Una serie de reacciones generó el pronunciamiento del gobierno argentino respecto de la posibilidad de dar una “solución amistosa” a la extradición de Galvarino Apablaza, ex frentista indagado en el marco de la investigación del asesinato de Jaime Guzmán.
La administración de Mauricio Macri presentó ante la Comisión Interamericana de DD.HH. un documento en el que señaló que “el Estado argentino expresa (…) su voluntad de iniciar un espacio de diálogo con los peticionarios a los efectos de explorar la posibilidad de arribar a una solución amistosa del asunto, sin que ello pueda interpretarse como un reconocimiento de los hechos ni de los derechos invocados en la petición, reservándose su derecho de alegar en futuras oportunidades acerca de los méritos jurídicos de la denuncia, tanto en admisibilidad como en cuestiones de fondo”.
En este contexto, Alberto Espinoza, abogado de Apablaza criticó la intervención que el Estado chileno ha tenido en el caso. “No existe precedente que un Estado nacional intervenga ante el Estado que otorga el refugio con el objeto de impugnar y revocar ese refugio. No hay antecedentes ni precedentes en el derecho internacional”.
Subrayando que “desde el punto de vista jurídico la pretensión chilena es insostenible, vergonzosa”.
A su vez, Enrique Villanueva, comentó que quitarle a Apablaza su condición de refugiado político “es trasgredir los derechos internacionales”.
En ese sentido, su malestar apunta directamente hacia el gremialismo, porque “un asilo político es un asilo político y, por lo tanto, la UDI no puede desconocer aquello. Esto lo da un organismo internacional cuando las condiciones para aquello se cumplen, y en este caso se cumplieron, entonces quitarle a una persona un asilo político es violentar todos los derechos y todas las normas internacionales”.
El anuncio de la administración de Macri permite que la familia de Guzmán presente sus antecedentes para influir en la contraparte argentina en quitar el asilo a Apablaza, instancia que según explicó Cancillería puede durar años.
Por otra parte, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) indicó que “debido a la insistencia del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, me parece que era de una obviedad que el Estado argentino se pronunciase sobre la calidad de refugiado de Apablaza”.
Sin embargo, puso otro punto en el debate: “Si el gobierno de Macri quiere poner término a la calidad de refugiado del señor Apablaza eso nunca puede significar la entrega al Estado chileno. Podría, eventualmente, entregarse a un tercer estado, pero nunca puede implicar que el Estado argentino entregue a Chile a una persona que ha tenido la calidad de refugiado, eso lo prohíbe la convención internacional de refugiados”.
Una serie de reacciones generó el pronunciamiento del gobierno argentino respecto de la posibilidad de dar una “solución amistosa” a la extradición de Galvarino Apablaza, ex frentista indagado en el marco de la investigación del asesinato de Jaime Guzmán.
La administración de Mauricio Macri presentó ante la Comisión Interamericana de DD.HH. un documento en el que señaló que “el Estado argentino expresa (…) su voluntad de iniciar un espacio de diálogo con los peticionarios a los efectos de explorar la posibilidad de arribar a una solución amistosa del asunto, sin que ello pueda interpretarse como un reconocimiento de los hechos ni de los derechos invocados en la petición, reservándose su derecho de alegar en futuras oportunidades acerca de los méritos jurídicos de la denuncia, tanto en admisibilidad como en cuestiones de fondo”.
En este contexto, Alberto Espinoza, abogado de Apablaza criticó la intervención que el Estado chileno ha tenido en el caso. “No existe precedente que un Estado nacional intervenga ante el Estado que otorga el refugio con el objeto de impugnar y revocar ese refugio. No hay antecedentes ni precedentes en el derecho internacional”.
Subrayando que “desde el punto de vista jurídico la pretensión chilena es insostenible, vergonzosa”.
A su vez, Enrique Villanueva, comentó que quitarle a Apablaza su condición de refugiado político “es trasgredir los derechos internacionales”.
En ese sentido, su malestar apunta directamente hacia el gremialismo, porque “un asilo político es un asilo político y, por lo tanto, la UDI no puede desconocer aquello. Esto lo da un organismo internacional cuando las condiciones para aquello se cumplen, y en este caso se cumplieron, entonces quitarle a una persona un asilo político es violentar todos los derechos y todas las normas internacionales”.
El anuncio de la administración de Macri permite que la familia de Guzmán presente sus antecedentes para influir en la contraparte argentina en quitar el asilo a Apablaza, instancia que según explicó Cancillería puede durar años.
Por otra parte, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) indicó que “debido a la insistencia del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, me parece que era de una obviedad que el Estado argentino se pronunciase sobre la calidad de refugiado de Apablaza”.
Sin embargo, puso otro punto en el debate: “Si el gobierno de Macri quiere poner término a la calidad de refugiado del señor Apablaza eso nunca puede significar la entrega al Estado chileno. Podría, eventualmente, entregarse a un tercer estado, pero nunca puede implicar que el Estado argentino entregue a Chile a una persona que ha tenido la calidad de refugiado, eso lo prohíbe la convención internacional de refugiados”.
Una serie de reacciones generó el pronunciamiento del gobierno argentino respecto de la posibilidad de dar una “solución amistosa” a la extradición de Galvarino Apablaza, ex frentista indagado en el marco de la investigación del asesinato de Jaime Guzmán.
La administración de Mauricio Macri presentó ante la Comisión Interamericana de DD.HH. un documento en el que señaló que “el Estado argentino expresa (…) su voluntad de iniciar un espacio de diálogo con los peticionarios a los efectos de explorar la posibilidad de arribar a una solución amistosa del asunto, sin que ello pueda interpretarse como un reconocimiento de los hechos ni de los derechos invocados en la petición, reservándose su derecho de alegar en futuras oportunidades acerca de los méritos jurídicos de la denuncia, tanto en admisibilidad como en cuestiones de fondo”.
En este contexto, Alberto Espinoza, abogado de Apablaza criticó la intervención que el Estado chileno ha tenido en el caso. “No existe precedente que un Estado nacional intervenga ante el Estado que otorga el refugio con el objeto de impugnar y revocar ese refugio. No hay antecedentes ni precedentes en el derecho internacional”.
Subrayando que “desde el punto de vista jurídico la pretensión chilena es insostenible, vergonzosa”.
A su vez, Enrique Villanueva, comentó que quitarle a Apablaza su condición de refugiado político “es trasgredir los derechos internacionales”.
En ese sentido, su malestar apunta directamente hacia el gremialismo, porque “un asilo político es un asilo político y, por lo tanto, la UDI no puede desconocer aquello. Esto lo da un organismo internacional cuando las condiciones para aquello se cumplen, y en este caso se cumplieron, entonces quitarle a una persona un asilo político es violentar todos los derechos y todas las normas internacionales”.
El anuncio de la administración de Macri permite que la familia de Guzmán presente sus antecedentes para influir en la contraparte argentina en quitar el asilo a Apablaza, instancia que según explicó Cancillería puede durar años.
Por otra parte, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) indicó que “debido a la insistencia del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, me parece que era de una obviedad que el Estado argentino se pronunciase sobre la calidad de refugiado de Apablaza”.
Sin embargo, puso otro punto en el debate: “Si el gobierno de Macri quiere poner término a la calidad de refugiado del señor Apablaza eso nunca puede significar la entrega al Estado chileno. Podría, eventualmente, entregarse a un tercer estado, pero nunca puede implicar que el Estado argentino entregue a Chile a una persona que ha tenido la calidad de refugiado, eso lo prohíbe la convención internacional de refugiados”.
