San Ramón, Huechuraba, Quinta Normal, incluso Providencia y Viña del Mar replicaron el modelo de Farmacias Populares impulsada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quienes, sin embargo, este mes encontraron un nuevo obstáculo para el funcionamiento de sus droguerías.
El director del Instituto de Salud Pública (ISP), Álex Figueroa, reconoció haber recibido una serie de denuncias que están en investigación, de alcaldes que afirman que los laboratorios comenzaron a subirles los precios de los fármacos.
La autoridad adelantó que se podría tratar de “laboratorios que no están cumpliendo con la ley” y que están “dañando la idea de una farmacia popular, impidiendo que la gente acceda a medicamentos más baratos y eso es un abuso”, apuntó el ex ministro de Salud.
Sin embargo, más allá de la expectativa que se tiene sobre la conclusión que pueda arrojar el ISP, la alcaldesa de Quinta Normal, comuna próxima a implementar su propia farmacia popular, Carmen Gloria Fernández, reconoció el carácter estructural del problema.
De esta manera, reconociendo que hoy en día las empresas tienen manga ancha para cometer estos abusos, afirmó que en el proceso constituyente debe discutirse el acceso a la salud como un derecho.
“A (Daniel) Jadue le costó más de un año poder implementar las farmacias porque tuvo que ver el tema de las leyes y cómo se podía hacer, entonces la Constitución tiene que tener a la salud como derecho social y que permita que los medicamentos puedan accederse a precios justos, y en esa discusión que va a comenzar va a ser parte la ciudadanía, no sólo los constitucionalistas”.
Además, Matías Goyenechea, de la Fundación Creando Salud, aseguró que el Estado chileno, frente esta actitud de las empresas, debe recuperar su rol vanguardista en la política farmacéutica.
“Chile fue un país pionero en el gobierno de Eduardo Frei Montalva donde se generó un formulario nacional de medicamentos, en el que se estipulaba una lista de medicamentos que obligatoriamente tenían que estar disponibles y además se facultó al Estado de tener un laboratorio produjera esos medicamentos a bajo costo y sirviera para acceder a la población. Esta política fue vista en todo el mundo y Chile fue uno de los países pioneros en esta materia, en la Dictadura eso se destruyó”.
El experto en economía de la Salud coincidió con la alcaldesa Carmen Gloria Fernández en apuntar esta discusión al marco del proceso constituyente.
“Hoy día tenemos un Estado que tiene un rol subsidiario y por lo tanto subsidia a agentes privados la provisión de servicios públicos, por ejemplo la salud, previsión y otros. Eso debiera hacernos entender que hoy día lo que se abre en el proceso constituyente donde se está esperando a discutir estas cosas, es cómo el Estado se hace parte de lo que tiene que ver con la salud y en particular con los medicamentos”.
A través de las redes sociales, el alcalde Daniel Jadue, aseguró que esta concertación de precios es algo se ha “venido denunciando desde hace un tiempo”, acusando a laboratorios por subir “descaradamente” sus precios en algunos medicamentos “con la clara intención de boicotear a las Farmacias Populares”.
Ante esto advirtió: “nada ni nadie parará esto, si la mafia de los remedios se niega a vendernos o nos suben los precios, recurriremos a las importaciones”.
San Ramón, Huechuraba, Quinta Normal, incluso Providencia y Viña del Mar replicaron el modelo de Farmacias Populares impulsada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quienes, sin embargo, este mes encontraron un nuevo obstáculo para el funcionamiento de sus droguerías.
El director del Instituto de Salud Pública (ISP), Álex Figueroa, reconoció haber recibido una serie de denuncias que están en investigación, de alcaldes que afirman que los laboratorios comenzaron a subirles los precios de los fármacos.
La autoridad adelantó que se podría tratar de “laboratorios que no están cumpliendo con la ley” y que están “dañando la idea de una farmacia popular, impidiendo que la gente acceda a medicamentos más baratos y eso es un abuso”, apuntó el ex ministro de Salud.
Sin embargo, más allá de la expectativa que se tiene sobre la conclusión que pueda arrojar el ISP, la alcaldesa de Quinta Normal, comuna próxima a implementar su propia farmacia popular, Carmen Gloria Fernández, reconoció el carácter estructural del problema.
De esta manera, reconociendo que hoy en día las empresas tienen manga ancha para cometer estos abusos, afirmó que en el proceso constituyente debe discutirse el acceso a la salud como un derecho.
“A (Daniel) Jadue le costó más de un año poder implementar las farmacias porque tuvo que ver el tema de las leyes y cómo se podía hacer, entonces la Constitución tiene que tener a la salud como derecho social y que permita que los medicamentos puedan accederse a precios justos, y en esa discusión que va a comenzar va a ser parte la ciudadanía, no sólo los constitucionalistas”.
Además, Matías Goyenechea, de la Fundación Creando Salud, aseguró que el Estado chileno, frente esta actitud de las empresas, debe recuperar su rol vanguardista en la política farmacéutica.
“Chile fue un país pionero en el gobierno de Eduardo Frei Montalva donde se generó un formulario nacional de medicamentos, en el que se estipulaba una lista de medicamentos que obligatoriamente tenían que estar disponibles y además se facultó al Estado de tener un laboratorio produjera esos medicamentos a bajo costo y sirviera para acceder a la población. Esta política fue vista en todo el mundo y Chile fue uno de los países pioneros en esta materia, en la Dictadura eso se destruyó”.
El experto en economía de la Salud coincidió con la alcaldesa Carmen Gloria Fernández en apuntar esta discusión al marco del proceso constituyente.
“Hoy día tenemos un Estado que tiene un rol subsidiario y por lo tanto subsidia a agentes privados la provisión de servicios públicos, por ejemplo la salud, previsión y otros. Eso debiera hacernos entender que hoy día lo que se abre en el proceso constituyente donde se está esperando a discutir estas cosas, es cómo el Estado se hace parte de lo que tiene que ver con la salud y en particular con los medicamentos”.
A través de las redes sociales, el alcalde Daniel Jadue, aseguró que esta concertación de precios es algo se ha “venido denunciando desde hace un tiempo”, acusando a laboratorios por subir “descaradamente” sus precios en algunos medicamentos “con la clara intención de boicotear a las Farmacias Populares”.
Ante esto advirtió: “nada ni nadie parará esto, si la mafia de los remedios se niega a vendernos o nos suben los precios, recurriremos a las importaciones”.
San Ramón, Huechuraba, Quinta Normal, incluso Providencia y Viña del Mar replicaron el modelo de Farmacias Populares impulsada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quienes, sin embargo, este mes encontraron un nuevo obstáculo para el funcionamiento de sus droguerías.
El director del Instituto de Salud Pública (ISP), Álex Figueroa, reconoció haber recibido una serie de denuncias que están en investigación, de alcaldes que afirman que los laboratorios comenzaron a subirles los precios de los fármacos.
La autoridad adelantó que se podría tratar de “laboratorios que no están cumpliendo con la ley” y que están “dañando la idea de una farmacia popular, impidiendo que la gente acceda a medicamentos más baratos y eso es un abuso”, apuntó el ex ministro de Salud.
Sin embargo, más allá de la expectativa que se tiene sobre la conclusión que pueda arrojar el ISP, la alcaldesa de Quinta Normal, comuna próxima a implementar su propia farmacia popular, Carmen Gloria Fernández, reconoció el carácter estructural del problema.
De esta manera, reconociendo que hoy en día las empresas tienen manga ancha para cometer estos abusos, afirmó que en el proceso constituyente debe discutirse el acceso a la salud como un derecho.
“A (Daniel) Jadue le costó más de un año poder implementar las farmacias porque tuvo que ver el tema de las leyes y cómo se podía hacer, entonces la Constitución tiene que tener a la salud como derecho social y que permita que los medicamentos puedan accederse a precios justos, y en esa discusión que va a comenzar va a ser parte la ciudadanía, no sólo los constitucionalistas”.
Además, Matías Goyenechea, de la Fundación Creando Salud, aseguró que el Estado chileno, frente esta actitud de las empresas, debe recuperar su rol vanguardista en la política farmacéutica.
“Chile fue un país pionero en el gobierno de Eduardo Frei Montalva donde se generó un formulario nacional de medicamentos, en el que se estipulaba una lista de medicamentos que obligatoriamente tenían que estar disponibles y además se facultó al Estado de tener un laboratorio produjera esos medicamentos a bajo costo y sirviera para acceder a la población. Esta política fue vista en todo el mundo y Chile fue uno de los países pioneros en esta materia, en la Dictadura eso se destruyó”.
El experto en economía de la Salud coincidió con la alcaldesa Carmen Gloria Fernández en apuntar esta discusión al marco del proceso constituyente.
“Hoy día tenemos un Estado que tiene un rol subsidiario y por lo tanto subsidia a agentes privados la provisión de servicios públicos, por ejemplo la salud, previsión y otros. Eso debiera hacernos entender que hoy día lo que se abre en el proceso constituyente donde se está esperando a discutir estas cosas, es cómo el Estado se hace parte de lo que tiene que ver con la salud y en particular con los medicamentos”.
A través de las redes sociales, el alcalde Daniel Jadue, aseguró que esta concertación de precios es algo se ha “venido denunciando desde hace un tiempo”, acusando a laboratorios por subir “descaradamente” sus precios en algunos medicamentos “con la clara intención de boicotear a las Farmacias Populares”.
Ante esto advirtió: “nada ni nadie parará esto, si la mafia de los remedios se niega a vendernos o nos suben los precios, recurriremos a las importaciones”.
