Juan Domingo Milos, presidente del capítulo chileno del Ombudsman, advirtió que “estarán atentos” al reimpulso de la creación del Defensor del Pueblo. El abogado espera “que sea un buen proyecto y que cumpla con los parámetros internacionales”.
Milos manifestó que uno de los temas fundamentales es la independencia. “La autonomía del órgano es requisito básico. Que atienda las necesidades y los derechos públicos de las personas. Hay diferentes categorías porque algunos están más dedicados, por ejemplo, a los Derechos Humanos”.
Es clave también la participación de la ciudadanía. “En un contexto de deslegitimación de la política y las instituciones, tiene sentido que se haya incluido la defensoría”, agregó.
Ante el posible cruce de competencias con otras instituciones, Milos llamó a dejar de lado esas preocupaciones porque “el defensor no tiene cohesión, es una persuasión, una mediación pero no tiene las facultades, por ejemplo, del Sernac. El defensor vela por la legitimidad de las instituciones y el servicio a las personas”.
Daniel Ibañez, presidente de la Fundación Participa, destacó la creación del también llamado defensor “de las personas”. “Entendemos que los ciudadanos no son sólo consumidores. No se pueden equiparar esos derechos”, dijo.
Ibañez manifestó que “tiene que ver con una mirada ideológica de cómo vemos el Estado y la democracia. Hoy en momentos que la desconfianza afecta. Es necesario profundizar la democracia y una manera es dar herramientas ciudadanas”.
El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, comentó que “esta figura pertenece a una agenda pendiente. Algo se avanzó con la oficina de atención ciudadana, pero no tenía esta categoría. Hay que revivirlo”.
Concluyó que hay que discutir sus atribuciones, pero tiene que ser un defensor de la persona ante el Estado.
“Ya es hora. América Latina avanzó hace rato en este tema. La mayoría de los países de la OCDE cuenta con Ombudsman y Chile ha quedado atrás por lo que tenemos que avanzar. Fue un compromiso de Michelle Bachelet en el primer período y también en la última campaña. Creo que están las condiciones para que se apruebe en la Cámara de Diputados y el Senado, sobre todo en el contexto de la Agenda de probidad y transparencia”, reconoció el legislador.
Esta propuesta ha sido comprometida desde 1990. La propia Comisión de Verdad y Reconciliación recomendó la figura y durante los siguientes años se presentaron en el Congreso diversos proyectos.
La iniciativa repuesta en 2008 sobre la creación de la Defensoría dio un nuevo aliento. Unos meses después, la aprobación de la Cámara de Diputados a la idea de legislar (104 votos a favor y dos en contra de la UDI) no fue suficiente porque el proyecto de reforma constitucional se “estancó” en la Comisión de Constitución del Senado.
Juan Domingo Milos, presidente del capítulo chileno del Ombudsman, advirtió que “estarán atentos” al reimpulso de la creación del Defensor del Pueblo. El abogado espera “que sea un buen proyecto y que cumpla con los parámetros internacionales”.
Milos manifestó que uno de los temas fundamentales es la independencia. “La autonomía del órgano es requisito básico. Que atienda las necesidades y los derechos públicos de las personas. Hay diferentes categorías porque algunos están más dedicados, por ejemplo, a los Derechos Humanos”.
Es clave también la participación de la ciudadanía. “En un contexto de deslegitimación de la política y las instituciones, tiene sentido que se haya incluido la defensoría”, agregó.
Ante el posible cruce de competencias con otras instituciones, Milos llamó a dejar de lado esas preocupaciones porque “el defensor no tiene cohesión, es una persuasión, una mediación pero no tiene las facultades, por ejemplo, del Sernac. El defensor vela por la legitimidad de las instituciones y el servicio a las personas”.
Daniel Ibañez, presidente de la Fundación Participa, destacó la creación del también llamado defensor “de las personas”. “Entendemos que los ciudadanos no son sólo consumidores. No se pueden equiparar esos derechos”, dijo.
Ibañez manifestó que “tiene que ver con una mirada ideológica de cómo vemos el Estado y la democracia. Hoy en momentos que la desconfianza afecta. Es necesario profundizar la democracia y una manera es dar herramientas ciudadanas”.
El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, comentó que “esta figura pertenece a una agenda pendiente. Algo se avanzó con la oficina de atención ciudadana, pero no tenía esta categoría. Hay que revivirlo”.
Concluyó que hay que discutir sus atribuciones, pero tiene que ser un defensor de la persona ante el Estado.
“Ya es hora. América Latina avanzó hace rato en este tema. La mayoría de los países de la OCDE cuenta con Ombudsman y Chile ha quedado atrás por lo que tenemos que avanzar. Fue un compromiso de Michelle Bachelet en el primer período y también en la última campaña. Creo que están las condiciones para que se apruebe en la Cámara de Diputados y el Senado, sobre todo en el contexto de la Agenda de probidad y transparencia”, reconoció el legislador.
Esta propuesta ha sido comprometida desde 1990. La propia Comisión de Verdad y Reconciliación recomendó la figura y durante los siguientes años se presentaron en el Congreso diversos proyectos.
La iniciativa repuesta en 2008 sobre la creación de la Defensoría dio un nuevo aliento. Unos meses después, la aprobación de la Cámara de Diputados a la idea de legislar (104 votos a favor y dos en contra de la UDI) no fue suficiente porque el proyecto de reforma constitucional se “estancó” en la Comisión de Constitución del Senado.
Juan Domingo Milos, presidente del capítulo chileno del Ombudsman, advirtió que “estarán atentos” al reimpulso de la creación del Defensor del Pueblo. El abogado espera “que sea un buen proyecto y que cumpla con los parámetros internacionales”.
Milos manifestó que uno de los temas fundamentales es la independencia. “La autonomía del órgano es requisito básico. Que atienda las necesidades y los derechos públicos de las personas. Hay diferentes categorías porque algunos están más dedicados, por ejemplo, a los Derechos Humanos”.
Es clave también la participación de la ciudadanía. “En un contexto de deslegitimación de la política y las instituciones, tiene sentido que se haya incluido la defensoría”, agregó.
Ante el posible cruce de competencias con otras instituciones, Milos llamó a dejar de lado esas preocupaciones porque “el defensor no tiene cohesión, es una persuasión, una mediación pero no tiene las facultades, por ejemplo, del Sernac. El defensor vela por la legitimidad de las instituciones y el servicio a las personas”.
Daniel Ibañez, presidente de la Fundación Participa, destacó la creación del también llamado defensor “de las personas”. “Entendemos que los ciudadanos no son sólo consumidores. No se pueden equiparar esos derechos”, dijo.
Ibañez manifestó que “tiene que ver con una mirada ideológica de cómo vemos el Estado y la democracia. Hoy en momentos que la desconfianza afecta. Es necesario profundizar la democracia y una manera es dar herramientas ciudadanas”.
El diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, comentó que “esta figura pertenece a una agenda pendiente. Algo se avanzó con la oficina de atención ciudadana, pero no tenía esta categoría. Hay que revivirlo”.
Concluyó que hay que discutir sus atribuciones, pero tiene que ser un defensor de la persona ante el Estado.
“Ya es hora. América Latina avanzó hace rato en este tema. La mayoría de los países de la OCDE cuenta con Ombudsman y Chile ha quedado atrás por lo que tenemos que avanzar. Fue un compromiso de Michelle Bachelet en el primer período y también en la última campaña. Creo que están las condiciones para que se apruebe en la Cámara de Diputados y el Senado, sobre todo en el contexto de la Agenda de probidad y transparencia”, reconoció el legislador.
Esta propuesta ha sido comprometida desde 1990. La propia Comisión de Verdad y Reconciliación recomendó la figura y durante los siguientes años se presentaron en el Congreso diversos proyectos.
La iniciativa repuesta en 2008 sobre la creación de la Defensoría dio un nuevo aliento. Unos meses después, la aprobación de la Cámara de Diputados a la idea de legislar (104 votos a favor y dos en contra de la UDI) no fue suficiente porque el proyecto de reforma constitucional se “estancó” en la Comisión de Constitución del Senado.
