Este viernes la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó la solicitud del Consorcio Santa Marta S.A. para alzar la orden de no innvovar y mantener así la suspensión del funcionamiento del relleno sanitario que se ubica en la comuna de Talagante. Una orden dictada el pasado 22 de enero, como consecuencia del incendio que se iniciara en ese lugar, cuatro días antes.
Lo anterior, por considerar que no existen nuevos antecedentes que permitan revocar la decisión inicial, así como al tomar en cuenta la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente, que decretó el cese del funcionamiento del vertedero por un periodo de 15 días hábiles, tiempo que se encuentra vigente, a pesar de que la propia Superintendencia dejó sin valor el decreto el 1 de febrero.
Paralelamente, la Intendencia Metropolitana había autorizado una reapertura parcial, pero dependiendo de lo que dispusieran la misma Superintendencia y la Justicia. De hecho, existía un acuerdo entre la autoridad regional y los recolectores de basura para que el cuestionado vertedero funcionara en un 60 por ciento de su capacidad.
Con esto, los trabajadores aseguraban la posibilidad de no realizar horas extras, al evitar los traslados de basura hacia otros rellenos sanitarios de Santiago, producto del cierre de Santa Marta.
Sin embargo, el acuerdo quedó truncado a partir del fallo de la Corte de Apelaciones, lo que llevó a los dirigentes a movilizarse y anticipar paralizaciones para los próximos días.
De hecho, este sábado se reunieron representantes de distintas zonas, luego de lo cual el presidente de la Federación de Trabajadores de Empresas de Aseo (Fenasinaj), Armando Soto, advirtió que “si no hay respuesta que satisfaga y que abra el relleno de Santa Marta, el paro va”.
Paralización que se iniciaría el próximo martes, sumando a todos los recolectores de basura de la Región Metropolitana. Incluso podrían sumarse trabajadores de otras ciudades del país.
Antes de eso, para el lunes quedó programado un nuevo encuentro entre los dirigentes y las autoridades de la Intendencia con el objetivo de analizar las alternativas ante el fallo judicial y evitar así, como han advertido los propios recolectores, una emergencia sanitaria en la capital.