta, lamentablemente”, sostuvo.
De hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que actúo como observador de este proceso, en su último Informe Anual dio cuenta de una serie de falencias, como la existencia de procesos de diálogo que no concluyeron; solicitudes de extensión de plazo para dialogar que no fueron consideradas y que incluso ocasionaron la interposición de acciones judiciales; diferencias de trato hacia la población afrodescendiente (que no fue consultada), abstención de importantes dirigentes y organizaciones, entre otras.
Desde las comunidades mapuche al sur del país también han aparecido una serie de reparos al considerar que se trata de una institucionalidad “para los pueblos” y no “de los pueblos”.
Para el dirigente mapuche Jorge Weke, vocero del parlamento de Koz Koz, la nueva institucionalidad impuesta es retrógrada, y aumenta el paternalismo, la sumisión y la dependencia a un Estado que hoy, dijo, “está sumamente deslegitimado”.
Además, criticó fuertemente la forma en la que se llevó este proceso, afirmando que con este paso se consolida una política de falta de participación y entendimiento: “El representante de Conadi (Alberto Pizarro Chanilao) afirmaba que esto era un hecho histórico, pero para nosotros se está coartando la libertad y los derechos sociales, políticos y culturales, así como la toma de decisiones adecuada con los pueblos indígenas. Es muy degradante como el Estado pretende avalar esta institucionalidad que está impulsando”.
En esa línea el werkén criticó los consejos Aymara, Quechua, Licanan Antay, Diaguita, Colla, Rapa Nui, Mapuche, Kawáshkar y Yagán, al afirmar que “al final se trata de más Estado” ya que proviene de una institucionalidad ajena a los pueblos.
Pero no sólo los dirigentes indígenas han manifestado reparos al proyecto. El Observatorio Ciudadano advirtió que “el proceso está lejos de alcanzar el objetivo de saldar deudas históricas” y que espera que se pueda revertir esta situación.
Esto a través de una consulta de acuerdo a los estándares internacionales y dando curso a una política integral de reconocimiento de los derechos políticos, territoriales y culturales de los pueblos en el proceso constituyente.
El gobierno sumó más iniciativas a la serie de proyectos que está tramitando en el Congreso Nacional. Se trata de los proyectos que crean el Ministerio y los respectivos Consejos de Pueblos Indígenas, que ingresaron a la Comisión de Hacienda, y además a la Comisión de Gobierno, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización.
En paralelo, siguen activamente las gestiones. Este miércoles el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, recibió en audiencia al Director de la Oficina de Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono sur de América Latina, Fabio Bertranou, para presentarle el detalle de estos cuerpos legales que modifican la institucionalidad nacional en materia de pueblos originarios.
Un detalle que según señalan los propios dirigentes, no pudieron ver hasta ahora, momento en que se hace pública la iniciativa. Esto pese al proceso de consulta que realizó el gobierno con el fin de respetar el estándar que, justamente, impone la OIT.
Ana Paola Quispe, de la Academia Nacional de Lengua Aymara sostuvo que en su región se llevó a cabo un proceso muy irregular y que, incluso ella con un grupo de dirigentes fueron a la sede regional del Ministerio de Desarrollo Social a quemar el Decreto de Ley N°66 que regula la Consulta. “Nosotros seguimos siendo discriminados, y a pesar de que tenemos instrumentos como la ley 19253, el Convenio 169 y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, no se toman en cuenta, lamentablemente”, sostuvo.
De hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que actúo como observador de este proceso, en su último Informe Anual dio cuenta de una serie de falencias, como la existencia de procesos de diálogo que no concluyeron; solicitudes de extensión de plazo para dialogar que no fueron consideradas y que incluso ocasionaron la interposición de acciones judiciales; diferencias de trato hacia la población afrodescendiente (que no fue consultada), abstención de importantes dirigentes y organizaciones, entre otras.
Desde las comunidades mapuche al sur del país también han aparecido una serie de reparos al considerar que se trata de una institucionalidad “para los pueblos” y no “de los pueblos”.
Para el dirigente mapuche Jorge Weke, vocero del parlamento de Koz Koz, la nueva institucionalidad impuesta es retrógrada, y aumenta el paternalismo, la sumisión y la dependencia a un Estado que hoy, dijo, “está sumamente deslegitimado”.
Además, criticó fuertemente la forma en la que se llevó este proceso, afirmando que con este paso se consolida una política de falta de participación y entendimiento: “El representante de Conadi (Alberto Pizarro Chanilao) afirmaba que esto era un hecho histórico, pero para nosotros se está coartando la libertad y los derechos sociales, políticos y culturales, así como la toma de decisiones adecuada con los pueblos indígenas. Es muy degradante como el Estado pretende avalar esta institucionalidad que está impulsando”.
En esa línea el werkén criticó los consejos Aymara, Quechua, Licanan Antay, Diaguita, Colla, Rapa Nui, Mapuche, Kawáshkar y Yagán, al afirmar que “al final se trata de más Estado” ya que proviene de una institucionalidad ajena a los pueblos.
Pero no sólo los dirigentes indígenas han manifestado reparos al proyecto. El Observatorio Ciudadano advirtió que “el proceso está lejos de alcanzar el objetivo de saldar deudas históricas” y que espera que se pueda revertir esta situación.
Esto a través de una consulta de acuerdo a los estándares internacionales y dando curso a una política integral de reconocimiento de los derechos políticos, territoriales y culturales de los pueblos en el proceso constituyente.
