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Detenciones ciudadanas: La violencia y el desprecio contra la pobreza

Como un reflejo del discurso sobre la inseguridad ciudadana y una manera de no abordar las causas profundas de la delincuencia, fue analizado por expertos el importante apoyo a las detenciones ciudadanas de parte de los chilenos. “La que no funciona es la justicia que la sociedad debe entregar”, aseguran.

Gonzalo Castillo

  Miércoles 10 de febrero 2016 20:40 hrs. 
Detención ciudadana


De acuerdo al estudio sobre la Percepción del Servicio de la Defensoría Penal Pública, del Centro de Encuestas y estudios Longitudinales de la Universidad Católica, un 53,6 por ciento de los consultados se manifestó de acuerdo con las llamadas “detenciones ciudadanas” y las prácticas que llevan aparejadas como el desnudar, golpear e insultar a quienes son sorprendidos en actos delictuales.

También se incluye que un 36,2 por ciento piensa que la delincuencia es el principal problema que enfrenta nuestro país, seguido por la corrupción con un 9,9 por ciento, y luego la pobreza con un 9,5 por ciento, mientras que un 14, 6 por ciento declaró que él o algún miembro de su familia había sido víctima de un delito.

Frente a estas cifras, en especial el apoyo a las detenciones ciudadanas, expertos plantean sus inquietudes y planteamientos en relación con las percepciones que están imperando en la sociedad chilena sobre cómo enfrentar la delincuencia, y especialmente, sobre los peligrosos estigmas y estereotipos que se crean a partir de ella.

Para la socióloga y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux, el que un grupo importante de chilenos se muestre favorable a este tipo de prácticas, responde, en el fondo, a un “desprecio” por la pobreza y el no querer verse reflejado en quienes cometen esos delitos, que principalmente se asocian a sujetos de sectores populares o más desposeídos: “La delincuencia aparece como un lugar vinculado a la pobreza, desgraciadamente”, señala la socióloga.

“En una suerte de sistema espejo nadie se quiere ver reflejado o reflejada en un ser humano pobre, o que viene de sectores desfavorecidos, o que viene de regiones indígenas, o que viene de la inmigración, entonces casi de manera espontánea la gente suele tener varias reacciones que se convierte luego en acciones contra gran parte de la población chilena, primero el desprecio a los pobres (…) pero al mismo tiempo de acciones violentas que en cualquier momento se producen contra una persona considerada sospechosa”, profundiza la académica de la Universidad de Chile.

María Emilia Tijoux advierte sobre una “construcción de un discurso” sobre inseguridad ciudadana y “excesivo garantismo” de la justicia chilena que ha penetrado en gran parte de nuestra sociedad que no se condice con la realidad, y que, finalmente, se utiliza como justificación para ejercer este tipo de acciones como las detenciones ciudadanas, y que políticamente tiene sus réditos entre quienes se postulan a cargos de elección popular.

“El discurso, por un lado, de la gente que está postulando o está en el campo político construye eso, y a eso le siguen algunos medios de comunicación construyen y aprovechan ese discurso para tener mejor rating y presentar en le televisión hechos violentos como si nunca hubiesen sucedido. En una sociedad capitalista siempre van a haber hechos violentos porque hay más pobres que ricos, porque hay muy pocos que tienen todo el dinero y hay muchos que no tienen nada, y entremedio hay actos delictivos, sin ninguna duda”.

Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, sostiene que esta percepción favorable de gran parte de la ciudadanía a las detenciones ciudadanas refleja “un ambiente que se ha venido generando los últimos diez años con más fuerza, luego de la implementación de la Reforma Procesal Penal en Santiago, en que se comienza a levantar un discurso sobre el ‘excesivo garantismo del sistema de justicia’”.

La académica del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana señala que Chile está en los niveles de los países de la OCDE en relación al funcionamiento del sistema judicial, por lo cual asegura que más ha pesado en la percepción ciudadana los discursos críticos que a través de los medios de comunicación “han permeado a la sociedad que perjudica al fortalecimiento del estado de Derecho”.

“Es bastante normal que la reacción de la población mal informada sea hacia la justicia por la mano propia, lo que a mí me parece nefasto, nos lleva al despeñadero porque si estamos en eso cerremos las policías, aumentemos la seguridad privada y que cada uno se salve como pueda, pero definitivamente ese no es el esfuerzo que se ha venido haciendo en este país desde que se reconquistó la democracia y estamos reconstruyendo el estado de Derecho pleno”.

Alejandra Mohor coincide con la profesora Tijoux en el sentido del componente discriminatorio que existe, a la base, en estas percepciones y prácticas en la sociedad chilena, desde cómo son vistos los migrantes que vienen de otros países de América Latina hasta el joven que viene de los barrios populares: “Estos otros que son vistos como distintos e inferiores y que son considerados como un peligro”, señala la académica del INAP de la Universidad de Chile.

Finalmente, Alejandra Mohor hace énfasis en la necesidad de un cambio de paradigma sobre el combate a la delincuencia en nuestra sociedad, replantearnos qué tipo de delitos “se considerarán relevantes y determinantes para el desarrollo de una política pública criminal de Estado que involucren todas estas preocupaciones que están en la ciudadanía y que se transformen en una cambio profundo”.

Para Marcelo Sánchez, gerente de la fundación San Carlos de Maipo, esta percepción de las personas respecto de las detenciones ciudadanas, en primer término responde a los altos índices de victimización que existen, a pesar de los recursos que se han destinado a este acápite, “un 6 por ciento del presupuesto fiscal”. Además, la aparición de delitos de mayor connotación pública, como es el caso de los portonazos, “hace que la gente esté altamente sensible a estos temas”, asegura Sánchez.

En este sentido, hizo hincapié en el rol que juega la incidencia del consumo problemático de drogas en los actos delictuales, “la causa explicativa de un tercio de los delitos y está involucrado en alrededor de un 50 por ciento de los casos”, por lo que descarta que esta situación sea exacerbada por los medios de comunicación, “es real y ocurre no sólo en el barrio alto sino en todas partes”, no obstante esto no debe dar pie a legitimar la aplicación de la “justicia por mano propia”. “Son dos fenómenos distintos”, sostiene Sánchez.

Uno de los argumentos más comunes que esgrime la población que está de acuerdo con las detenciones ciudadanas y todo lo que conlleva este tipo de prácticas tiene que ver con la percepción de que el sistema penal en Chile sería “excesivamente garantista”, cuestión que se ha resumido en el concepto de la “puerta giratoria” que desde posiciones más conservadoras se ha acuñado.

En este sentido, el gerente de fundación San Carlos de Maipo discrepa de esta percepción y pone el acento en los factores que explican el fenómeno de la delincuencia: “Cuando nosotros estamos hablando de si es el sistema judicial el que está fallando, también hay que tener la mirada mucho más amplia y ver cuáles son las causas de la delincuencia, preocuparse de que la sociedad tiene elementos estructurales hay condiciones de exclusión, hay condiciones de pobreza, hay deserción escolar, hay falta de acceso a tratamiento de drogas que están a la base de las conductas delictivas”.

Sánchez plantea que el sistema judicial chileno debe avanzar en el perfeccionamiento de su institucionalidad, por ejemplo con la creación de los tribunales de ejecución de penas que haga un seguimiento del cumplimiento de condenas, aumentar los tribunales de tratamiento de drogas, fortalecer las penas sustitutivas y alternativas, avanzar en la prevención y reinserción social: “Preocuparnos de los 200 mil chiquillos que están a punto de desertar del colegio y de los 580 mil jóvenes que ni trabajan ni estudian”, enfatiza Sánchez.

“Cuando hablamos de que no funciona la justicia, lo que está detrás es que la justicia no funciona, pero no funciona antes, no funciona la justicia que la misma sociedad hoy día tiene que hacer que funcione, que tiene que dar oportunidades, que tiene que dar espacios de inserción social para ir apartando aquellas conductas antisociales en los jóvenes que terminan desencadenando trayectorias delictivas”, concluye Sánchez.

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