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Año XII, 12 de agosto de 2020

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Presidente de Corte Suprema llama a avanzar en investigaciones sobre DD.HH.

Este martes se efectuó una nueva cuenta pública de la Corte Suprema. En la ocasión, el presidente del organismo declaró que es necesario mantener ministros extraordinarios en visita que conozcan y fallen estas causas.

Natalia Figueroa

  Martes 1 de marzo 2016 19:53 hrs. 





El presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmestch encabezó la Cuenta Pública 2016. Una actividad que tuvo por objetivo realizar el balance de la gestión del año anterior, presidido por el ministro Sergio Muñoz, y a la vez, presentar las proyecciones para este año.

Dolmestch mostró preocupación por la desconfianza ciudadana hacia la institucionalidad pública, situación que catalogó como “poco auspiciosa para el país y con efectos indignos de heredar a las nuevas generaciones”.

En materia de Derechos Humanos, Dolmestch estableció mantener ministros extraordinarios en visita que conozcan y fallen estas causas. Esto ya que durante 2015, la Corte falló en 51 procesos que dicen relación con delitos de lesa humanidad. “En relación al Proyecto de Memoria Histórica, cuyo objetivo es digitalizar las causas por violaciones a los Derechos Humanos a fin de resguardar los archivos originales y ponerlos a disposición de los ministros tramitadores de estas causas, el año 2015 se avanzó en este trabajo procesándose más de 75 mil documentos”, dijo.

En cuanto a la agenda de seguridad pública, el presidente del Máximo Tribunal hizo hincapié en las medidas para revertir los casos de delincuencia, entre ellas, solicitó la revisión de las causas que originan el problema y que el trabajo no sólo se limite a sus consecuencias.

Respecto de las investigaciones sobre delitos tributarios, en específico SQM, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, sostuvo que, por lo pronto, esperarán un pronunciamiento desde el Servicio de Impuestos Internos (SII), en los casos pendientes que vincularían a Pablo Longueira y Laurence Golborne.

Por otra parte, después de seis años de investigación del denominado “Caso Tsunami”, luego del terremoto de 2010, Abbott aseguró que el que el fiscal regional occidente, José Luis Pérez Calaf, busca optimizar los recursos indagatorios y, en algunos casos, efectivamente, se están evaluando salidas alternativas o suspensión condicional en las penas de los imputados, para finalizar los casos.

“Nos preocupa en la medida en que nosotros tenemos que terminar las causas. En definitiva, nosotros quisiéramos un pronunciamiento por parte del SII, y estamos esperando que ellos ejerzan el derecho que la ley les concede, para querellarse o denunciar los delitos de carácter tributario. Si no hay más querella tendremos que terminar las causas por alguna de las formas de término que la ley establece”, indicó.

La ministra de Justicia Javiera Blanco enfatizó en que el plan de inversión que se está realizando en materia carcelaria, a pesar de reconocer la falta de personal en algunos centros penitenciarios, sobre todo en la zona norte del país. “Hay proyectos de infraestructura en una serie de recintos penitenciarios, por ejemplo, en Arica y en Concepción. Tenemos que avanzar en condiciones de seguridad porque no queremos que ocurran incendios nuevamente, y junto con eso una inversión en recursos humanos”, explicó.

En su cuenta anual, el presidente de la Corte Suprema sostuvo que en 2015 se invirtió un millón de dólares sólo por concepto de remuneraciones para unidades especiales de tramitación, para la implementación de cambios legislativos relacionados con el alza de planes de salud de las Isapres que alcanzaron 138 mil recursos en las Cortes de Apelaciones del país.