La comisión parlamentaria que estudia apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre, del 2011 a la fecha, recibió este miércoles al equipo de The Clinic, encargado de investigar lo que han llamado “defraudaciones con la ley reservada”.
El periodista del periódico, Mauricio Weibel aclaró que, entre 2000 y 2015, nuestro país destinó en compra de armas 14 mil 420 millones de dólares, a través de ley 13.196, es decir seis veces más que el gasto de los años 90. Pese a la magnitud, estos gastos se vienen realizando desde hace años sin control de la Contraloría General de la República, del Congreso Nacional y sin registros computacionales, precisamente porque se trata de una norma que mantiene en reserva esos movimientos.
En ese contexto, los imputados del caso Fraude en el Ejército hablan de cerca de unos diez millones de dólares defraudados entre el 2010 y 2014, cifra que aún no ha sido corroborada por la Justicia Militar. Esto, señaló, ya que “si bien es posible pesquisar las facturas materialmente falsas, es decir, sin el timbre del Servicio de Impuestos Internos, es imposible saber que facturas eran ideológicamente falsas”.
Ante estos datos reaccionaron parlamentarios de todos los sectores. El diputado de la UDI, Gustavo Hasbún, ahondó en las dificultades de calcular la envergadura de la estafa y apuntó a la situación actual.
“Dentro de la investigación es muy difícil cuantificar los montos, sobre todo porque si hay sobreprecios, va a ser casi imposible saber cuántos e pagó adicionalmente. Deben ser montos demasiado altos y lo más probable es que nunca nos enteremos de cuánto es el fraude real”, afirmó y preguntó su, de acuerdo a la información que maneja el medio, hay personal en servicio activo.
Y de hecho, dentro de ellos están funcionarios que siguen vigentes y que, según consigna el expediente, trabajaron con el Cabo Cruz, conocido por el descontrolado gasto en casinos. Entre los nombres de los uniformados activos están los Coroneles Fernando Grossi, Gerardo Ruiz Ferrari y González, el Capitán Passalacqua, entre otros.
Se trata de diversos grupos independientes, pero todos conectados por Juan Carlos Cruz quien manejaba los archivos computacionales y decretos. La defraudación se realizó justamente a través de estos decretos, en especial de aquellos que contenían grandes cifras y donde había una amplia diferencia en el tipo de cambio a moneda extranjera y nacional, lo que les permitía quedarse con la diferencia.
En ese sentido, se instaló el tema de las deficiencias en seguridad contable, la falta de medidas de prevención de uso indebido de fondos y control en la compra de armas del organismo. El investigador afirmó que, lo que comenzó como una acción delictual altamente refinada se fue transformando en un real descaro.
Con esto coincidió el diputado del partido radical, José Pérez: “Yo creo que francamente hemos llegado a niveles de desfachatez en cómo burlar y cómo este sistema, esta máquina, defrauda al fisco”, sostuvo. Además, coincidió con el análisis de otros parlamentarios presentes en que “mientras la Ley Reservada del Cobre exista de la manera en la que está presente hoy en el país, es probable que sigan ocurriendo este tipo de cosas”.
Pérez se mostró indignado ante lo que han llamado “una verdadera máquina para defraudar” y expresó que, lamentablemente, con esta y otras declaraciones que ha escuchado en la Comisión, se ha formado la convicción clara de que esta red sigue operando en la actualidad.
La Comisión continúa su trabajo el próximo lunes 7 de marzo y busca establecer las responsabilidades políticas en este caso.
La comisión parlamentaria que estudia apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre, del 2011 a la fecha, recibió este miércoles al equipo de The Clinic, encargado de investigar lo que han llamado “defraudaciones con la ley reservada”.
El periodista del periódico, Mauricio Weibel aclaró que, entre 2000 y 2015, nuestro país destinó en compra de armas 14 mil 420 millones de dólares, a través de ley 13.196, es decir seis veces más que el gasto de los años 90. Pese a la magnitud, estos gastos se vienen realizando desde hace años sin control de la Contraloría General de la República, del Congreso Nacional y sin registros computacionales, precisamente porque se trata de una norma que mantiene en reserva esos movimientos.
En ese contexto, los imputados del caso Fraude en el Ejército hablan de cerca de unos diez millones de dólares defraudados entre el 2010 y 2014, cifra que aún no ha sido corroborada por la Justicia Militar. Esto, señaló, ya que “si bien es posible pesquisar las facturas materialmente falsas, es decir, sin el timbre del Servicio de Impuestos Internos, es imposible saber que facturas eran ideológicamente falsas”.
Ante estos datos reaccionaron parlamentarios de todos los sectores. El diputado de la UDI, Gustavo Hasbún, ahondó en las dificultades de calcular la envergadura de la estafa y apuntó a la situación actual.
“Dentro de la investigación es muy difícil cuantificar los montos, sobre todo porque si hay sobreprecios, va a ser casi imposible saber cuántos e pagó adicionalmente. Deben ser montos demasiado altos y lo más probable es que nunca nos enteremos de cuánto es el fraude real”, afirmó y preguntó su, de acuerdo a la información que maneja el medio, hay personal en servicio activo.
Y de hecho, dentro de ellos están funcionarios que siguen vigentes y que, según consigna el expediente, trabajaron con el Cabo Cruz, conocido por el descontrolado gasto en casinos. Entre los nombres de los uniformados activos están los Coroneles Fernando Grossi, Gerardo Ruiz Ferrari y González, el Capitán Passalacqua, entre otros.
Se trata de diversos grupos independientes, pero todos conectados por Juan Carlos Cruz quien manejaba los archivos computacionales y decretos. La defraudación se realizó justamente a través de estos decretos, en especial de aquellos que contenían grandes cifras y donde había una amplia diferencia en el tipo de cambio a moneda extranjera y nacional, lo que les permitía quedarse con la diferencia.
En ese sentido, se instaló el tema de las deficiencias en seguridad contable, la falta de medidas de prevención de uso indebido de fondos y control en la compra de armas del organismo. El investigador afirmó que, lo que comenzó como una acción delictual altamente refinada se fue transformando en un real descaro.
Con esto coincidió el diputado del partido radical, José Pérez: “Yo creo que francamente hemos llegado a niveles de desfachatez en cómo burlar y cómo este sistema, esta máquina, defrauda al fisco”, sostuvo. Además, coincidió con el análisis de otros parlamentarios presentes en que “mientras la Ley Reservada del Cobre exista de la manera en la que está presente hoy en el país, es probable que sigan ocurriendo este tipo de cosas”.
Pérez se mostró indignado ante lo que han llamado “una verdadera máquina para defraudar” y expresó que, lamentablemente, con esta y otras declaraciones que ha escuchado en la Comisión, se ha formado la convicción clara de que esta red sigue operando en la actualidad.
La Comisión continúa su trabajo el próximo lunes 7 de marzo y busca establecer las responsabilidades políticas en este caso.
La comisión parlamentaria que estudia apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre, del 2011 a la fecha, recibió este miércoles al equipo de The Clinic, encargado de investigar lo que han llamado “defraudaciones con la ley reservada”.
El periodista del periódico, Mauricio Weibel aclaró que, entre 2000 y 2015, nuestro país destinó en compra de armas 14 mil 420 millones de dólares, a través de ley 13.196, es decir seis veces más que el gasto de los años 90. Pese a la magnitud, estos gastos se vienen realizando desde hace años sin control de la Contraloría General de la República, del Congreso Nacional y sin registros computacionales, precisamente porque se trata de una norma que mantiene en reserva esos movimientos.
En ese contexto, los imputados del caso Fraude en el Ejército hablan de cerca de unos diez millones de dólares defraudados entre el 2010 y 2014, cifra que aún no ha sido corroborada por la Justicia Militar. Esto, señaló, ya que “si bien es posible pesquisar las facturas materialmente falsas, es decir, sin el timbre del Servicio de Impuestos Internos, es imposible saber que facturas eran ideológicamente falsas”.
Ante estos datos reaccionaron parlamentarios de todos los sectores. El diputado de la UDI, Gustavo Hasbún, ahondó en las dificultades de calcular la envergadura de la estafa y apuntó a la situación actual.
“Dentro de la investigación es muy difícil cuantificar los montos, sobre todo porque si hay sobreprecios, va a ser casi imposible saber cuántos e pagó adicionalmente. Deben ser montos demasiado altos y lo más probable es que nunca nos enteremos de cuánto es el fraude real”, afirmó y preguntó su, de acuerdo a la información que maneja el medio, hay personal en servicio activo.
Y de hecho, dentro de ellos están funcionarios que siguen vigentes y que, según consigna el expediente, trabajaron con el Cabo Cruz, conocido por el descontrolado gasto en casinos. Entre los nombres de los uniformados activos están los Coroneles Fernando Grossi, Gerardo Ruiz Ferrari y González, el Capitán Passalacqua, entre otros.
Se trata de diversos grupos independientes, pero todos conectados por Juan Carlos Cruz quien manejaba los archivos computacionales y decretos. La defraudación se realizó justamente a través de estos decretos, en especial de aquellos que contenían grandes cifras y donde había una amplia diferencia en el tipo de cambio a moneda extranjera y nacional, lo que les permitía quedarse con la diferencia.
En ese sentido, se instaló el tema de las deficiencias en seguridad contable, la falta de medidas de prevención de uso indebido de fondos y control en la compra de armas del organismo. El investigador afirmó que, lo que comenzó como una acción delictual altamente refinada se fue transformando en un real descaro.
Con esto coincidió el diputado del partido radical, José Pérez: “Yo creo que francamente hemos llegado a niveles de desfachatez en cómo burlar y cómo este sistema, esta máquina, defrauda al fisco”, sostuvo. Además, coincidió con el análisis de otros parlamentarios presentes en que “mientras la Ley Reservada del Cobre exista de la manera en la que está presente hoy en el país, es probable que sigan ocurriendo este tipo de cosas”.
Pérez se mostró indignado ante lo que han llamado “una verdadera máquina para defraudar” y expresó que, lamentablemente, con esta y otras declaraciones que ha escuchado en la Comisión, se ha formado la convicción clara de que esta red sigue operando en la actualidad.
La Comisión continúa su trabajo el próximo lunes 7 de marzo y busca establecer las responsabilidades políticas en este caso.
