Como una de las promesas de campaña de Michelle Bachelet y también como uno de los compromisos que estableció durante la última cuenta pública, la Reforma Estructural al Sistema Educativo en todos sus niveles, incluía cinco pilares fundamentales: inclusión, educación parvularia,  carrera docente, gratuidad y una ley general sobre el sistema de educación superior.

En materia de inclusión, se aprobó la llamada Ley de Inclusión, que se propone terminar con el lucro y la selección en los colegios que reciben fondos públicos. Para este 2016 se proyectaba el inicio de la reducción del copago y para 2018 el compromiso es que el 92 por ciento de los estudiantes de colegios públicos o particulares subvencionados asistan gratuitamente al colegio. Esta misma iniciativa suponía que este año entraría a regir un nuevo sistema de admisión, que prohibiría las discriminaciones.

En materia de educación inicial, durante el 2015 se elevó la cobertura en casi trece mil nuevos cupos y para este año se proyecta que empiecen a funcionar tanto la Subsecretaría como la Intendencia de Educación Parvularia. Ambas instituciones deberían establecer nuevos estándares que garanticen calidad, condiciones adecuadas y seguridad en cada uno de los establecimientos de educación a infantes.

La aprobación del proyecto de ley que establece una nueva Política Nacional Docente, la eliminación de las normas que impedían que estudiantes y funcionarios administrativos participaran democráticamente, con derecho a voto, en los órganos encargados de la gestión o dirección de las instituciones de Educación Superior y la ley que crea dos nuevas universidades estatales, en las regiones de O’Higgins y Aysén, fueron las medidas más recientes en esta materia.

Vacíos legales, cuentas pendientes

Si bien en cierto que la agenda reformista en materia educacional ha tenido la aprobación de varios de sus puntos, la gran tarea pendiente de la Reforma Educacional es la gestación de una ley que permita regular la educación superior. Incluir la gratuidad y sobre todo generar un marco institucional que reemplace al sistema actual –vigente  desde la dictadura-, parecen ser uno de los principales desafíos del gobierno para este año.

El compromiso en esta materia fue establecer la gratuidad mediante el envío de un proyecto de ley que sería presentado durante el segundo semestre de 2015 y que pretendía otorgar un marco de regulación, financiamiento y gratuidad.

El gobierno sorteó su incapacidad para generar un proyecto de ley que regulara la educación superior e inició un proceso gradual de gratuidad a través de la Ley de Presupuesto. Así, en marzo de este año se espera que el 50 por ciento de los estudiantes más vulnerables del país ingresen a la educación superior de manera gratuita.

Mario Venegas, diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Educación, explica: “Si partimos de la buena fe del gobierno, adelantar la gratuidad vía Ley de Presupuesto es una media transitoria y excepcional. Ahora lo que tenemos que hacer es establecer una regulación de normas permanentes que establezcan la gratuidad como un derecho”.

Además, el diputado de la DC explicó que las demoras en la presentación de este proyecto responden a las profundas diferencias políticas e ideológicas entre las distintas coaliciones.

“La discusión de fondo es profundamente ideológica. Hay un sector que quiere mantener el sistema tal como está y no hacerle cambios, y desgraciadamente yo tengo la convicción de que muchas veces lo hacen movidos por defender intereses económicos muy poderosos, porque este se transformó en un negocio extraordinariamente lucrativo para muchos”, afirmó el parlamentario.

La incómoda gratuidad

Marta Matamala, vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), señala que si bien resulta positivo que exista una menor cantidad de estudiantes endeudados, continúa siendo una preocupación la forma en que las instituciones van a enfrentar el proceso y sobre todo los estudiantes que quedaron al margen.

Para la dirigenta, el problema central de la gratuidad radica en que es entendida únicamente como un mecanismo de financiamiento, pero no asegura que este 50 por ciento de estudiantes más vulnerables sean los que entran al sistema de educación superior.

“Aquí los que están gozando de gratuidad son los mismos que podrían haber entrado el año pasado con becas porque los mecanismos de acceso no han variado y todos sabemos que los sectores más vulnerables de la sociedad no pasan la barrera de la PSU”, afirmó.

Si bien el proyecto original incluía en la primera etapa de la gratuidad sólo a los estudiantes de las Universidades del Consejo de Rectores, el pacto Chile Vamos consiguió mediante una solicitud al Tribunal Constitucional (TC), que se incluyeran a los estudiantes de los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.

Ernesto Águila, director del Departamento de Estudios Pedagógicos (DEP) de la Universidad de Chile, explica que la resolución del TC no sorprende: “Resulta congruente con el carácter subsidiario que tiene el Estado en educación. Como sabemos, esto significa que lo estatal y público actúa simplemente donde no actúa lo privado. Es, en definitiva, un modelo de Estado que concibe lo público como una anomalía transitoria de lo privado”.

Si bien Águila reconoce el avance que supone la gratuidad, considera que lo más importante hacia el futuro es que la educación gratuita sea la educación pública, como ocurre en todos los países del mundo.

“Uno podrá entenderlo como una etapa de transición en un contexto en que tenemos un 80 por ciento de estudiantes en la educación privada. En una situación tan anómala es posible concebir fases de transición en que también se beneficie a estudiantes de educación privada, pero la gratuidad es un atributo de lo público y es ahí donde se realizan los derechos sociales”, afirmó.

La ley que viene (o debería venir)

Actualmente, no existen instituciones especializadas destinadas a regular la educación superior. La legislación vigente en esta materia continúa siendo la LOCE, norma que ha sido, desde el año 2006, sumamente cuestionada por consagrar la educación más como una libertad de emprendimiento que como un derecho fundamental.

En las conversaciones que el gobierno ha sostenido con la Confech, les ha informado que el proyecto de ley que regulará la educación superior será presentado en dos partes: una primera, relacionada con regulación orgánica y una segunda parte referida a los mecanismos de financiamiento.

En la arista inicial el proyecto dotaría de una institucionalidad específica para regular la educación superior. Una superintendencia y subsecretaría especializadas serían elementos claves en este sentido.

Ernesto Águila piensa que una nueva ley de educación superior debiese considerar tanto aspectos de forma como de fondo. En la forma, opina que lo fundamental es que el proyecto de ley sea ampliamente discutido y concordado con los actores sociales de la educación y que no se cometa el error de enviar proyectos que tienen un bajo trabajo prelegislativo.

Sobre el fondo, afirma que debiera contener, por un lado, un marco conceptual que fije conceptos básicos que rijan el sistema y permitan un reordenamiento institucional y por otro, un proyecto de financiamiento que incluya la gratuidad.

En relación a las medidas que se conocen hasta ahora, opina: “Una superintendencia es una institucionalidad muy ad-hoc a un modelo de mercado desregulado, propio de la trayectoria del neoliberalismo”.

En este punto, para Águila resulta clave que “el Estado asuma un rol mucho más activo y directo en la construcción de un sistema de educación superior pública y a su vez, que lo que regule sea el sector privado, sobre todo si este recibe recursos públicos. Se debe romper con la simetría entre las instituciones públicas y privadas,  el Estado debería tener una opción clara por sus instituciones y establecer incentivos y regulaciones para el sector privado”.

Para el director del DEP, el conflicto central que enfrenta una sólida legislación radica en el carácter subsidiario que tiene el estado en educación, es decir, un modelo en el cual lo estatal y publico actúa simplemente donde no actúa lo privado.

“Es un modelo de estado que concibe lo público como una anomalía transitoria de lo privado. En el fondo, ni siquiera es simétrico, el estado subsidiario neoliberal privilegia lo privado por sobre lo público, entonces lo que hizo el Tribunal Constitucional con la glosa de gratuidad fue reafirmar esa doctrina, lo cual en mi opinión confirma algo que es muy importante: no vamos a salir de este modelo sin una nueva Constitución Política”, enfatizó.

Marta Matamala proyecta una movida agenda social, marcada por nuevas luchas estudiantiles.

“Tenemos plena intención de movilizarnos, de poder marcar cuales son las pautas del movimiento estudiantil y los puntos que nos interesan que estén contenidos dentro de una reforma. Muchos dentro de la Confech sospechamos y tenemos la certeza, por decirlo de algún modo, de que esta reforma tiene un techo en la medida en que la derecha y la Nueva Mayoría se sigan aliando y no comprendan, al fin y al cabo, que si no son capaces de responder en términos estructurales a una reforma educacional no va a haber mayor cambio”, finalizó.