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Año XI, 8 de diciembre de 2019

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Financiamiento fiscal a partidos políticos enciende debate sobre probidad

Partidos de pequeña representación parlamentaria acusan que no se les permitió participar de la discusión sobre el reparto de dineros fiscales. En tanto, analistas llaman a crear una fórmula de distribución única, con el fin de trabajar en línea con la transparencia.

Paula Correa

  Martes 23 de febrero 2016 16:21 hrs. 
Acuerdo Gobierno y partidos políticos

En abril de este año comenzaría a regir una nueva forma de financiamiento a partidos políticos, después de que el Congreso Nacional aprobara a finales de enero la Ley de Fortalecimiento de la Democracia.  Esto implica la sesión de recursos por parte del Estado a las colectividades legalmente constituidas, por lo que ya se está conversando cómo distribuir los recursos y bajo que lógica.

Son cerca de seis mil millones de pesos anuales los que el Estado distribuirá para financiar a los partidos políticos y, una vez aprobada la ley, las diferentes colectividades se organizan en torno a cómo utilizar este nuevo caudal de recursos.

Una opción que ha surgido es estregar un sueldo a quien detente una labor de administración importante, como es el de secretario general, encargado de coordinar cargos administrativos de los partidos, prestar servicios a dirigentes en regiones, supervisar las elecciones y atender las candidaturas, entre otros temas.

El Partido Socialista y el PPD, no financian este rol, por lo que analizan con interés la propuesta. No obstante, el secretario general del Partido Socialista, Pablo Veloso, sostuvo que está consciente de lo impopular que puede llegar a ser esta medida ante la población.

“Aquí hay que tener mucho cuidado porque, efectivamente, con lo sensible que está la opinión pública y la mala percepción que tiene de los partidos, si aparecen aquí pagándose sueldos muy altos a dirigentes de los partidos, puede ser una complicación”.

Por eso explicó que la idea de revisar muy bien si, por la dedicación exclusiva, algún cargo de la mesa amerita ser remunerado, y si esa decisión se toma, se debe describir el cargo y estudiar qué remuneración es justa para la función.

Sin embargo, se estaría hablando de un ingreso que va entre los tres y cuatro millones brutos, lo que a Veloso le parece adecuado, porque “se ajusta no sólo a los montos del mercado, sino también al ingreso, nada despreciable, de los cargos administrativos del Estado”.

Dentro de los fundamentos de la iniciativa legal se sostiene que esto tiene dos ventajas en línea con la transparencia que se le busca dar al nuevo sistema: primero, que se financiará a un cargo asegurando su elección democrática y, segundo que quien lo asuma será responsable de la gestión y, por lo tanto, se puede inquirir incluso de forma legal, a diferencia de lo que ocurre hoy en día.

Hoy hay algunas colectividades que cuentan con esta figura. En la Democracia Cristiana,  por ejemplo, no se paga al presidente, porque es parlamentario (el senador Jorge Pizarro), pero sí a Gonzalo Duarte, secretario general. En la oposición, la Renovación Nacional y la UDI si asumen dicho costo.

El secretario general de RN, Mario Desbordes, advirtió que bajo la nueva lógica, será la propia ciudadanía la que decida los fondos otorgados en las urnas: “La gente va a decidir que partido recibe más y que partido recibe menos, porque esto está asociado a votos. El 2017 hay elecciones parlamentarias, en función del número de votos que el partido saque, va a recibir o no aporte fiscal. Los que más sacan votos tienen más aporte, los que tienen menos preferencias, tienen menos fondos. Esto también es un mecanismo importante en donde la propia ciudadanía es la que decide finalmente”.

Los sectores políticos tradicionales ven de buena forma el que existan políticos dedicados cien por ciento a la actividad, ya que se generaría un grado de profesionalización. En ese sentido, algunos partidos están dispuestos a entregar recursos, no sólo ser un cargo único, sino que se podría trabajar en una escala de compensaciones en la medida que así se requiera.

Desde los distintos conglomerados afirmaron que ha conversado el tema con sus socios, pero que las resoluciones las tomarán “en la interna” ya que el proyecto de ley deja la decisión en manos de cada casa política.

En ese sentido, surge una diferencia con la mirada de algunos analistas. Para Alejandro Olivares del Instituto de Estudios Públicos de la Universidad de Chile, el modelo de financiamiento debe ser único.

“Cuando la política recibe financiamiento público, los procedimientos debiesen ser relativamente estandarizados, es decir, debiera haber un acuerdo más bien homogéneo para todos los partidos políticos. Por ejemplo, si se opta porque existan algunas funciones remuneradas, estas debieran ser exactamente iguales para todos los partidos políticos”.

Por lo mismo, indicó que es pertinente realizar una negociación de las distintas colectividades con el Ejecutivo que, finalmente, se plasme en un documento legal. Esto no está ocurriendo en la práctica e incluso hay sectores que denuncian no haber sido incluidos en el diálogo.

Entre ellos la Izquierda Ciudadana (IC) insiste en la exclusión a la que se han visto sometidos, “desde cuando se intentó modificar la ley para evitar que los partidos emergentes se inscriban”, señaló Diego Ancalao, Vicepresidente de la IC.

Para Ancalao esa marginación continuó en la misma discusión de la ley porque no pudieron generar un poco de equidad al contar sólo con un parlamentario. Esto, porque el financiamiento beneficia a los partidos grandes que tienen más elecciones y más parlamentarios, como la UDI, “financiada además por Penta y Soquimich”, dijo.

“Según los últimos análisis, ellos recibirían más de mil millones de pesos de financiamiento, por la cantidad de electores que han tenido en los últimos comicios, eso perjudica a los partidos emergentes porque quedamos totalmente disminuidos”.