Este jueves, las organizaciones ciudadanas de Peñalolén entregaron al Seremi de Vivienda y Urbanismo, Aldo Ramaciotti, los antecedentes de una querella contra todo quien resulte responsable de la presunta falsificación de instrumento público y fraude ambiental. La acción fue acogida por el décimo tercer Juzgado de Garantía de Santiago el 11 de diciembre pasado y en ella se denuncian graves irregularidades en el cambio del plano regulador de Peñalolén.
Según explicó el abogado Luis Mariano Rendón la comunidad ecológica que habita en la comuna, se creó como una zona semi-rural, con bajos porcentajes de constructibilidad para poder preservar las condiciones ecosistémicas y mantener la vegetación, que sirve de “zona de amortiguación” ante las corrientes de agua que bajan desde la cordillera.
Sin embargo, el municipio habría anexado un informe ambiental al estudio de Evaluación Ambiental Estratégica de la modificación del Plan Regulador Comunal donde se oculta la presencia de un bosque nativo y otras especies arbóreas en calle Antupirén, haciendo pasar el lugar por un sitio eriazo. Esto para modificar la densidad poblacional y destinar los terrenos a la construcción de viviendas.
La denuncia del también ambientalista es que “se está pasando por alto sobre esa normativa de interés público y de toda la ciudad, y se está haciendo a través de un procedimiento fraudulento, donde se le está ocultando a los organismos competentes las verdaderas características de estos terrenos”.
Rendón explicó que se trata de terrenos cubiertos de especies arbóreas, por lo tanto protegidos por normas especiales que custodian la pre-cordillera de Santiago y, por medio de ese fraude, se esperan que se apruebe la ilegalidad de la modificación del plan regulador.
Por su parte, los vecinos afirmaron que ellos se fueron a vivir a la zona, asumiendo el compromiso de cuidar la vegetación del sector, con la ventaja de vivir en un ambiente semi-rural. En esa línea, Manuel López, del Comité de los Queltehues, reconoció que: esta situación “destruye el intento de conservar y ser los guardianes de este pie de monte, que cada vez va perdiendo más características de pie de monte y se va transformando en una ciudad aparte del urbanismo”.
Por lo mismo, la organización se comprometió con la querella y analizará el primer informe del peritaje que realizó la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales de la Policía de Investigaciones (Bridema) de la PDI, en el marco de las diligencias decretadas por el tribunal.
Tampoco descartan poner el caso en conocimiento de otras autoridades, como el Ministerio del Medioambiente, que, “a través de este informe fraudulento, dio su visto bueno a la modificación del plan regulador”.