Periodistas en México: riesgos y precariedad que atentan contra la verdad
México sigue siendo unos de los países más arriesgados para los periodistas, quienes están a la vanguardia en la lucha contra los narcotraficantes y los políticos locales. Una situación sistemática que trae consecuencias físicas, económicas y psicológicas.
Viernes 5 de febrero 2016 9:33 hrs.
No ha pasado un mes desde que se inició 2016, y ya dos periodistas han sido asesinados en el estado de Oaxaca en México. Antes de su muerte la noche del 21 de enero 2016, Marcos Hernández Bautista, un corresponsal para Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, había expresado temor después de haber publicado reportajes críticos de intereses políticos y de cacicazgos. Una investigación sobre el reacomodo distrital por motivos electorales en la región era especialmente sensible, reportó Artículo 19 una organización que lucha por la libertad de expresión y para proteger los periodistas amenazados y cuya segunda oficina más grande está en México D.F.
El 21 de enero, encontraron su cuerpo al lado de su auto, herido mortalmente por arma de fuego.
Hernández Bautista fue el primero de 2016, pero el último de una lista larga. Más de 90 periodistas fueron asesinados en los últimos 15 años, y 23 quedan desaparecidos, reportó Artículo 19. En la clasificación de 2015 de Reporteras sin fronteras, México llegó al número 148 entre 180 países, unos de los lugares más peligrosos del mundo para periodistas.
Además de esos casos extremos, explicó Gabriel Soto Climent, el oficial de Protección y Seguridad de Artículo 19, la organización documento 290 agresiones en 2015.
“Yo prefiero llamarle más que amenaza, agresión. La agresión puede ser muchas cosas, puede ser un hostigamiento, seguimientos, amenaza, un mensaje de cuidado, puede ser que la habían dejado una bala arriba de su coche ¿no? Puede ser que no hay una amenaza expresa pero hay un mensaje intimidatorio, puede ser que le manden un mensaje que ya saben dónde vive”, explicó Soto.
Y cada vez, añadió Soto, estas agresiones y amenazas se hacen mejor: “cada vez van pensando en algunos estados para que no caigan un tipo penal y no sean denunciable”.
Cuando llega la noticia de una agresión, Soto la documenta para visibilizarla. Hay que establecer que los hechos están directamente vinculados con el trabajo de periodista con tres o cuatro fuentes. Hacer la amenaza pública a veces es una medida suficiente para inhibir al agresor. Cuando no es, Soto también puede implementar medidas más fuertes: instalar cámaras o rejas, hacer protocolos de monitorio, fortalecer la seguridad digital, u ofrecer apoyo psicológico. En los peores casos, hay que mover el periodista del estado por un tiempo.
Pero muchas medidas, dijo Soto, son muy etéreas: “yo creo que para la protección hay que ser creativo. Porque hay otras partes que faltan no, en el gobierno son muy esquemáticos en hacer sus protecciones. Tienen pocas capacidades de sacar un tweet, de mandar un comunicado, de echar una llamada al presidente municipal que está agrediendo y decir “ya sabemos, parece que eres tú, vamos a investigar qué onda”, explicó.
Articulo 19 ha existido por 10 años, pero el trabajo ha cambiado tremendamente con las redes sociales. Es mucho más fácil conocer lo que pasó y mantener la vigilancia por todo el país. También ha ayudado la organización, y todas las otras que existen a ser conocidas por los periodistas y diarios que pueden conectarse más fácilmente e instantáneamente cuando pasa una agresión, las que mayoritariamente ocurren en los estados de la periferia de México y no en el Distrito Federal, donde Articulo 19 está ubicado.
“No sé si la violencia sea igual o no, pero es mucho más fácil dar el conocer de qué pasó,” explicó.
La violencia tiene diferentes raíces: el crimen organizado y el gobierno.
“Sobre todo cubrir temas relacionados con la actividades de los grupos del crimen organizado, el narco tráfico de drogas, la violencia en las calles producto de la lucha y de la disputa y de la plaza, por parte de los carteles y del narcotráfico. La colusión entre autoridad y el crimen organizado son temas muy preocupantes, y además influyen en términos de la cobertura de los periodistas,” analizó Carlos Lauría, el director de la zona américa para el Committee to Protect Journalists en Washington.
Soto documentó que el 47 por ciento de las agresiones vienen del gobierno local. Y eso es una de la razones porque los crímenes continúan con tanta impunidad. A pesar de las medidas que tomó el gobierno mexicano para investigar y castigar los crímenes, poco han producidos resultados. El cambio constitucional del artículo 73 y la Ley para la Protección de Personas Defendedoras de los Derechos Humanos y Periodistas en 2012 otorga a la autoridad federal la jurisdicción para investigar cuando los casos están relacionados con su labor informativa. Antes de esa ley, las investigaciones de homicidios, que forman parte del fuero común, estaban a cargo de los gobiernos locales.
Pero todavía hoy, las investigaciones preliminares que establecen el vínculo entre los crímenes y el trabajo de periodista de las víctimas se topan con las autoridades locales, conocidas por ser corruptas.
La académica Celeste González de Bustamante, quien trabaja para la escuela de periodismo en la Universidad de Arizona en los Estados Unidos, explicó: “las autoridades estatales dicen que está un robo común, y que la persona murió porque los asaltantes forzaron la entrada para robar y la mataron. ¿Pero qué robaron? Robaron las computadoras, las grabadoras, y las cámaras. Tienen esas pruebas obvias pero las ocultan. Entonces, nunca esta investigación llegará hasta el nivel federal. Hay un hueco.”
Esas medidas judiciales son muy recientes, y Gonzalez de Bustamante explicó que el sistema todavía estaba ajustando. Pero hasta hoy, la ley no ha logrado muchos efectos: no ha habido ninguna sentencia en contra de los agresores, agregaron desde Artículo 19.
Eso trae muchas consecuencias para los periodistas y las regiones afectadas – los estados al norte del país, pero también en Veracruz u Oaxaca. La Auto-censura genera situaciones donde comunidades y sociedades, especialmente las más desfavorecidas, se vuelven vacíos desinformativos.
“Lo que está ocurriendo es que el debate sobre temas de interés público, los temas que afectan la vida diaria de muchos mexicanos se había impedido. El debate público es la piedra angular del sistema democrático, por consecuencia, la afectación de todos estos derechos lo que está produciendo es una situación de inestabilidad en el sistema democrático y una democracia evidentemente dañada”, dijo Lauría del Committee to Protect Journalists.
La mayoría de las agresiones ocurren fuera de la capital, en los estados los más periféricos, en medios locales que no tienen muchos recursos y donde los periodistas son lo más vulnerables. Las investigaciones de Gonzalez de Bustamante muestran que los riesgos a veces son tan altos, que las compañías de seguros deniegan cubrir los periodistas y sus familias. Con un sueldo que promedia a menos US$500 dólares por mes, los periodistas no pueden sobrevivir. Si tienen que huir al Distrito Federal, fuera de sus familias y donde no tienen trabajo, la situación se pone todavía más difícil.
Muchas veces, los medios por los cuales trabajan no les apoyan en la parte más arriesgada de su trabajo. La prensa a menudo es muy sumisa a los políticos locales.
“Pensarías que si estás trabajando por un medio legítimo, te apoyaron. En los peores casos donde el periodista fue asesinado, a veces, el medio rehúsa confirmar que la persona trabajó por ellos”, explicó González de Bustamante.
“Tratan de culpar a los periodistas, diciendo que se juntan con personas inapropiadas, que era su culpa, que debieron hacer algo que trajo esa consecuencia. Eso que cuestiona el comportamiento de los periodistas pero no la agresión”, añadió.
Los narcotraficantes también debilitaron a los medios de manera económica, dijo Gonzalez de Bustamante. Antes, la mayoría de sus fondos eran privados, de pequeños negocios y tiendas locales que publicaban publicidad en los diarios locales. Pero cuando los cárteles empezaron a extorsionar la población, se puso peligroso tener su nombre en el periódico. Hoy día, la mayoría de las publicidades vienen del gobierno y dañan la independencia de los medios.
Todas esas circunstancias mantienen los periodistas en una situación de debilidad y de precariedad, física como económica.
“Los dueños de los periódicos son cómplices en esa situación, pero de eso no se habla mucho”, concluyó González de Bustamante.
No ha pasado un mes desde que se inició 2016, y ya dos periodistas han sido asesinados en el estado de Oaxaca en México. Antes de su muerte la noche del 21 de enero 2016, Marcos Hernández Bautista, un corresponsal para Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, había expresado temor después de haber publicado reportajes críticos de intereses políticos y de cacicazgos. Una investigación sobre el reacomodo distrital por motivos electorales en la región era especialmente sensible, reportó Artículo 19 una organización que lucha por la libertad de expresión y para proteger los periodistas amenazados y cuya segunda oficina más grande está en México D.F.
El 21 de enero, encontraron su cuerpo al lado de su auto, herido mortalmente por arma de fuego.
Hernández Bautista fue el primero de 2016, pero el último de una lista larga. Más de 90 periodistas fueron asesinados en los últimos 15 años, y 23 quedan desaparecidos, reportó Artículo 19. En la clasificación de 2015 de Reporteras sin fronteras, México llegó al número 148 entre 180 países, unos de los lugares más peligrosos del mundo para periodistas.
Además de esos casos extremos, explicó Gabriel Soto Climent, el oficial de Protección y Seguridad de Artículo 19, la organización documento 290 agresiones en 2015.
“Yo prefiero llamarle más que amenaza, agresión. La agresión puede ser muchas cosas, puede ser un hostigamiento, seguimientos, amenaza, un mensaje de cuidado, puede ser que la habían dejado una bala arriba de su coche ¿no? Puede ser que no hay una amenaza expresa pero hay un mensaje intimidatorio, puede ser que le manden un mensaje que ya saben dónde vive”, explicó Soto.
Y cada vez, añadió Soto, estas agresiones y amenazas se hacen mejor: “cada vez van pensando en algunos estados para que no caigan un tipo penal y no sean denunciable”.
Cuando llega la noticia de una agresión, Soto la documenta para visibilizarla. Hay que establecer que los hechos están directamente vinculados con el trabajo de periodista con tres o cuatro fuentes. Hacer la amenaza pública a veces es una medida suficiente para inhibir al agresor. Cuando no es, Soto también puede implementar medidas más fuertes: instalar cámaras o rejas, hacer protocolos de monitorio, fortalecer la seguridad digital, u ofrecer apoyo psicológico. En los peores casos, hay que mover el periodista del estado por un tiempo.
Pero muchas medidas, dijo Soto, son muy etéreas: “yo creo que para la protección hay que ser creativo. Porque hay otras partes que faltan no, en el gobierno son muy esquemáticos en hacer sus protecciones. Tienen pocas capacidades de sacar un tweet, de mandar un comunicado, de echar una llamada al presidente municipal que está agrediendo y decir “ya sabemos, parece que eres tú, vamos a investigar qué onda”, explicó.
Articulo 19 ha existido por 10 años, pero el trabajo ha cambiado tremendamente con las redes sociales. Es mucho más fácil conocer lo que pasó y mantener la vigilancia por todo el país. También ha ayudado la organización, y todas las otras que existen a ser conocidas por los periodistas y diarios que pueden conectarse más fácilmente e instantáneamente cuando pasa una agresión, las que mayoritariamente ocurren en los estados de la periferia de México y no en el Distrito Federal, donde Articulo 19 está ubicado.
“No sé si la violencia sea igual o no, pero es mucho más fácil dar el conocer de qué pasó,” explicó.
La violencia tiene diferentes raíces: el crimen organizado y el gobierno.
“Sobre todo cubrir temas relacionados con la actividades de los grupos del crimen organizado, el narco tráfico de drogas, la violencia en las calles producto de la lucha y de la disputa y de la plaza, por parte de los carteles y del narcotráfico. La colusión entre autoridad y el crimen organizado son temas muy preocupantes, y además influyen en términos de la cobertura de los periodistas,” analizó Carlos Lauría, el director de la zona américa para el Committee to Protect Journalists en Washington.
Soto documentó que el 47 por ciento de las agresiones vienen del gobierno local. Y eso es una de la razones porque los crímenes continúan con tanta impunidad. A pesar de las medidas que tomó el gobierno mexicano para investigar y castigar los crímenes, poco han producidos resultados. El cambio constitucional del artículo 73 y la Ley para la Protección de Personas Defendedoras de los Derechos Humanos y Periodistas en 2012 otorga a la autoridad federal la jurisdicción para investigar cuando los casos están relacionados con su labor informativa. Antes de esa ley, las investigaciones de homicidios, que forman parte del fuero común, estaban a cargo de los gobiernos locales.
Pero todavía hoy, las investigaciones preliminares que establecen el vínculo entre los crímenes y el trabajo de periodista de las víctimas se topan con las autoridades locales, conocidas por ser corruptas.
La académica Celeste González de Bustamante, quien trabaja para la escuela de periodismo en la Universidad de Arizona en los Estados Unidos, explicó: “las autoridades estatales dicen que está un robo común, y que la persona murió porque los asaltantes forzaron la entrada para robar y la mataron. ¿Pero qué robaron? Robaron las computadoras, las grabadoras, y las cámaras. Tienen esas pruebas obvias pero las ocultan. Entonces, nunca esta investigación llegará hasta el nivel federal. Hay un hueco.”
Esas medidas judiciales son muy recientes, y Gonzalez de Bustamante explicó que el sistema todavía estaba ajustando. Pero hasta hoy, la ley no ha logrado muchos efectos: no ha habido ninguna sentencia en contra de los agresores, agregaron desde Artículo 19.
Eso trae muchas consecuencias para los periodistas y las regiones afectadas – los estados al norte del país, pero también en Veracruz u Oaxaca. La Auto-censura genera situaciones donde comunidades y sociedades, especialmente las más desfavorecidas, se vuelven vacíos desinformativos.
“Lo que está ocurriendo es que el debate sobre temas de interés público, los temas que afectan la vida diaria de muchos mexicanos se había impedido. El debate público es la piedra angular del sistema democrático, por consecuencia, la afectación de todos estos derechos lo que está produciendo es una situación de inestabilidad en el sistema democrático y una democracia evidentemente dañada”, dijo Lauría del Committee to Protect Journalists.
La mayoría de las agresiones ocurren fuera de la capital, en los estados los más periféricos, en medios locales que no tienen muchos recursos y donde los periodistas son lo más vulnerables. Las investigaciones de Gonzalez de Bustamante muestran que los riesgos a veces son tan altos, que las compañías de seguros deniegan cubrir los periodistas y sus familias. Con un sueldo que promedia a menos US$500 dólares por mes, los periodistas no pueden sobrevivir. Si tienen que huir al Distrito Federal, fuera de sus familias y donde no tienen trabajo, la situación se pone todavía más difícil.
Muchas veces, los medios por los cuales trabajan no les apoyan en la parte más arriesgada de su trabajo. La prensa a menudo es muy sumisa a los políticos locales.
“Pensarías que si estás trabajando por un medio legítimo, te apoyaron. En los peores casos donde el periodista fue asesinado, a veces, el medio rehúsa confirmar que la persona trabajó por ellos”, explicó González de Bustamante.
“Tratan de culpar a los periodistas, diciendo que se juntan con personas inapropiadas, que era su culpa, que debieron hacer algo que trajo esa consecuencia. Eso que cuestiona el comportamiento de los periodistas pero no la agresión”, añadió.
Los narcotraficantes también debilitaron a los medios de manera económica, dijo Gonzalez de Bustamante. Antes, la mayoría de sus fondos eran privados, de pequeños negocios y tiendas locales que publicaban publicidad en los diarios locales. Pero cuando los cárteles empezaron a extorsionar la población, se puso peligroso tener su nombre en el periódico. Hoy día, la mayoría de las publicidades vienen del gobierno y dañan la independencia de los medios.
Todas esas circunstancias mantienen los periodistas en una situación de debilidad y de precariedad, física como económica.
“Los dueños de los periódicos son cómplices en esa situación, pero de eso no se habla mucho”, concluyó González de Bustamante.
No ha pasado un mes desde que se inició 2016, y ya dos periodistas han sido asesinados en el estado de Oaxaca en México. Antes de su muerte la noche del 21 de enero 2016, Marcos Hernández Bautista, un corresponsal para Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, había expresado temor después de haber publicado reportajes críticos de intereses políticos y de cacicazgos. Una investigación sobre el reacomodo distrital por motivos electorales en la región era especialmente sensible, reportó Artículo 19 una organización que lucha por la libertad de expresión y para proteger los periodistas amenazados y cuya segunda oficina más grande está en México D.F.
El 21 de enero, encontraron su cuerpo al lado de su auto, herido mortalmente por arma de fuego.
Hernández Bautista fue el primero de 2016, pero el último de una lista larga. Más de 90 periodistas fueron asesinados en los últimos 15 años, y 23 quedan desaparecidos, reportó Artículo 19. En la clasificación de 2015 de Reporteras sin fronteras, México llegó al número 148 entre 180 países, unos de los lugares más peligrosos del mundo para periodistas.
Además de esos casos extremos, explicó Gabriel Soto Climent, el oficial de Protección y Seguridad de Artículo 19, la organización documento 290 agresiones en 2015.
“Yo prefiero llamarle más que amenaza, agresión. La agresión puede ser muchas cosas, puede ser un hostigamiento, seguimientos, amenaza, un mensaje de cuidado, puede ser que la habían dejado una bala arriba de su coche ¿no? Puede ser que no hay una amenaza expresa pero hay un mensaje intimidatorio, puede ser que le manden un mensaje que ya saben dónde vive”, explicó Soto.
Y cada vez, añadió Soto, estas agresiones y amenazas se hacen mejor: “cada vez van pensando en algunos estados para que no caigan un tipo penal y no sean denunciable”.
Cuando llega la noticia de una agresión, Soto la documenta para visibilizarla. Hay que establecer que los hechos están directamente vinculados con el trabajo de periodista con tres o cuatro fuentes. Hacer la amenaza pública a veces es una medida suficiente para inhibir al agresor. Cuando no es, Soto también puede implementar medidas más fuertes: instalar cámaras o rejas, hacer protocolos de monitorio, fortalecer la seguridad digital, u ofrecer apoyo psicológico. En los peores casos, hay que mover el periodista del estado por un tiempo.
Pero muchas medidas, dijo Soto, son muy etéreas: “yo creo que para la protección hay que ser creativo. Porque hay otras partes que faltan no, en el gobierno son muy esquemáticos en hacer sus protecciones. Tienen pocas capacidades de sacar un tweet, de mandar un comunicado, de echar una llamada al presidente municipal que está agrediendo y decir “ya sabemos, parece que eres tú, vamos a investigar qué onda”, explicó.
Articulo 19 ha existido por 10 años, pero el trabajo ha cambiado tremendamente con las redes sociales. Es mucho más fácil conocer lo que pasó y mantener la vigilancia por todo el país. También ha ayudado la organización, y todas las otras que existen a ser conocidas por los periodistas y diarios que pueden conectarse más fácilmente e instantáneamente cuando pasa una agresión, las que mayoritariamente ocurren en los estados de la periferia de México y no en el Distrito Federal, donde Articulo 19 está ubicado.
“No sé si la violencia sea igual o no, pero es mucho más fácil dar el conocer de qué pasó,” explicó.
La violencia tiene diferentes raíces: el crimen organizado y el gobierno.
“Sobre todo cubrir temas relacionados con la actividades de los grupos del crimen organizado, el narco tráfico de drogas, la violencia en las calles producto de la lucha y de la disputa y de la plaza, por parte de los carteles y del narcotráfico. La colusión entre autoridad y el crimen organizado son temas muy preocupantes, y además influyen en términos de la cobertura de los periodistas,” analizó Carlos Lauría, el director de la zona américa para el Committee to Protect Journalists en Washington.
Soto documentó que el 47 por ciento de las agresiones vienen del gobierno local. Y eso es una de la razones porque los crímenes continúan con tanta impunidad. A pesar de las medidas que tomó el gobierno mexicano para investigar y castigar los crímenes, poco han producidos resultados. El cambio constitucional del artículo 73 y la Ley para la Protección de Personas Defendedoras de los Derechos Humanos y Periodistas en 2012 otorga a la autoridad federal la jurisdicción para investigar cuando los casos están relacionados con su labor informativa. Antes de esa ley, las investigaciones de homicidios, que forman parte del fuero común, estaban a cargo de los gobiernos locales.
Pero todavía hoy, las investigaciones preliminares que establecen el vínculo entre los crímenes y el trabajo de periodista de las víctimas se topan con las autoridades locales, conocidas por ser corruptas.
La académica Celeste González de Bustamante, quien trabaja para la escuela de periodismo en la Universidad de Arizona en los Estados Unidos, explicó: “las autoridades estatales dicen que está un robo común, y que la persona murió porque los asaltantes forzaron la entrada para robar y la mataron. ¿Pero qué robaron? Robaron las computadoras, las grabadoras, y las cámaras. Tienen esas pruebas obvias pero las ocultan. Entonces, nunca esta investigación llegará hasta el nivel federal. Hay un hueco.”
Esas medidas judiciales son muy recientes, y Gonzalez de Bustamante explicó que el sistema todavía estaba ajustando. Pero hasta hoy, la ley no ha logrado muchos efectos: no ha habido ninguna sentencia en contra de los agresores, agregaron desde Artículo 19.
Eso trae muchas consecuencias para los periodistas y las regiones afectadas – los estados al norte del país, pero también en Veracruz u Oaxaca. La Auto-censura genera situaciones donde comunidades y sociedades, especialmente las más desfavorecidas, se vuelven vacíos desinformativos.
“Lo que está ocurriendo es que el debate sobre temas de interés público, los temas que afectan la vida diaria de muchos mexicanos se había impedido. El debate público es la piedra angular del sistema democrático, por consecuencia, la afectación de todos estos derechos lo que está produciendo es una situación de inestabilidad en el sistema democrático y una democracia evidentemente dañada”, dijo Lauría del Committee to Protect Journalists.
La mayoría de las agresiones ocurren fuera de la capital, en los estados los más periféricos, en medios locales que no tienen muchos recursos y donde los periodistas son lo más vulnerables. Las investigaciones de Gonzalez de Bustamante muestran que los riesgos a veces son tan altos, que las compañías de seguros deniegan cubrir los periodistas y sus familias. Con un sueldo que promedia a menos US$500 dólares por mes, los periodistas no pueden sobrevivir. Si tienen que huir al Distrito Federal, fuera de sus familias y donde no tienen trabajo, la situación se pone todavía más difícil.
Muchas veces, los medios por los cuales trabajan no les apoyan en la parte más arriesgada de su trabajo. La prensa a menudo es muy sumisa a los políticos locales.
“Pensarías que si estás trabajando por un medio legítimo, te apoyaron. En los peores casos donde el periodista fue asesinado, a veces, el medio rehúsa confirmar que la persona trabajó por ellos”, explicó González de Bustamante.
“Tratan de culpar a los periodistas, diciendo que se juntan con personas inapropiadas, que era su culpa, que debieron hacer algo que trajo esa consecuencia. Eso que cuestiona el comportamiento de los periodistas pero no la agresión”, añadió.
Los narcotraficantes también debilitaron a los medios de manera económica, dijo Gonzalez de Bustamante. Antes, la mayoría de sus fondos eran privados, de pequeños negocios y tiendas locales que publicaban publicidad en los diarios locales. Pero cuando los cárteles empezaron a extorsionar la población, se puso peligroso tener su nombre en el periódico. Hoy día, la mayoría de las publicidades vienen del gobierno y dañan la independencia de los medios.
Todas esas circunstancias mantienen los periodistas en una situación de debilidad y de precariedad, física como económica.
“Los dueños de los periódicos son cómplices en esa situación, pero de eso no se habla mucho”, concluyó González de Bustamante.
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