El 24 de enero, los habitantes de la Isla de Pascua votaron una consulta previa sobre un anteproyecto de ley que busca regular la migración y la residencia. El resultado fue un abrumador 97 por ciento de apoyo al control migratorio, y la tasa de participación se consideró inédita, con más de 1 mil 500 sufrantes.

El alcalde Peter Edmunds calificó de exitosa la participación, asegurando estar “muy contentos” porque “cuando Gobierno y comunidad trabajan juntos, las cosas funcionan”. El alcalde comparó estos resultados con los de octubre de 2015, donde los habitantes se manifestaron sobre  la coadministración del parque nacional, resolución que fue invalidada por la poca participación.

Para Edmunds hay un cambio de 180 grados entre las dos consultas: “La primera consulta era una imposición del gobierno y la comunidad le dijo no. La siguiente, es un trabajo con la comunidad, el Gobierno se hace parte de esa propuesta y la comunidad votó que sí. Esa es la gran diferencia”.

Edmunds y la consejera regional Sofía Faúndez Hey explicaron que esta consulta fue el resultado de un gran trabajo de comunicación y de debate dentro de la comunidad. Por meses, hubo diálogos entre el gobierno y los representantes Rapa nui, citas a las que se sumaron los empresarios y la Cámara de Turismo: “Se usaron muchos canales: primero los de televisión local; la radio al nivel local;, pero además de eso, hubo convocatorias familiares que dieron buenos resultados”.

Sofía Faúndez agregó que otro motivo que explica la buena acogida de la población es el momento del año en que se realizó la consulta, toda vez que en verano la gente más joven retorna a la Isla, sumando un número considerable de votantes.

El antropólogo Diego Muñoz, especialista en Isla de Pascua, es más cauteloso. A su juicio, la consulta no puede ser calificada de exitosa porque hasta que la ley no sea consultada en el Congreso, es incierto su futuro.

Sin embargo, en el desglose del resultado hay dos factores que le parecen centrales. El primero, el que la alta participación significa que el control migratorio es un tema central en la relación del pueblo rapa nui con el estado chileno. Derivada de esta primera apreciación, el antropólogo agrega que con la votación se deja de manifiesto el que la alta densidad poblacional está afectando la calidad de vida en la isla y -producto de ello- la población se estaría viendo directamente afectada.

Esta no es la primer búsqueda para controlar la migración a Isla de Pascua. En primavera de 2015, otro anteproyecto negociado con el gobierno de Sebastián Piñera fue desechado después del cambio de signo político, pese a las manifestaciones populares y bloqueos de sitios turísticos con los que los rapa nui exigían ser tomados en cuenta.

La Ley de Monumentos Nacionales también ha sido explorada como instrumento de control migratorio. Rodrigo Gómez, abogado que trabajó en CODEIPA desde el año 2004 hasta 2007, explicó que en esa época y a través de dicho instrumento se buscaba una regulación. Sin embargo, como el Consejo de Monumentos Nacionales depende del Ministerio de Educación, la aprobación del proyecto se trabó por descoordinaciones internas. Otros anteproyectos fueron acusados de ser o anticonstitucionales, o discriminadores, por lo que tampoco avanzaron.

Así, uno de los puntos que ha debido enfrentar el debate es que en la regulación del estatuto migratorio, que regula la estadía de un residente y no residente, podía atentar contra la libertad de movimiento y “todas las libertades propias de una república democrática”, compartió Gómez.

“La libertad de tránsito y residencia pueden restringirse según la Constitución para proteger otra libertades constitucionales, todas las demás. Básicamente el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación es un derecho que da pie a poder restringir la libertad de movimiento. Entonces si se entiende el tema migratorio como un tema de necesidad ambiental, como de capacidad de carga en la isla, cuanta gente en la isla, o se aborda de algún punto de vista ambiental sí es posible un estatuto migratorio”, explicó el abogado.

La preocupación medioambiental se ha agudizado en la última década, coincidentemente la población en la isla aumentó de manera exponencial, de 2000 habitantes hasta casi 6000 hoy, sin olvidar los 100 mil turistas que la visitan anualmente. Eso afecta la gestión de la basura, del agua y de la electricidad. Es usual que durante el verano se corte la luz o que el agua se contamine hasta la napa subterránea.

“Hasta los 80 todo el mundo se conocía. Era un mundo de conocidos, una sociedad donde los círculos eran  más restringidos”, explicó Muñoz. El problema es que la llegada masiva de nuevos habitantes provocó un cambio del paisaje social donde los “habitantes que ya no se vinculan parentalmente con los isleños”. Ahora dice que existen un 30 por ciento de parejas que son solamente continentales, “gente que no tiene tampoco interés vincularse con los rapa nui”.

“Ese cambio demográfico genera sensación de desconfianza, de temor y de invasión”, analizó el antropólogo.

Con todos estos antecedentes, los rapa nui esperan que el Congreso logre definir un nuevo estatuto migratorio. El proyecto tendría que ingresar en marzo al Parlamento, momento en donde los expertos sostienen que es necesario introducir el tema económico en la migración, y regularlo desde esa perspectiva.

Diego Muñoz explica que “la gente va allá y va a trabajar en los bares, en los restaurantes, en los hoteles, la construcción entonces también y el mercado no está  regulado, y no está regulado porque un principio del estado chileno es el libre marcado. Entonces, también ese elemento entra un poco en reacción con los principios estructurales del estado”.

“Ese proyecto de ley que fue presentado plantea ese tema. Plantea por ejemplo que la personas que entran a la isla tienen que entrar con una finalidad, y si entran por trabajo tienen que tener un contracto escrito donde el empleador se compromete ya”, añadió.