Los escándalos de corrupción denunciados en el último tiempo alcanzaron también a empresarios que buscan aumentar sus ganancias a través de burlas a la economía de libre mercado. Pero estas operaciones dan cuenta también  de una colusión entre los operadores económicos y los representantes del estado: Gobierno, Parlamento  entes fiscalizadores y tribunales encargados de aplicar las leyes vigentes.

Pero tales colusiones no serían posibles sin la avenencia de las instituciones del Estado.

Es una situación que se afianzó con el retorno de la República en Chile. Las autoridades permitieron que continuara la inmensa concentración del poder económico  por unos 25 grupos. Ello facilitó la burla  en los cobros del libre mercado al consumidor. Los dignatarios públicos  -encabezados por todos los ministros de Hacienda- no sólo no ejercieron en plenitud sus prerrogativas, sino que dictaron e implementaron leyes a favor de los poderes empresariales.

Es cierto que algunas fuerzas partidarias siempre han creído en la ideología del mercado a la manera alemana como ordenador de una economía sana y distributiva, principalmente la Democracia Cristiana. En los últimos veinte años  se han adscrito también fuerzas sociales demócratas, cuyos íconos en Europa son el español Felipe González y el británico Tony Blair, al punto que en los gobiernos de la Concertación se privatizaron y abrieron al mundo varias empresas antes estatales y se otorgaron concesiones en infraestructura a los privados.

Lo que se conecta con las colusiones denunciadas son más que los carteles constituidos,  es una concurrencia de intereses entre las clases política y empresarial.

Esto hace que los partidos y sus candidatos reciban erogaciones de los grupos económicos, los cuales invierten en representantes de las dos grandes coaliciones del duopolio, Concertación y Alianza, hoy denominada Nueva Mayoría y Chile Vamos, y otras formaciones  como el partido Progresista de MEO y Ciudadanos de Andrés Velasco.

Los donantes procuran así ser favorecidos en la dictación de nuevas leyes y los segundos en asegurarse recursos financieros para sus costosas campañas.

El resultado ha sido que grupos como los de Julio Ponce Lerou emitan boletas a políticos que saben que el ex yerno de Pinochet amasó su fortuna con el saqueo de empresas por parte del   Dictador.

Reconociendo esto, el ex ministro del PPD Francisco Vidal llegó a decir que “había que cerrar los ojos no más” para afirmar al día siguiente que su aserto fue una “brutalidad” que, por supuesto, retiraba.

Pero la mayoría de los políticos es más solapado. El periodista Daniel Matamala, autor del libro “Poderoso  Caballero” recuerda que el Presidente Lagos intervino personalmente ante organismos fiscalizadores para que no fuesen muy severos con empresas como  Emos y Endesa, que venían de España y no se sabe qué favores políticos prodigaban en Chile.

Acciones tales llevaron a decir a un dirigente de la oposición actual que en una contienda presidencial entre Piñera y Lagos la derecha preferiría apoyar al segundo. Durante su gobierno, Lagos eliminó la ley que establecía como delito la colusión empresarial.

La presidenta Bachelet  propone ahora dejar en diez años el plazo de prescripción para las operaciones punibles de los agentes económicos. Ciertos grupos de la Nueva Mayoría quieren que sea de cinco y la derecha de sólo uno o dos.

El maridaje es perfecto. Sistemáticamente se pone corta pisas a las reformas estructurales que están en el Karma de la Nueva Mayoría, a través de granjerías de la clase política a la económica, cuya concentración no se relativiza, a cambio de auxilio a los oligopolios. La teórica lucha de clases da lugar así a una colaboración impensada por los fundadores y grandes impulsores del marxismo.