El proceso constituyente continúa su curso. Desde La Moneda promueven campañas comunicacionales, un concurso para seleccionar a los facilitadores de los cabildos e incluso un constitucionario con 37 conceptos relacionados con el proceso.

Actualmente se  analizan los antecedentes de quienes postularon, por Alta Dirección Pública, para dirigir los llamados “diálogos ciudadanos”, que se desarrollarán entre marzo y octubre de este año. Entrevistas que determinarán a los 216 facilitadores, quienes además serán capacitados el 1, 2 y 3 de abril, instancias en las que también participará el Gobierno.

Una situación que desde algunos sectores califican como intervencionismo, dado el protagonismo de los representantes de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y la Secretaría General de Gobierno (Segegob).

“Estamos hasta más arriba de la coronilla con cómo ha llevado esto el gobierno”, acusó hace algunos días el presidente de Renovación Nacional, diputado Cristián Monckeberg. “Mi convicción es que en un proceso llevado por el Gobierno de esta manera, poco tenemos que hacer”.

Incluso advirtió sobre la petición que han recibido desde la DC, con el objetivo de que la oposición presione de manera más efectiva. “Nos piden ponerle freno a esta locura que está llevando adelante la izquierda progresista y desenfrenada”.

La respuesta desde el Consejo Ciudadano de Observadores, responsables de guiar el proceso, llegó desde el presidente de la instancia, el abogado Patricio Zapata, exigiendo actuar con seriedad.

“Es normal que todos los partidos políticos tomen posiciones a favor o en contra, o como ocurre a veces a favor y en contra simultáneamente”, plantea el también integrante de dicha instancia Salvador Millaleo, abogado y profesor de la Universidad de Chile.

“Pero no tiene que repercutir en que esto exceda, en función de las visiones ideológicas o las posiciones estratégicas de los partidos, el sentido participativo del proceso”, agrega el académico, asegurando que “dentro del Consejo existen una diversidad de posiciones y un espíritu de los consejeros de no dejar que las visiones más partidarias afecten el proceso en su conjunto”.

Incluso advierte que sería lamentable que alguien quisiera restarse de antemano a este proceso. “Creo que la mayoría quiere participar y dar su opinión”.

“Cada partido político, cada parlamentario y cada actor social tiene que asumir su responsabilidad en el nuevo proceso constituyente”, exige por su parte el senador Pedro Araya, integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.

“Si a alguno no le gusta este proceso que inició la Presidenta de la República es mejor que lo diga. Hemos visto permanentemente a RN y la UDI oponerse a que exista una nueva Constitución. Entonces no es de extrañar que ellos busquen cualquier subterfugio para levantar nuevamente el tema”, añade el legislador.

Asimismo, recuerda que “para los partidos de la Nueva Mayoría este fue un compromiso de campaña, por lo que tienen que apoyar este proceso. Obviamente que sabemos que hay actores que discrepan y que les acomoda el modelo constitucional que tenemos hoy, que no quieren cambiar por nada del mundo”.

“Este proceso llegó para quedarse”, advierte desde la organización Marca AC, su coordinador nacional, Manuel Lobos. “Hoy el proceso constituyente de cara a la ciudadanía está absolutamente validado como una necesidad. Y no me refiero al proceso constituyente oficial, sino que a la necesidad de una nueva Constitución surgida en democracia y con la participación vinculante de la ciudadanía”.

Problemas de coordinación y definiciones pendientes

“Nosotros funcionamos como una instancia independiente y no como un apéndice”, aclara Salvador Millaleo, aceptando que siempre puedan existir desacoplamientos, “pues el Gobierno verá las cosas de una manera y nosotros, con nuestra diversidad, las veremos de otra”.

En ese sentido, no duda en aseverar que “la sintonía no ha sido perfecta. Ha habido retrasos de las dos partes y no una comunicación como debería ser, pero esperamos que en este proceso todo vaya mejorando”.

Y sin que sea una exigencia la incorporación de nuevos integrantes al Consejo, el abogado reconoce que “la tarea se ve bastante abrumadora hacia el futuro. Esto está empezando como una bola de nieva y la gente comenzará a meterse en el tema constitucional. Nos veremos muy demandados de trabajo. Este año será muy arduo”.

Siempre en el contexto de las críticas, para el senador Pedro Araya no se trata de que el Consejo de Observadores se esté debilitando. “Lo que ocurre es que hay muchas personas que se encuentran inquietas y están tratando de atacarlo de distintas formas. Justamente lo que busca este Consejo es representar la diversidad de la sociedad chilena para garantizar que será un proceso transparente y que se escuchará a todos los actores”.

“Le hemos pedido al Gobierno –agrega el parlamentario– que tenga claridad sobre cuáles son los roles del Consejo de Observadores, también de quiénes acompañarán los diálogos ciudadanos y respecto de la participación del Congreso. Y que cada vez que exista una crítica no haya que estar desdiciéndose o modificando el calendario”.

Críticas al Consejo que según Manuel Lobos representan un significado bastante claro. “El que se ataque cuando recién ahora se ha ido empoderando y haciendo exigencias respecto de la metodología y de las temáticas que deben darse en las discusiones de los cabildos, no es un accidente”.

Y agrega: “El Consejo Ciudadano no había tenido ninguna participación relevante y ahora que efectivamente está asumiendo un rol mucho más activo, comienza este proceso de críticas. No se criticaba cuando estaba pasivo, pero ahora que comienza a asumir un rol más de presión al Ejecutivo y hacia la propia transparencia, obviamente estos sectores se ponen nerviosos. Y es natural que sea así, porque la modificación del pacto social apunta a quitarles los privilegios que han sostenido durante más de dos décadas”.

En suma, de acuerdo al planteamiento de Millaleo, se requiere que el Gobierno sea eficaz y que los observadores colaboren para que el proceso constituyente resulte en términos globales. “Pero con todas las críticas, observaciones y ajustes que nosotros detectemos. De lo contrario, no se entiende que el Gobierno hubiese convocado a un Consejo que es independiente de él”.

Entre presiones conservadoras y aplazamientos indefinidos

Preocupación existe por las reacciones de algunos sectores del ámbito político. Básicamente, como expresan los partidarios del proceso constituyente, “tienen que ver con algo que ellos en su momento también reconocieron, que es que la ciudadanía ganó la disputa respecto de la necesidad de una nueva Constitución”.

Así lo expresa Manuel Lobos, para quien se trata de muestras de poder de lo que califica como un grupo conservador transversal. “Porque no solamente corresponde a la derecha, donde lo que pretenden es mantenerse instalados en la discusión y metiendo presión particularmente en aquellos espacios donde el proceso establecido por el Ejecutivo les da posibilidades”.

Con mucha molestia añade que “cuando ellos hablan de que este proceso está ideologizado, que la elección de los facilitadores tiene sesgo, es evidente que lo están haciendo desde su propia ideología, caracterizada por no considerar las posiciones de la ciudadanía”.

Y así como surgen críticas en ese plano, también las hay en cuanto al retraso del proceso y sus fases. “Ha ido bastante lento, porque hoy estamos recién en una etapa de información a la ciudadanía, hemos visto algunos mensajes publicitarios, algunas declaraciones de prensa. Pero ha sido un proceso bastante lento y a mi juicio no se va a cumplir con la expectativa que uno hubiera esperado. Es decir, que a fines del Gobierno de la Presidenta Bachelet estuviéramos discutiendo la nueva Constitución”, reconoce el senador Araya.

Él mismo parlamentario que anticipa que “considerando el ritmo que tenemos hoy, el calendario no se alcanzará a cumplir todo lo que se ha planteado el actual Gobierno”. De hecho, agrega que si las autoridades no logran avanzar todo lo que se propusieron en el proceso constituyente, esto será motivo de la próxima campaña presidencial.

A esto se suman las críticas de Manuel Lobos, quien asegura que “se ha hecho bastante común que la agenda del Ejecutivo sea torpedeada por estos grupos conservadores, precisamente porque una de las mejores maneras de retrasar estos procesos es atacar el mensaje y el fondo. Y efectivamente ya entendemos que este propio proceso constituyente oficial de alguna manera da respuesta a los embates de este sector conservador. Intentó dejarlos tranquilos, pero sabemos que eso no ha dado ningún resultado”.

Según el representante de Marca AC es algo que ocurre cuando un programa de gobierno se pone a disposición más de los agentes del poder que de los ciudadanos. “Por lo tanto, sería un error intentar nuevamente, como ha pasado con otras reformas necesarias en nuestro país, someterla al escrutinio permanente de estos sectores conservadores. La agenda tiene que estar marcada por las urgencias ciudadanas, más que por la transacción, la negociación y la cocina”.

Elecciones municipales: una oportunidad para el proceso constituyente

No son pocos los que plantean sus dudas y resquemores de que el proceso constituyente podría verse limitado e incluso capturado por las elecciones municipales, que tendrán su etapa de primarias en junio, mientras que las definitivas en octubre.

“Creo que se verán enriquecidas por el debate constitucional paralelo, en el sentido que obligará a los candidatos a tomar posiciones más ideológicas y de contenido. Los candidatos tendrán que tomar posiciones respecto de una nueva Constitución, de una asamblea constituyente y de la participación del Congreso”, anticipa el abogado Millaleo.

Sin embargo, no oculta una cierta cuota de preocupación. “Cuando se realicen los cabildos hay que evitar que ciertos grupos y aparatos quieran monopolizarlos. Hay que garantizar la pluralidad del proceso en la ejecución”.

Asimismo, Lobos anticipa la necesidad de exigirle a los candidatos a concejales y alcaldes que se pronuncien respecto de cuál es el mecanismo por el que se debe modificar la Constitución. “Tiene que ser la Asamblea Constituyente o, si así no fuera, el plebiscito, a través del cual se exprese la voluntad popular. Sin lugar a dudas que el espacio comunal es fundamental, porque es la primera manifestación orgánica del Estado”.

En suma, modificaciones que requieren un quórum de dos tercios de los votos de los legisladores. Es decir, a los votos de los parlamentarios de la Nueva Mayoría tendrían que sumarse otros de la oposición, particularmente de RN, considerando que desde la UDI han insistido en lo innecesario que resulta generar un nuevo cuerpo constitucional.

“Todos sabemos que los 2/3 son un verdadero riesgo, porque la Nueva Mayoría no cuenta con esos votos en el Congreso. Por eso es necesario que la oposición entienda que estos cambios tenemos que hacerlos entre todos. Pero no pueden seguir pretendiendo mantener la Constitución de 1980 que no representa el Chile del siglo XXI”, concluye el senador Pedro Araya.

Y tal como lo han anunciado desde el Gobierno, durante 2017 se enviaría al Congreso un proyecto de reforma constitucional que permita a los legisladores resolver entre los cuatro mecanismos contemplados: la asamblea constituyente, una comisión bicameral, una convención constituyente, es decir, una mezcla de parlamentarios y ciudadanos, o una convocatoria plebiscito, que defina alguno de los tres mecanismos anteriores.