La sorpresiva decisión tomada este martes por la mesa de la Cámara de Diputados, encabezada por su presidente, el PPD Marco Antonio Núñez, sobre aceptar de manera unilateral la admisibilidad de la moción parlamentaria que busca anular la Ley de Pesca, ha generado diversas reacciones. Y no solo entre los parlamentarios, sino que también respecto de distintos movimientos sociales.

Desde el Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) no solo han sido categóricos en exigir la anulación. También la transparencia para conocer la posición de los legisladores.

En ese contexto, durante la mañana de este miércoles, el Movimiento de Pobladores Ukamau decidió ocupar en Santiago la intersección de la Alameda con la avenida General Velásquez, en la comuna de Estación Central, en protesta por la manera en que se acogió la admisibilidad para discutir la anulación de la Ley de Pesca.

Esto, en apoyo a las distintas organizaciones de pescadores artesanales, tal como lo explicó la vocera de Ukamau, Doris González.

“La decisión de ayer no fue transparente. De esta manera no se trasparentan las votaciones sobre quién está a favor de anular la Ley de Pesca o quién quiere continuar con esta forma nefasta de hacer política”.

En ese sentido, acusó que “esta es una jugada más de aquellos parlamentarios y de un Gobierno que no quiere escuchar a la ciudadanía ni dialogar con ella”.

A estas manifestaciones se sumaron otras en Valparaíso, tanto dentro como fuera del Congreso, con la presencia de diversas organizaciones sociales encabezadas por pescadores artesanales, quienes insistieron en que la Ley de Pesca sea anulada, como también que los parlamentarios transparenten sus posiciones.

En ese contexto, desde la UDI presentaron un voto de censura contra el presidente de la Cámara por no respetar la independencia ante el uso y abuso de las urgencias por parte del Ejecutivo.

De hecho, mientras la diputada María José Hoffman acusaba ser un simple buzón ideológico del Gobierno, Marco Antonio Núñez establecía la necesidad de votar tal requerimiento.

Incluso, también desde la UDI, el diputado Jorge Ulloa solicitaba votar de manera secreta, lo cual fue rechazado por la Sala, mientras en las graderías pescadores artesanales exigían transparencia a los parlamentarios.

Luego de la votación que dio el respaldo a la mesa de la Cámara, el propio Núñez emplazó al Ejecutivo a tomar una postura clara frente al tema.

Sortear los asuntos técnicos

Técnicamente no existe ninguna figura jurídica que permita la “anulación” de una ley. El mecanismo actualmente vigente es el de la derogación (expresa o tácita), donde viene una nueva ley a establecer ciertas disposiciones normativas que van a reemplazar a la ley antigua.

La principal razón esgrimida por los parlamentarios del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, para solicitar la anulación, es evitar los efectos patrimoniales que pudiera tener, es decir, para evitar el pago de millonarias indemnizaciones a las empresas que actualmente controlan la extracción de los recursos marinos.

En términos políticos, la solicitud de anulación permite discutir un tema en que, debido al complejo escenario de corrupción, resulta difícil para los parlamentarios de todos los partidos oponerse.

En este escenario, el presidente de la Cámara Baja destacó la necesidad de tomar determinaciones, afirmando que “vale la pena que a propósito del debate de estos últimos dos días el Gobierno decida particularmente, a través del ministro de Economía, lo que ocurrirá con la Ley de Pesca y la pesca en nuestro país”.

Además, el diputado afirmó que dado las restricciones jurídicas, resulta fundamental que el Gobierno tome una posición clara, “lo que significa enviar indicaciones a la ley existente o presentar una nueva ley”.

Por su parte, el diputado de la Izquierda Ciudadana Sergio Aguiló, reconoció que la estrategia es compleja y advirtió que van a tramitar la anulación “con el timing suficiente como para que simultáneamente tengamos una nueva Ley de Pesca. O sea, no puede haber tierra de nadie, no puede haber un área en el país donde no haya Estado de Derecho, donde haya ley de la selva, porque eso sería lo peor para los intereses biológico-marinos de Chile, y lo peor para la propia pesca artesanal”.

Presente en las graderías de la Sala de la Cámara, Gino Bavestrello, director nacional de Condepp, fue uno de los tantos que siguió atento la discusión.

Junto con destacar que se hubiese revelado quiénes son los que realmente están a favor de aprobar la nulidad de la Ley de Pesca, desafió al Gobierno y particularmente a Michelle Bachelet para que tome la iniciativa en este nuevo proceso.

“Queremos que el Ejecutivo se deje de niñerías. Nosotros no estamos por cambiar ni subsecretarios, ni nada. Yo creo que ésta es una buena inyección de optimismo para que el Gobierno de Chile reaccione y cumpla los compromisos. Esto de cambiar la ley fue un compromiso de la Presidenta, quedó en el acta de las reuniones que tuvo con nosotros, estando presentes organizaciones sociales”.

El propio dirigente de los pescadores artesanales confirmó que desde marzo la Comisión de Constitución de la Cámara comenzará a revisar el proceso de nulidad, instancia a la que ya fueron invitados.

Incluso, advirtió que de no existir voluntad de parte del Ejecutivo, se vendrán tiempos difíciles para el Gobierno con un inminente estallido social.

Ministro de Economía: “Moción que anula Ley de Pesca es claramente inconstitucional”

“Vamos a proponer modificaciones de forma tal de perfeccionarla y de que represente adecuadamente lo que son los derechos de todos los chilenos en esta materia, pero creemos que es importante mantener y validar lo que es la institucionalidad”.

Con estas palabras, Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía, se refirió a la moción que busca declarar nula la cuestionada Ley de Pesca quien agregó que “nosotros como gobierno consideramos que la moción que anula la Ley de Pesca es claramente inconstitucional y esperamos que la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados así lo determine”.

Desde el ámbito empresarial, en tanto, reaccionaron críticamente ante este nuevo escenario. Así lo manifestaron desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC),  presidida por Alberto Salas, a través de un comunicado. “Vemos con gran preocupación que algunos, con una mirada de corto plazo, intentan tomar un atajo, ejecutando medidas populistas que pueden tener graves consecuencias jurídicas y económicas”.

El documento agrega que “la única opción viable para continuar siendo un país serio y responsable, donde la certeza jurídica permita mantenernos en el camino al desarrollo, es respetando nuestro estado de derecho y conservando la supremacía de nuestras instituciones. Sería una absoluta irresponsabilidad avanzar en cualquier iniciativa que apunte en el sentido contrario”.