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Abogados por Penta, SQM y Caval: triunfos se los están llevando los denunciados

Esto, por lo que califican como retrocesos y ocultamiento de información, ya sea por la reciente salida del fiscal Emiliano Arias del caso SQM, así como los acuerdos a los que están llegando los persecutores en beneficio de los imputados, como ocurrió recientemente en el caso Caval con el fiscal Luis Toledo.

Fernando Seymour

  Viernes 5 de febrero 2016 17:49 hrs. 
Novoa Longueira Compagnon


Ocurrió en el marco del caso Penta, cuando la defensa de Jovino Novoa, el ex senador y ex presidente de la UDI, llegó a un acuerdo con el entonces fiscal nacional Sabas Chahuán. Finalmente, la posibilidad de un juicio abreviado le permitió al “coronel” gremialista, a pesar de ser el primer condenado de la causa, cumplir la pena en libertad y no ir a la cárcel.

Las críticas de los abogados querellantes apuntaron al Ministerio Público, por otorgar a Novoa un trato privilegiado. Incluso, advirtieron que aquello sería un negativo precedente para futuras condenas, del propio caso Penta así como de otras causas que investiga la Fiscalía en el contexto del financiamiento irregular de campañas políticas.

Efectivamente, los abogados no se equivocaron. Esta vez, las críticas apuntan al fiscal Luis Toledo, jefe de la Fiscalía Regional de O’Higgins, quien encabeza las investigaciones por el caso Caval.

Y es que los acuerdos fueron varios, a propósito de la audiencia celebrada el 29 de enero, instancia en la que se formalizó a 13 imputados y donde las defensas lograron bajas medidas cautelares. La situación de Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, destaca entre todas por haber sido formalizada solamente con firma mensual y arraigo nacional.

De hecho, tal como publica la revista Qué Pasa, el fiscal Toledo decidió prescindir de una presentación en Power Point en la que expondría documentos probatorios y escuchas telefónicas en contra de los imputados.

El abogado querellante Mario Zumelzu, excluido de la petición de medidas cautelares sobre Compagnon, advirtió sobre esta situación hace una semana en conversación con el Diario Electrónico Universidad de Chile.

“El Fiscal Toledo tenía acuerdo con todas las defensas de las cautelares que iba a solicitar. Salvo con Chadwick y Díaz, pero nosotros como querellantes no estábamos informados. No fuimos parte de ningún acuerdo y, si bien es legal, en el plano de igualdad de armas que preside la Reforma Procesal Penal, debió informarnos”.

Según Zumelzu, “el fiscal Toledo escondió a la parte querellante, hasta último momento, los acuerdos con la nuera de la Presidenta”.

Llaman la atención, en ese sentido, los 640 millones de pesos que debió pagar el síndico Herman Chadwick a la familia Wiesner, anterior dueña de los terrenos de Machalí que tantos conflictos han generado, para que ésta retirara todas las acciones civiles y penales en su contra.

Y, por supuesto, el caso de Juan Díaz Sepúlveda, el ex operador político de la UDI, quien desarrolló millonarios acuerdos con el propio Chadwick para gestionar el cambio en el uso de suelos y conseguir un comprador de los terrenos, así como con los dueños de la empresa Caval, Natalia Compagnon y Mauricio Valero, con quienes pactó un 50 por ciento de las ganancias del negocio. El mismo que visitó en La Moneda a su cuestionado administrador, Cristián Riquelme.

Todos ellos, beneficiados directamente gracias a los acuerdos alcanzados entre la Fiscalía y los abogados defensores, evitando así ir a la cárcel. Acuerdos que, además, evitaron la presentación de correos electrónicos y llamadas telefónicas por parte del fiscal Toledo.

“Es algo propio de la élite chilena. En el fondo todos nos conocemos entre todos y, por lo tanto, se pueden llegar a acuerdos de manera más fácil, pueden vulnerarse garantías o se pueden bypasear conversaciones por canales más oscuros que los formales, por lo que se daña la transparencia”. El planteamiento del abogado Álvaro Castañón incluso apunta a lo que considera nombramientos sospechosos.

“Conexiones que se han hecho cuando se nombró al hijo del senador Carlos Montes. El mismo fiscal nacional, Jorge Abbott, quien para llegar a ese cargo pasó por la casa de un senador, lo que levantó bastante suspicacia”, agrega el también director de la Fundación Multitudes.

Un contexto tan reducido que en casos relacionados con la política genera sospecha, daña confianzas y le quita validez a los procesos judiciales. “Se trata de sospechas, sin que existan acusaciones en particular, por lo que no se puede juzgar el trabajo de un fiscal a priori. El problema que sí es real son las salidas alternativas y facultades que tienen los fiscales a propósito del sistema penal que tenemos hoy”.

“La víctima puede querer justicia a toda costa –explica el abogado–, como por ejemplo nosotros, los ciudadanos, que queremos que se llegue al fondo en los casos. Pero el fiscal puede tomar una decisión propia que va en contra de eso y que termina en una salida intermedia, lo que también afecta la posición de los abogados querellantes, quienes si bien pueden tomar medidas para guiar la investigación, finalmente el dueño de la carpeta investigativa es el fiscal”.

Otro de los abogados querellantes, particularmente en los casos Penta y SQM, es Mauricio Daza, representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, quien también ha cuestionado las decisiones del Ministerio Público.

Respecto de Penta, una vez que se conoció el acuerdo para que Jovino Novoa accediera a un juicio abreviado con una pena remitida, es decir, cumplida en libertad, Daza cuestionó que dicho acuerdo se hubiese concretado entre Sabas Chahuán y la defensa, “no respetando el principio de igualdad ante la ley. Con estos mismos delitos ningún ciudadano normal podría haber accedido a un procedimiento abreviado”.

Mientras que en el caso SQM, sus críticas apuntan a la salida del fiscal Emiliano Arias de la investigación que encabezó durante un año. “Es una situación muy preocupante. Constituye un golpe muy duro”, agregando que el ahora jefe de la Fiscalía de Pudahuel “conoce con precisión todos los antecedentes y trabajaba en su avance. También es preocupante que la persona que quede a cargo de la investigación, el fiscal Pablo Gómez, no tiene ninguna trayectoria relevante en los ilícitos que se investigan”.

A propósito de la reciente publicación del ranking de Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción a nivel sudamericano, en el que Chile bajó de posición, Álvaro Castañón manifiesta su preocupación por considerar que “pasamos de creer que no éramos un país corrupto y escandalizarnos porque vemos los casos de corrupción, a desilusionarnos y darnos cuenta que la corrupción ya está instalada, que pasa todos los días y que no podemos confiar en nadie, lo cual es muy distinto a volver al estatus quo anterior”.

Un conflicto que necesariamente asocia con las leyes de la agenda de probidad recientemente despachadas del Congreso. “Son muy útiles, pero no son leyes de excelencia. Es cosa de analizarlas para darse cuenta que sí hay vías por donde seguir cometiendo actos ilícitos. Los diputados y senadores no optaron por un sistema infalible, perfecto y ejemplar, sino que optaron por un sistema políticamente correcto. Por ahora estará bien, pero escándalos así seguirán ocurriendo”.

“En la arista judicial, desgraciadamente hasta ahora, y lo más probable es que siga pasando, los triunfos se los están llevando quienes cometieron los ilícitos y los delitos. Y las penas no son ni ejemplificadoras ni suficientes para la ciudadanía, ni mucho menos garantizan la paz social. Penas decorativas e insignificantes para la mayoría de los ciudadanos”, sentencia Castañón.

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