Como “un desafío de las organizaciones sociales y de toda la ciudadanía” catalogó Amnistía Internacional la forma de garantizar los Derechos Humanos en la nueva carta fundamental, pero también a lo largo del proceso constituyente que comienza su desarrollo con los cabildos y diálogos ciudadanos este primer semestre de 2016.

Y es que la actual Constitución ha sido cuestionada por su origen y su cariz antidemocrático, una de las principales razones para su reforma. Por lo mismo, Ana Piquer, directora ejecutiva del organismo, sostuvo que en este proceso deben tomarse resoluciones clave que tendrán impacto no sólo en lo nacional, sino también en el plano externo.

“Desde la mirada de Derechos Humanos la Constitución vigente se queda corta en garantizarlos en muchos aspectos. Finalmente queda abierto a interpretación si es que los tratados internacionales priman por sobre lo que establece la Constitución”, afirmó la abogada.

Asimismo, añadió que, por ejemplo, es muy cuestionable la forma en la que está fijado el derecho a la reunión y hay derechos, como el de la vivienda, que ni siquiera está establecido.

En esa línea, los derechos de segunda generación como salud, educación, trabajo y pensiones dignas deben reconocerse como derechos sociales ya adquiridos, siguiendo los estándares de tratados firmados y ratificados por Chile. “No hay nada que inventar, ese estatus ya existe, sólo hay que incorporarlo”, exigieron desde la ONG.

Por su parte, desde el Cónclave Social por una Nueva Constitución plantearon que no se trata de ir revisando derecho por derecho, sino que de recoger la propuesta de algunos expertos que proponen incorporar una cláusula única que permitiera que todos los avances del derecho internacional se apliquen inmediatamente en la medida en que vayan siendo ratificados por el Parlamento.

Sin embargo, Álvaro Ramis, integrante del Cónclave, planteó dudas sobre la metodología, en la medida en la que se pueda convertir en una instancia para “priorizar derechos”.

“Nos preocupa, porque el diseño del proceso constituyente, tal como está pensado, no permite un debate extenso sobre este tema y más bien los cabildos y las instancias de discusión ponen a las personas a debatir entre distintos deberes, derechos e instituciones que deberían estar en la nueva Constitución”.

En ese sentido, una de las preocupaciones inmediatas es cómo se resguardará el derecho a la participación en el proceso constituyente. Al respecto, el abogado de la Universidad de Chile Salvador Millaleo, integrante del Consejo de Observadores, afirmó que están trabajando para lograr que se incluya a todos los sectores.

“Estamos tratando de asegurar que se mejore el derecho a la participación de grupos vulnerables. Hemos planteado que en la metodología propuesta por el gobierno tiene que haber una visión mayor sobre cómo asegurar la participación de mujeres, pueblos indígenas y otros grupos vulnerables”.

Una vez realizados los diálogos, el Gobierno enviará un proyecto de ley y luego el Parlamento decidirá cuál será el mecanismo que zanjará el texto final. Al respecto el diputado Hugo Gutiérrez, integrante de las comisiones de Constitución y Derechos Humanos, aseguró que se debe recuperar el derecho más pisoteado por el actual texto constitucional: la autodeterminación de los pueblos.

En ese contexto, insistió en que la Asamblea Constituyente es la mejor de las vías y añadió que la preocupación de las organizaciones tiene sentido debido al tipo de Estado que se ha consolidado en estos años: un Estado subsidiario, donde impera el mercado y que está ausente en la protección de derechos.

“Eso es lo que tenemos que terminar”, aseveró el diputado, además de advertir que hay que abrir la puerta también a los derechos colectivos como a una vida digna, la solidaridad o la felicidad.